El Gobierno ha aprobado este martes la línea de avales públicos para la compra de una vivienda por parte de jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo, una medida para la que se movilizan 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Hoy damos un paso más, llenamos una capa más de hormigón para consolidar la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar", ha expresado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros.
Los avales públicos aprobados este martes cubren hasta el 20% del precio de la vivienda (hasta el 25% si dispone de una calificación energética D o superior) y podrán solicitarse para la adquisición de una primera residencia que sea el domicilio habitual y permanente del comprador. Según ha explicado Rodríguez, el objetivo es respaldar a aquellas personas que quieran comprar una vivienda y por falta de ahorros previos no puedan afrontar el pago de la entrada a la hipoteca. "El Estado será su avalista", ha explicado la ministra, que ha cifrado en 50.000 personas el número de beneficiarios que se pretende alcanzar.
Para acceder estos avales, el solicitante ha de ser una persona física mayor de 18 años y sus ingresos no podrán superar los 37.800 euros anuales por persona (4,5 veces el IPREM), un nivel de renta que se ajusta en caso de que se trate de una pareja o de que existan menores a cargo. De este modo, si la vivienda es adquirida por dos personas, el límite de ingresos se eleva al doble. El umbral se incrementa en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, en el caso de familias monoparentales, el límite puede aumentar en un 70% adicional.
Además, no se podrá tener un patrimonio de más de 100.000 euros y se exige residencia ininterrumpida en España durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Dado que el objetivo es facilitar el acceso a una primera vivienda, no podrán acogerse a estos avales quienes ya sean propietarios, salvo que acrediten no poder disponer de su piso por separación, divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad o bien porque no sea accesible. En la Comunidad de Madrid ya existe una iniciativa similar a la puesta en marcha este martes por el Gobierno. Se trata del programa Mi Primera Vivienda, que facilitó en 2022 que un millar de jóvenes pudieran firmar casi 650 hipotecas.
Respecto al precio máximo de la vivienda cuya compra puede ser avalada con esta nueva herramienta, la ministra ha apuntado a que el propio requisito de renta condicionará los préstamos que las entidades financieras estén dispuestas a conceder, dado que el comprador ha de ser capaz de pagar la cuota mensual. "Los indicadores de renta ya van a marcar qué tipos de hipotecas se pueden solicitar", ha explicado, a la vez que ha matizado que, no obstante, el convenio entre el ICO y el ministerio establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación en función de la ubicación de la vivienda. "El objetivo último que tiene el ministerio es que para acceder a una vivienda digna ningún español tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos", ha añadido.
Una vez aprobadas este martes las condiciones y requisitos de los avales, serán las entidades financieras quienes tengan que adherirse al convenio que el Ministerio de Vivienda va a firmar con el ICO si quieren ofrecer a sus clientes la posibilidad de beneficiarse del respaldo público. "Es un convenio con el ICO que vamos a cerrar tras este acuerdo del Consejo de Ministros al que tendrán que adherirse después las entidades financieras, con las que ya hemos mantenido conversaciones", ha explicado Rodríguez, que ha dicho confiar en la disposición de los bancos para acogerse a la iniciativa.
El plazo para la devolución de los avales estatales será de diez años, durante los cuales la vivienda deberá mantenerse como residencia habitual -solo podrá alquilarse en caso de mudanza por matrimonio, separación o traslado laboral-. El nuevo instrumento podrá solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque existe la posibilidad de que se prorrogue por dos años más. La titular de Vivienda ha asegurado que la iniciativa contribuirá a liberar el mercado del alquiler en zonas tensionadas, al permitir la salida de aquellas personas cuya voluntad es la de adquirir una vivienda en propiedad y dejar así espacio a aquellos que prefieran alquilar.
Rodríguez ha reconocido que el de la vivienda "es un problema complejo, donde no caben soluciones fáciles ni únicas". Junto al acuerdo rematado este martes, el Ministerio de Vivienda ultima también otro convenio con el ICO para la construcción de 40.000 viviendas mediante préstamos a promotores públicos y privados, una iniciativa que el Gobierno aprobó a finales de 2023 y que pretende poner en marcha antes de que acabe el mes de febrero.
"Libres de vinculaciones"
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera "crítico" que los avales del ICO se otorguen "libres de vinculaciones" a otros productos financieros, es decir, que se impida la posibilidad de que los bancos ofrezcan bonificar los tipos de interés de las hipotecas concedidas junto al aval mediante, por ejemplo, la contratación de seguros. Desde Asufin, opinan también que "una hipoteca para la adquisición de vivienda puede limitar el desarrollo profesional de una persona joven", al limitar su movilidad, y reclaman promover una política de vivienda de protección oficial en alquiler "sólida" en lugar de incentivar la compra.
Además, consideran que, sin un parque adecuado de vivienda pública asequible, los nuevos avales pueden convertirse en un "subsidio encubierto" para los promotores. "En determinadas poblaciones, los precios de la vivienda están sumamente tensionados y ese coste desproporcionado no lo va a asumir el promotor de nueva vivienda, sino el joven adquiriente", advierten en un comunicado.
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