Los ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas de actuación del Gobierno en esta materia para la legislatura. En el horizonte más inmediato, Rodríguez ha anunciado que el Ejecutivo firmará en febrero sendos convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poner en marcha la línea de préstamos a promotores públicos y privados aprobada a finales de diciembre para la construcción de 40.000 viviendas, así como los avales públicos dirigidos a jóvenes y familias con menores a cargo para la adquisición de pisos.

El objetivo de los préstamo para promotores, una iniciativa dotada con 4.000 millones de euros e impulsada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, es mejorar la oferta de vivienda a través de la ampliación del parque de vivienda social. "Entendemos que podemos llegar a más de 40.000 viviendas", ha apuntado la ministra en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde ha asegurado que son varias las comunidades autónomas y los particulares que han mostrado ya interés por estos préstamos. Esta financiación va dirigida tanto a promotores públicos como privados para la construcción de vivienda a precio asequible y para alquiler social. 

La ampliación del parque de vivienda es una de las líneas en las que el ministerio centrará sus esfuerzos, según ha indicado Rodríguez, que ha reiterado el compromiso del Gobierno de habilitar 184.000 viviendas y ha afirmado que se han superado ya las 20.000. La titular de Vivienda ha señalado que el Ejecutivo buscará en la colaboración público-privada fórmulas para movilizar a alquiler social pisos vacíos. "Trabajaremos en esta dirección para contribuir a cumplir con la función social que tiene que tener la vivienda", ha dicho.

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El Gobierno ultima también la rúbrica "inminente" de otro convenio con el ICO para lanzar avales públicos del 20% a jóvenes y familias con menores a cargo para la compra de la primera vivienda. De este modo, el Ejecutivo pretende facilitar la adquisición de vivienda, con una iniciativa a la que se destinarán 2.500 millones de euros para cubrir a unas 50.000 personas. "Va en la dirección de paliar la falta de recursos, puesto que en estos momentos en algunas zonas de nuestro país resulta más caro el alquiler que la letra de la hipoteca y tal vez no se accede a lo segundo por falta de unos ahorros previos", ha explicado Rodríguez, que ha aclarado que ambas líneas de actuación son complementarias al resto de ayudas directas desplegadas por el Gobierno.

En ese sentido, Rodríguez ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de ampliar los recursos destinados al Bono Alquiler Joven, aunque la ministra ha invitado a las comunidades a ampliar sus fondos propios destinados a esta ayuda. "Llamamos a las comunidades a complementar esa aportación ante la demanda que hemos observado", ha expresado, una petición que ya reiteró la semana pasada justo antes de reunirse con las consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Vivienda. En el encuentro se acordó el reparto de 430 millones de euros para rehabilitación y construcción de vivienda asequible.

La ministra ha recordado que las competencias en materia de vivienda recaen también sobre las comunidades, a las que ha pedido colaboración, subrayando el "respeto" del Gobierno a la configuración territorial de España. "No podremos avanzar en la consolidación del derecho a la vivienda si no somos capaces de articular acuerdos que antepongan el derecho a las diferencias partidistas y a los intereses", ha recalcado.

El Gobierno y las comunidades acuerdan el reparto de 430 millones de euros para rehabilitar y construir vivienda asequible

Otra de los grandes hitos que el ministerio tiene por delante es el desarrollo de la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura. Rodríguez ha recordado que en febrero se publicará el índice de precios de referencia del alquiler para regular las rentas en las zonas tensionadas. En el marco de la nueva norma, el departamento de Rodríguez también ha creado un grupo de trabajo para regular los alquileres temporales y otro, junto al Ministerio de Turismo, para abordar la problemática de los pisos turísticos.

Además, Rodríguez también ha mostrado su intención de reactivar la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuya tramitación no llegó al Congreso de los Diputados en la pasada legislatura. El propósito del cambio normativo es, según ha indicado la ministra, abordar las dificultades que existen en el desarrollo urbanístico, para dotar al planeamiento urbanístico de "estabilidad, certeza y seguridad jurídica". A lo largo de la primera mitad del año, la ministra ha afirmado que llevará al Consejo de Ministros la creación del Consejo Asesor de la Vivienda y del Consejo de Calidad de la Arquitectura, dos órganos colegiados que tendrán un carácter asesor y consultivo.