El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley para la creación de una Autoridad Independiente que reunirá la investigación técnica sobre los accidentes de avión, ferrocarril y marítimos que actualmente realizan tres comisiones separadas. El nuevo órgano tendrá un grado de independencia similar a la Airef o la CNMC, presupuesto propio e independiente del Gobierno y se espera de ella una mayor libertad para investigar las causas técnicas de siniestros en los que no se inculpará a personas responsables de acciones u omisiones fatales cuando estuvieran dentro de sus competencias, que concretará la confidencialidad de las actuaciones y durante las que se ofrecerá especial asistencia a las víctimas o sus familias. 

Tal y como hizo la semana pasada con la Ley de Movilidad Sostenible, el ministro de Transportes, Óscar Puente, recupera otra ley de su ramo que quedó desactivada el año pasado por la convocatoria de elecciones generales y vuelve a enviar al Congreso una ley para crear un órgano que reunirá la labor que ahora desempeñan tres organismos, pero dotándole de autonomía financiera, orgánica y funcional para indagar sobre accidentes graves o muy graves en principio de tren, barco o avión.

Según el proyecto de ley que decayó el año pasado y que es el mismo del que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, caerán bajo la competencia de la nueva Autoridad Independiente todos los accidentes "graves" del ámbito ferroviario, que son la colisión o descarrilamiento de trenes con al menos una víctima mortal o cinco o más heridos graves, en los que se puedan determinar inmediatamente daños materiales de al menos dos millones de euros, que afecten al material rodante, a la infraestructura o al medio ambiente o cualquier otro accidente con efecto evidente en seguridad ferroviaria.

También intervendrá de oficio en los accidentes marítimos "muy graves", que son aquellos en los que interviene un barco de pabellón español, con independencia de dónde se produzca, cuando el siniestro sea en el mar territorial o las aguas interiores españolas o cuando afecte a intereses de España.

En cuanto a la aviación civil, investigará "accidentes e incidentes graves" a los que le obliga la normativa de la UE, en los casos en que  se produzcan en su territorio o cuando esté implicado un avión de matrícula española y no pueda establecerse con precisión el lugar en el que se produjo en siniestro.

Informaciones reservadas

El objetivo de la investigación técnica es establecer sus causas y formular recomendaciones de seguridad para mejorar la seguridad y prevenir accidentes. Por el contrario, no perseguirá la determinación de responsabilidad ni la atribución de culpabilidad, algo que corresponde a la investigación judicial con la que, no obstante, sus trabajos podrán colaborar. Por ejemplo, la Fiscalía supone una de las excepciones a la reserva y confidencialidad sobre la investigación técnica del accidente que consagra la ley de la Autoridad Independiente, que declara "información de carácter reservado" los testimonios de testigos, otras declaraciones o descripciones, documentos que revelen la identidad de las personas que hayan testificado o información sobre las personas implicadas, especialmente por lo que respecta a su estado de salud.

Las investigaciones sobre accidentes que lleve a cabo esta nueva Autoridad, cuya creación se tramitará en el Congreso por procedimiento de urgencia, se realizarán bajo el principio de "cultura justa", que entiende que los operadores u otro "personal de primera línea" con alguna responsabilidad en el siniestro por sus acciones, omisiones o decisiones no deben ser castigados si no se extralimitaron de sus competencias o experiencia. Por el contrario, no se tolerarán "la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los actos destructivos".

Según explica en la exposición de motivos, la decisión de unificar en una única Autoridad Independiente el trabajo de las tres comisiones actuales tiene que ver con superar una "estructura fragmentada" con un "organismo único multimodal" que asume las competencias de investigación técnica en los ámbitos de aviación civil, ferrocarril y marítimo, a pesar de que desde uno de estos sectores explican que no había constancia de que el actual sistema investigación no funcionara adecuadamente. En los últimos años, las distintas comisiones de investigación han tenido que intervenir, por ejemplo, en el accidente del Alvia en Angrois, en julio de 2013 cerca de Santiago de Compostela; el accidente del avión de Spanair en Barajas de agosto de 2008 o en el hundimiento del buque Villa de Pintanxo en aguas canadienses, en febrero de 2022.

Cuando se aprueba la ley, se creará un órgano con Autoridad Administrativa Independiente, el órgano de "mayor independencia del poder ejecutivo", explica el Ministerio, con una autonomía que quiere reforzar dotándolo de recursos propios, procedentes no del Presupuesto público sino de tasas abonadas por los actores de los sectores aéreos, marítimo y ferroviario, o dando más manos libres a un Consejo que estará formado por un presidente y seis consejeros -dos de cada sector- que tendrán un mandato superior a una legislatura, de seis años de duración, aunque la mitad de los seis consejeros, elegidos por sorteo, renovarán a los tres años de su nombramiento. No podrán ser cesados una vez que el Congreso dé conformidad a un nombramiento a propuesta del Ministerio entre "profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional". Tampoco podrán ser reelegidos, deberán tener una dedicación exclusiva y cuando abandonen el cargo no podrán realizar ninguna actividad privada relacionada con su actuación en la Autoridad Independiente.

Más flexibilidad para los transportistas

Por otra parte, también este martes el Ministerio de Transportes ha dado luz verde a cierta flexibilidad horaria para los transportistas de mercancías por carretera que se hayan visto afectados por los cortes y retenciones que en las últimas semanas han provocado las protestas del sector agrícola. La decisión es similar a la que ya se tomó a finales de enero por las protestas en Francia.

"Siempre asegurando que no se pone en riesgo la seguridad en la carretera", el Ministerio permitirá que los transportistas alarguen sus jornadas laborales y reduzcan los periodos de descanso durante el 5 y el 14 y el 19 y 26 de febrero.

En este periodo, se permitirá a los transportistas conducir un máximo de 10 horas diarias en lugar de nueve y 60 horas semanales en lugar de 56. Podrán descansar solo nueve horas diarias en lugar de 10 y posponer el inicio del periodo de descanso semanal más allá de seis periodos de 24 horas.