Están siendo días convulsos para y por el campo. Las tractoradas están colapsando las carreteras con agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas que ya no aguantan más las presiones de un modelo agroindustrial destructivo y protestan por mejores condiciones. Están asfixiadas por un sistema agroalimentario en el que perdemos todas, la biodiversidad, los suelos, la alimentación sana, el clima, el futuro… Desde Greenpeace queremos, en primera instancia, manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad. Viven una crisis real. Su enfado es más que legítimo y lo compartimos. Utra liberación del comercio, subvenciones, normativa y mercados europeos hechos para beneficiar a lo más grandes, multinacionales agroquímicas que suben el precio de insumos, semillas, plaguicidas, medicamentos para los animales, fertilizantes…, la gran distribución y las empresas alimentarias que imponen precios bajos a los productos de las personas agricultoras, las dificultades para el relevo generacional...

Eso sí, hay un gran pero… ¿Es realmente la normativa ambiental lo que les está asfixiando, como señalan cada día los informativos? No y dos veces no. Ya hemos mencionado que son muchos los problemas a los que se enfrentan, pero las mayores amenazas para el campo y la producción de alimentos son precisamente la crisis climática y la pérdida de biodiversidad: sequías intensas y prolongadas, aumento de las temperaturas y olas de calor, incendios incontrolables, lluvias torrenciales e inundaciones, desaparición de abejas y otros polinizadores… Los agricultores y agricultoras ya están en primera línea sufriendo las consecuencias directas del cambio climático, que están mermando gravemente sus producciones. Y este es el enorme reto común, la emergencia climática que ya está aquí.

Hace unos días, el servicio científico europeo de seguimiento del clima, Copernicus, anunciaba que 2023 ha sido el año más cálido desde que hay registros. La responsable de Copernicus confirmaba lo que ya sabíamos, que la forma de evitar sobrepasar el límite físico del 1,5ºC es reducir de forma muy rápida el uso de combustibles fósiles. Pero existen grandes presiones desde la industria vinculada a los combustibles fósiles para avanzar lo menos posible e incluso para dar pasos atrás. En Europa, todavía las subvenciones a los combustibles fósiles (123.000 millones de euros en 2022) son un 43% mayores que las destinadas a las energías renovables.

Frente a todo esto, la respuesta de Europa es insuficiente y ahora, además, pretende dar marcha atrás. La Comisión Europea ha presentado estos días por primera vez su propuesta de objetivo de reducción de emisiones para el conjunto de la Unión Europea en el año 2040. La falta de ambición y realismo de la Comisión es alarmante: no sólo ha propuesto la cifra más baja dentro del rango recomendado por su propio Consejo Científico para el Clima sino que además, lo hace pretendiendo recurrir a trampantojos como la captura y el almacenamiento de carbono, mucho más cara, incierta y con menor potencial de lo que se había estimado anteriormente. No existen todavía ejemplos de captura de carbono industrial a una escala comparable a las emisiones que expulsamos.

Otra de las trampas que propone la Comisión Europea es dejar abierta la puerta a la energía nuclear, otra falsa solución a la crisis climática por su elevado coste y lentitud de implantación, amén de sus problemas históricos sin solucionar, como el riesgo de accidentes graves, los residuos radiactivos o la proliferación de materiales de potencial uso militar.

Y para rematar, una trampa más: la decisión de abandonar el objetivo de reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. El sistema industrializado de producción de alimentos está expulsando de la ecuación a todos los pequeños y medianos agricultores, premiando a los grandes, bajo el paraguas de la agricultura y ganadería industrial. Crecer más, producir más, utilizar más agrotóxicos para no tener ni una sola plaga ni una sola "mala hierba" en sus producciones de monocultivo, dejando herida de muerte la biodiversidad, la tierra y el agua. Uberizando el campo: gana quien pueda bajar más los precios.

Este sistema que se impulsa desde las políticas públicas, además de ser injusto socialmente, incrementa aún más las graves consecuencias del cambio climático. Las medidas anunciadas en la estrategia Del campo a la mesa y la de biodiversidad, en el marco del Pacto Verde, arrojaban al menos algo de luz a la grave crisis de biodiversidad que sufren nuestros ecosistemas y nuestros sistemas alimentarios: anunciaban la reducción de los plaguicidas en un 50% en 2030, la reducción del uso de fertilizantes y antibióticos, la implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente como la rotación de cultivos, el barbecho, las cubiertas vegetales o el incremento de la superficie en producción ecológica.

Pero ahí están los grandes lobbies agrícolas instrumentalizando el malestar del campo para salirse con la suya y tumbar medidas que serán la única cura a una agricultura y una ganadería heridas de muerte. De un plumazo, la Comisión anunciaba que retiraba el Reglamento de uso sostenible de plaguicidas, y una de las normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima de la nueva PAC, el barbecho. Estas medidas eran una salvaguarda para la agricultura del futuro en este contexto de crisis climática, y una necesidad para llegar a los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero en la agricultura.

Necesitamos sistemas alimentarios agroecológicos promovidos y apoyados por las políticas europeas que primen la producción sostenible y de calidad de alimentos, manteniendo las producciones locales de pequeños y medianos productores, favoreciendo el retorno al campo y garantizando unas condiciones de vida económicas y materiales dignas a quienes trabajan y trabajarán en él, para la sostenibilidad ambiental, social y económica de la agricultura.

No es momento de ningún retroceso, sino de continuar con mayor ritmo y profundizar en lo avanzado con una dimensión aún más sistémica que nos lleve a transformar un modelo socioeconómico fallido.

Es urgente y una responsabilidad de nuestra generación afrontar la emergencia climática y ecosocial. Es hora de que la sociedad entera, no sólo los agricultores y agricultoras, se movilice y se organice para pedir mayor realismo y ambición a nuestros Gobiernos, con soluciones a gran escala y a largo plazo, además de activar una democracia deliberativa que cambie las reglas del juego.

Necesitamos resolver cuestiones básicas como el derecho a una alimentación sana, a una energía limpia, a una vivienda digna, a una distribución justa del poder y la riqueza para quienes estamos ahora y quienes vendrán. Estas soluciones pasan, entre otras muchas cosas, por el transporte público (como un billete de transporte único para toda España), por el ahorro energético (con la rehabilitación y aislamiento de edificios), por las energías renovables en manos de la ciudadanía (garantizando la compatibilidad ambiental y la participación pública en todos los desarrollos e impulsando comunidades energéticas y autoconsumo en bloques de viviendas), por reducir la producción industrial de alimentos (al menos en un 50% la cabaña ganadera en intensivo y los fertilizantes sintéticos y plaguicidas en 2030), por una fiscalidad verde y justa, y por apostar firmemente por la agroecología y por medidas para abandonar los combustibles fósiles y sus subsidios (por ejemplo, con un impuesto a los beneficios de las energéticas para cubrir las pérdidas y daños que provoca la crisis climática y para financiar la transición).

La lucha contra la crisis climática y ecosocial es la lucha por una agricultura con futuro, por un planeta con futuro. La lucha por el campo es la lucha de todas.