Se acerca el final del tiempo que se dio el Congreso para renegociar la ley de amnistía después de que Junts torpedeara su aprobación hace unas semanas y el acuerdo sigue lejos. Este miércoles vence el plazo que otorgó la Mesa de la Cámara Baja para pactar un nuevo dictamen que someter a la confianza del Pleno, y aunque el PSOE y los independentistas catalanes ven posible alcanzar un pacto, este se está dilatando y no llegará esta semana, salvo giro de última hora. Tanto es así que el PSOE solicitó este domingo al Congreso otorgar un segundo plazo de negociación 15 días, que ya sería el último y en el que se decidiría si la norma sigue adelante o cae definitivamente.
El pasado 30 de enero, Junts tumbó la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso —y frenó su paso al Senado, donde iba a seguir tramitándose— por sus dudas sobre si la actual redacción de la norma cubriría a todos los protagonistas del procés, también a aquellos investigados por terrorismo y traición a España. Ese es el caso, por ejemplo, del propio expresident Carles Puigdemont, líder de Junts, al que la justicia está investigando por su presunta actividad terrorista como líder de la plataforma Tsunami Democràtic.
El PSOE ya ha cedido en incluir en el texto la amnistía de todos los delitos de terrorismo que no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", es decir, que no sean delitos de sangre o estuvieran relacionados con torturas. Pero los socialistas, después de varios cambios en la norma que no tenían previstos, han dicho basta, especialmente porque consideran que, si se acuerda amnistiar todos los delitos de terrorismo sin hacer distingos, la ley pecaría de inseguridad jurídica y podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional, el escenario que tanto el Gobierno como sus aliados quieren evitar a toda costa.
Los socialistas, además, están convencidos de que no es necesaria la modificación que exige Junts porque, por mucho que algunos jueces instruyan causas de terrorismo contra los dirigentes del procés, esos procesos terminarán cayendo por su propio peso y no se podrá condenar a nadie por un delito así de grave. "Todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas", resumió hace un par de semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una opinión que comparte incluso el PP, ya que fuentes del máximo nivel de los populares confesaron hace unos días a varios medios, entre ellos 20minutos, que ven "complicado probar que Carles Puigdemont tenga relación con Tsunami", pese a que su discurso público es justo el contrario.
Descartada por el PSOE la posibilidad de retocar de nuevo la ley —aunque Junts insiste en esa vía—, los socialistas han propuesto dos alternativas para conseguir la tan ansiada luz verde de Puigdemont. La primera de ellas la hizo pública Sánchez la semana pasada, cuando planteó la posibilidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir el tiempo que tienen los jueces para instruir los casos que investigan. La idea, no obstante, se enfrió apenas un par de días después de que fuera planteada tras el escaso entusiasmo con la que la recibieron socios como Sumar, que pasó de apoyarla a criticarla en dos días después de constatar que suponía revertir una reforma del propio Gobierno progresista, que amplió la legislatura pasada los plazos de instrucción que había reducido el PP.
La vía de los indultos
La segunda de las opciones que ha planteado el Ejecutivo para ganar el apoyo de Junts a la ley de amnistía no la ha hecho pública el PSOE, sino la Generalitat de Catalunya por boca del consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano. El dirigente, exmiembro de Junts y ahora próximo a ERC, criticó que su antiguo partido esté bloqueando la puesta en marcha de la norma y deslizó que el Gobierno podría indultar a los dirigentes del procés que no quedaran cubiertos por la amnistía, si es que los hubiera. "Sabemos que, si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen, y el Gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por el ámbito de los indultos, si conviene, estas situaciones", señaló Campuzano.
Esa revelación, que tiene mucho que ver con las pésimas relaciones que mantienen ERC y Junts, ha molestado sobremanera a los de Puigdemont, especialmente porque los republicanos, como dijo Campuzano, consideran que no es posible poner en marcha "una ley de amnistía blindada al 100%". "Si su opinión es apoyar más al PSOE que al independentismo es su opinión, lo respetaremos pero no lo compartimos. Por eso supongo que estamos en dos espacios políticos diferentes", espetó el secretario general de Junts, Jordi Turull, que denunció que, "siguiendo su criterio, lo que no se hubiera llegado a hacer ya es ni el referéndum del 1-O".
Pese a estos roces y a que parece claro que no habrá acuerdo antes del miércoles, tanto el PSOE como Junts han lanzado en los últimos días mensajes de optimismo. "Pondremos lo bueno y lo mejor para conseguir el objetivo, que está asumido, compartido y firmado", señaló Turull al ser preguntado por un posible acuerdo. "No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía", dijo por su parte el miércoles pasado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que además prometió que esa norma cubrirá "a todos" los implicados en el procés. Por ahora, la cuenta atrás sigue su curso.
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