En el calendario del PSOE hay dos fechas marcadas en rojo: el domingo, cuando se celebrarán las elecciones gallegas en las que tratará -junto al BNG- de desbancar al PP tras 15 años de mayorías absolutas; y el miércoles, cuando termina el plazo para que alcance un acuerdo con Junts que dé luz verde de manera casi definitiva a la ley de amnistía. Diferentes primeras espadas del Ejecutivo salieron ayer a defender el articulado, que insisten en que "cubrirá a todos los independentistas" para acallar los miedos de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia y ahora en el ojo del huracán de la Justicia por la causa de Tsunami Democrátic y los lazos del independentismo con Rusia que investiga un juez catalán.
Socialistas y posconvergentes han retomado las conversaciones. Lo confirmó ayer el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que no quiso dar ningún detalle retomando una de las principales normas de los socialistas desde que comenzaron a negociar hace meses la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez: la discreción. "Cuando estamos en plenas conversaciones somos personas discretas, intentamos no dar información que pueda de alguna manera interferir en ese proceso de negociación", apuntó el titular de Justicia en la entrevista que concedió a la emisora catalana RAC1. "Es imprescindible", continuó, "que lo hagamos como siempre: dialogamos, negociamos y cuando hay un acuerdo se hace público". Quien fue algo más prolífico fue Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona y ahora ministro de Industria, que aseguró que las negociaciones tenían "una buena evolución".
Lo que sí se sabe es que ambas formaciones tienen un límite: el 19 de febrero. Esa es la fecha que manejan los grupos para la convocatoria de la Comisión de Justicia que deberá votar el dictamen final de la ley, aunque el plazo finaliza el 21 y podría prorrogarse otras dos semanas. Es un trámite que ya ocurrió hace semanas antes de que la amnistía fuera rechazada en el Pleno -entonces contó con el voto a favor de Junts-. La negativa de la Cámara provocó que el articulado volviera al trámite parlamentario actual ante las divergencias entre Junts y PSOE.
Los primeros siguen insistiendo en que la amnistía debe ser "integral". Hay temores en las filas posconvergentes a que Puigdemont termine quedando fuera de la medida de gracia en caso de que sea condenado por terrorismo o alta traición, delitos por los que los jueces pretenden investigarle en Tsunami o Voloh. El miedo de los socialistas es que la amnistía termine no superando el filtro del Tribunal Constitucional, lo que sería un varapalo para Sánchez. Por eso defienden no hacer más cesiones, después de haber aceptado incluir los casos de terrorismo, siempre y cuando éstos no hayan supuesto una violación "grave" de los Derechos Humanos.
Conocedor del posicionamiento de Junts, Bolaños quiso ayer insistir en el mensaje de que la amnistía cubrirá "a todos", aunque evitó referirse a la situación de Puigdemont o Marta Rovira, secretaria general de ERC, actualmente fugados de la Justicia. "No voy a hablar de personas concretas, pero la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista", añadió el ministro, contradiciendo las palabras de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que hace dos semanas aseguraba que la actual redacción del articulado "no es suficiente" y vaticinaba que caería "mucha gente". Es un argumento similar al que usó Sánchez una semana antes de que Junts tumbara el texto en el Congreso.
Con todo, Bolaños dio por hecho la aprobación de la ley. "No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía", explicó. También mostró seguridad en esto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En un canutazo a los medios de comunicación este miércoles, insistió en que la amnistía saldrá adelante y remachó que es un texto "muy sólido". "Es una ley valiente, reparadora, constitucional, y estamos seguros que fruto del diálogo un número muy importante de fuerzas parlamentarias aprobarán esta ley", declaró antes de insistir en que el articulado entró al Congreso "muy consolidada", aunque no descartó cambios: "Los grupos parlamentarios son los responsables del diálogo".
Comentarios