La propuesta que lanzó Pedro Sánchez a Junts para evitar más retoques a la amnistía y que pasaba por recortar los plazos de las instrucciones judiciales ha provocado una fuga de agua en el Gobierno. No solo no ha levantado entusiasmo alguno en la formación que lidera el expresident fugado de la Justicia Carles Puigdemont, sino que Sumar ha trasladado sus dudas públicas al respecto. Lo hizo ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pese a que el lunes desde la formación minoritaria de la coalición explicasen que les venía bien cualquier modificación legal que evitase una pugna de "última hora" entre socialistas y posconvergentes. La idea, que suponía revertir una reforma que aprobó el propio Sánchez en 2020, pierde fuelle así tan solo dos días después de ser instalada en el debate público.
Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta y líder de Sumar mostraba su rechazo a una reforma que, a su juicio, "no va en la dirección correcta". "Sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, y por eso muestro prudencia, parece que no va en la dirección correcta", planteó Díaz, que no obstante confesó no haber hablado todavía con el presidente al respecto de la iniciativa que deslizó hace unos días. En cualquier caso, la dirigente sostuvo que "hay procesos que son muy complejos" y requieren "prudencia", "vigías" y acometerlos con "toda solvencia".
Las declaraciones de Díaz suponen un importante giro con respecto a la posición que Sumar expresó hace unos días, puesto que el lunes el ministro de Cultura y portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, aseguró que su formación tenía "flexibilidad y apertura ante posibles soluciones" y se mostró dispuesto a apoyar "la que ha mencionado el presidente del Gobierno". "Cualquier propuesta que ayude a sacar adelante el proyecto será bienvenida por nuestra parte, la posición que va a tener Sumar es la de pedir responsabilidad", apuntó entonces Urtasun.
Ya el martes, no obstante, Díaz rebajó su apoyo a la eventual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en una entrevista con 20minutos, evitó respaldar la idea de Sánchez asegurando que no le interesan los debates "técnicos". La vicepresidenta, además, deslizó que a ella no le "gustan las modificaciones puntuales" de normas importantes "que conforman la estructura del país", unas leyes que, dijo, "deben tener una mirada conjunta". "No conozco lo que se está haciendo, tan solo por los medios de comunicación, cuando se me informe lo que están haciendo, veremos", señaló.
El PSOE, por su parte, ha vuelto a la ley del silencio. Este miércoles, ninguno de sus ministros quiso comentar las palabras de Díaz. Ni en público, ni en privado. Todo pese a que los pesos pesados del Ejecutivo tenían sesión de control en el Congreso -desde el propio presidente hasta Óscar Puente, ministro de Transportes, pasando por Félix Bolaños, titular de Presidencia y Justicia- y el Pleno en el Senado, que tumbó la senda de estabilidad defendida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El silencio del miércoles fue antecedido por las dudas que trasladaron desde el ala socialista del Gobierno el martes. En público, la portavoz Pilar Alegría reconoció que era un tema que estaba "sobre la mesa". Sin embargo, fuentes gubernamentales admitieron en privado que era un tema complejo. "Complicado" de llevar a cabo, decían porque se ha de encontrar un punto de equilibrio para que los jueces tengan todas las herramientas para poder investigar sin que "te puedan tener en un proceso metido durante 15 años". Cabe recordar que esta medida, lanzada por Sánchez en una entrevista televisada, supondría revertir otra llevada a cabo por el mismo Gobierno hace cuatro años y que el presidente entonces definió como un paso "para luchar contra la corrupción y la impunidad".
Además, la propuesta tampoco ha entusiasmado a Junts, a quien el PSOE trata de convencer para que apoye la amnistía tal y como está y sin admitir más cambios, por miedo al Tribunal Constitucional. Laura Borrás, presidenta de los posconvergentes, pidió esperar a "los expertos que están trabajando sobre el tema", que "valorarán cualquier cuestión". Además, volvió a insistir en sus presiones al PSOE asegurando, en una entrevista en RTVE, que la ley todavía no es lo suficientemente "robusta" si quedan fuera "familias con represalias sin amnistiar". Traducido: los de Puigdemont pretenden incluir en la medida de gracia todo tipo de terrorismo -actualmente solo se contempla el que no haya supuesto una violación "grave" de los Derechos Humanos- y traición, dos tipos penales a los que podría enfrentarse el expresident por las causas de Tsunami Democràtic y Voloh, donde se investigan sus lazos con Rusia.
En caso de que el Gobierno deje caer su propia propuesta, deberá encontrar otra fórmula para convencer a Junts. El plazo con el que cuentan finaliza el próximo 21 de febrero -aunque se podría prorrogar otras dos semanas más-, que es cuando la Comisión de Justicia deberá votar el dictamen de la amnistía para volver a elevar la ley al Pleno del Congreso. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende sus negociaciones con los de Puigdemont. Si bien es cierto que en la sesión de control de este miércoles Bolaños volvió a defender a los jueces -a los que Míriam Nogueras, de Junts, había calificado como "prevaricadores"-, se enfrentó duramente contra el PP. En una respuesta al portavoz Miguel Tellado, recordó que los populares se reunieron en verano con los posconvergentes y preguntó si "es terrorista quien no apoya la investidura de [Alberto Núñez] Feijóo" como presidente.
Comentarios