El debate en el Congreso sobre la ley de amnistía que tuvo lugar este martes en un ambiente extremadamente tenso no solo reveló hasta qué punto corre riesgo la propia aprobación de la norma por las diferencias entre Junts y el PSOE. También tuvo como efecto colateral evidenciar la ruptura total que existe entre las dos almas del independentismo catalán, embarcadas desde hace años en una batalla sin cuartel por la hegemonía del espacio secesionista en Cataluña pero que, en los últimos meses, han visto recrudecido su enfrentamiento a raíz de la estrategia para conseguir una amnistía que no deja de sufrir sobresaltos en su tramitación.
Que Junts y ERC mantienen diferencias notables en su discurso, su estrategia y su relación con el Gobierno no es ningún secreto desde hace años. La legislatura pasada los republicanos asumieron un rol pactista con el Ejecutivo y fueron parte de la mayoría parlamentaria en la que se apoyó la coalición PSOE-Unidas Podemos, una vía que les generó enormes críticas por parte de Junts. No obstante, el hecho de que en esta legislatura sea el partido de Carles Puigdemont el pilar sobre el que se apoya el Gobierno ha recrudecido el enfrentamiento: Junts ha querido desde el primer momento marcar músculo mostrándose como un socio mucho más impredecible para el Ejecutivo que ERC, y en los escasos meses que van de legislatura ha metido al Gobierno en más de un aprieto serio.
El último de ellos tuvo lugar este mismo martes, puesto que Junts ha amenazado con derribar en el último momento la actual formulación de la ley de amnistía utilizando una triquiñuela parlamentaria con la cual podrían ganar un tiempo extra para seguir negociando su ampliación: un mes, en concreto. Eso fue lo que defendió la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, este martes desde la tribuna del Congreso: Nogueras aseguró que su grupo no se conformará con nada que no sea "una amnistía integral que no deje a nadie atrás", incluidos dirigentes independentistas condenados por una corrupción que no tiene nada que ver con el procés, como Laura Borrás.
En sus enmiendas, Junts ha exigido además que la ley de amnistía sirva para olvidar todos los actos de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, así como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Esta enmienda, según defendió Nogueras, serviría para tratar de blindarse aún más en casos como el de la conocida como trama rusa, puesto que para Junts el problema es que "la cúpula judicial" se "echará al cuello" de los independentistas hagan lo que hagan si la ley de amnistía no permite, básicamente, hacer un borrón y cuenta nueva de todos y cada uno de los posibles ilícitos ocurridos durante la pasada década.
"La adaptación de la agenda judicial a la política es tan descarada que no hacen falta ni argumentos, y hoy el Gobierno debería demostrar su autoridad ante estos hechos inaceptables, pero se vuelve a dejar arrastrar por los titulares", denunció Nogueras, que comparó "la postura del PSOE" con "la del PP", pese a que los populares se mostraron durísimos contra la amnistía. "No están ustedes preparados para romper con el franquismo que está instalado en muchas instituciones del Estado, y solo depende de su voluntad erradicarlo. Hoy van a por nosotros, pero mañana irán a por ustedes", espetó la portavoz de Junts.
La amenaza de Junts de votar en contra de la ley de amnistía, no obstante, no sentó nada bien a ERC, que se lo afeó duramente durante la intervención en el Pleno de su diputada Pilar Vallugera. "Sabemos perfectamente lo que es el Estado español y sabemos que no debería ser necesaria una amnistía, porque no hubo ningún delito", pero "esta ley está dotada de la fuerza suficiente como para no ir cambiando en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y quieren hacerla naufragar", espetó la parlamentaria, que preguntó a Junts si "es necesario perder esta oportunidad".
"Esta amnistía no va de [Carles] Puigdemont ni de [Marta] Rovira, sino de las 1.500 personas que hace siete años tienen sus vidas en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo", denunció igualmente Vallugera, que recordó a Junts que "en un mes", el tiempo extra que habrá para negociar cambios en la norma, "no sabemos si las condiciones serán las mismas" que ahora. Y si para entonces el PSOE no ha aceptado ningún cambio en el texto, "¿qué haremos?", se preguntó la diputada de ERC, que espetó que el problema no es que el "articulado" de la ley se quede corto, sino su "aplicación" por parte de los jueces. "Y aquí falla el primer principio de todos, que los jueces apliquen la ley", zanjó.
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