Las compañías eléctricas lanzan una clara advertencia al Gobierno en pleno proceso de actualización de las redes de distribución de electricidad: no será posible aumentar la capacidad si no se les permite invertir más allá del límite legal que existe en la actualidad y para ello debe garantizárseles también una rentabilidad "razonable", que no esté mermada por las turbulencias de los últimos años, desde la covid hasta la inflación, pasando por la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés. El consumidor vería repercutidas estas medidas en la factura de la luz, pero el sector afirma que sin ellas no será posible alcanzar los objetivos de electrificación y despliegue de renovables que ha fijado el propio Gobierno en la actualización del plan de energía y clima para 2030.

La actualización de las redes de transporte y distribución de electricidad centra en estos momentos el debate en torno a la energía que se da entre productores de renovables, distribuidoras eléctricas, a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en nombre del Gobierno central y comunidades autónomas y las reclamaciones para poder hacer más inversiones que sean rentables para quienes las hacen era el siguiente paso que todos los actores preveían que se iba a dar.

La puesta de largo se ha producido este martes en la Fundación Naturgy, donde se ha presentado un informe sobre el efecto de la inflación de la electrificación de la economía que recoge estas dos peticiones como una manera de superar las "turbulencias" macroeconómicas de los últimos años, en los que la inflación o la subida de los tipos de interés para combatirla han elevados los costes de toda la cadena, reduciendo la rentabilidad que se fijó en en 2017 y que desde entonces no se ha actualizado. Para completar el panorama, el Gobierno prevé una inversión de 45.000 millones de euros en redes de transporte y distribución para 2030 de electricidad para que sea posible la electrificación de la economía que prevé el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) mientras mantiene un tope a la inversión que solo permite insuflar 24.000 millones.

El sector reconoce que esta petición de elevar el tope de la inversión y la rentabilidad de las inversiones repercute directamente en la factura de la luz, que entre sus elementos tiene los "peajes", donde el consumidor paga por el coste de transportar la electricidad desde el lugar donde se genera y distribuirla hasta su casa. El efecto sería "aumentarlos", ha afirmado Cristina Olivera, de ADL, que ha añadido que "es algo necesario", aunque "marginal" en la factura.

Herramienta correcta pero desvirtuada

La directora de Redes Electricidad España de Naturgy, Mónica Puente, ha hablado en nombre de "todo el sector" para señalar que el modelo de retribución de la distribución eléctrica -que se compone de un valores unitarios y una rentabilidad garantizada- es una "herramienta correcta" pero que no lo es tanto en las circunstancias actuales de inflación y subida de tipos después de la Covid y en medio de la guerra en Ucrania. También ha incidido en que el nivel de inversiones que permite ahora mismo la regulación no es suficiente para alcanzar la inversión para actualizar las redes eléctricas que prevé el propio Gobierno para 2030. Ha pedido que "se revisen los costes unitarios con todo e efecto que hemos tenido la guerra en Ucrania, la crisis de los chips, la inflación". Naturgy pide que "se dé una señal" y que el regulador "haga una excepción teniendo en cuenta las anormalidades".

Este tope es del 0,13% del PIB español al año para la inversión en redes de transporte -del generador a la subestación- y 0,065% para redes de distribución -de la subestación al consumidor final-, que equivale a un potencial de inversión por parte de las eléctricas para mejorar la distribución de electricidad a sus clientes en 2.600 millones de euros al año, 24.000 hasta 2030, "frente a los 45.000 millones de inversión privada" que el Gobierno espera de las compañías. Este límite lo fijó el Gobierno de Mariano Rajoy en pleno 'boom' inmobiliario, al ver que muchos promotores exigían acceso a redes para proyectos que después no se hacían pero en los que quedaba la inversión hecha. En un momento en que las redes eléctricas se han convertido en elemento clave para permitir la transición energética hacia las renovables, el sector considera fundamental que se pueda aumentar. Lo que mantiene el sector y es apoya en el informe elaborado por la consultora Arthur D. Little (ADL) es que "el volumen permitido de inversión medio actual debería como mínimo duplicarse".

Añaden a esta petición otra relativa a la rentabilidad de estas inversiones. Para que las empresas quieran invertir en redes se les debe garantizar un retorno "razonable" que ahora no se está produciendo debido a la inflación y el alza de costes que advierte que no reflejan ni los valores unitarios ni la rentabilidad garantizada que contempla el sistema de retribución. "No han sido actualizados y podría no estar presentando señales suficientes de inversión", dice el informe sobre 

"Esta situación está provocando una alta incertidumbre y podría hacer que no se alcancen los objetivos previstos por el PNIEC", indica el documento, que advierte de que la retribución a la inversión de las empresas que se fijó con datos macroeconómicos de 2012 a 2017 para el periodo de entre 2020 y 2025 no tiene en cuenta los costes reales de la distribución y se traduciría en un déficit anual del 1% que haría que la Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 5,58% que se fijó hace ocho años "no fuera suficiente para seguir garantizando la inversión".

Para revertir esta situación, las distribuidoras eléctricas piden una "revisión de costes o actualizaciones transitorias en situaciones de excepcionalidad", "correcciones o márgenes de rentabilidad en la TRF ante situaciones de excepcionalidad y "flexibilizar" el límite de inversión para que llegue como mínimo al doble del que hoy está permitido.

Comisión con Francia sobre interconexiones

Puente ha afirmado que "parece" que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está dispuesta a introducir algún factor de excepcionalidad y fuentes del sector indican que también hay contactos con el Ministerio de Transición Ecológica, sin que de momento sepan si va a escuchar sus demandas.

Por su parte,  Ribera se encontraba este martes en París, para asistir a una reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), antes de la que se ha reunido con el nuevo ministro para la Transición Ecológica, Christophe Béchu, y con el ministro de Economía, Bruno Le Maire, con quien ha acordado crear una comisión bilateral para avanzar en las interconexiones, tanto las dos eléctricas que, además de la del Golfo de Vizcaya, quedan por diseñar a través de los Pirineos como para estudiar a nivel técnico desde ambos Gobiernos el proyecto del H2Med y particularmente la conexión submarina del hidrógeno entre Barcelona y Marsella (BarMar) en cuestiones como "el reparto de costes" y "el mejor diseño".