Producir hidrógeno verde en el Valle de Escombreras, en Murcia, o acero verde en Puertollano, en Ciudad Real. Electrificar la industria de la cerámica en Castellón, desarrollar proyectos de economía circular en Cerceda (A Coruña) o cientos de ellos de tipo industrial y urbanístico en Madrid. Todos estos planes tienen dos cosas en común. La primera, que serán fuente de desarrollo económico y de generación de empleo. La segunda, que para hacerse realidad necesitan tener garantizado el suministro eléctrico, que de momento es escaso y que se ha convertido en el último detonante de una 'guerra' entre el Gobierno central y los autonómicos -y, en el fondo, entre estos entre sí- por el acceso a la electricidad. De ello depende que las comunidades puedan implantar en sus territorios grandes inversiones para construir centros de datos o reconvertir industrias, que chocan con la barrera del acceso a una red eléctrica que no está preparada para ello. El Gobierno acababa de ampliarla puntualmente y de una manera que la mayoría de autonomías considera insuficiente y contraria a sus propios intereses. De cara a la planificación eléctrica a medio plazo, apunta ya en el horizonte no tan lejano otro conflicto por la reclamación de las comunidades con más plantas renovables tengan derecho a más acceso a la red.
Al calor de los fondos europeos, de su capacidad de atraer inversiones, el suministro eléctrico se ha convertido ahora más que nunca en el elemento clave para que grandes empresas y promotores de grandes proyectos industriales o de energía se instalen en las distintas comunidades o que éstas estas puedan llevar a cabo la necesaria transición energética de sus sectores tradicionales. Según explican fuentes del sector, en los últimos meses han sido muchísimos los contactos entre empresarios y autoridades autonómicas, en un florecimiento de proyectos de alta demanda eléctrica que también constata el Ministerio para la Transición Ecológica. En diciembre decidió empezar a exigir garantías económicas y un límite de tiempo a quien pedía acceder a la red de distribución ante el "crecimiento extraordinariamente rápido" de las peticiones.
Los gobiernos regionales son competentes en la ordenación de su territorio y, según indican en el sector, empresas y promotores ven en ellos un acceso mucho más fácil para 'vender' sus proyectos que en el Gobierno central, al que ahora miran las comunidades para exigir que les proporcione algo esencial, la capacidad de conectarse a la red para que puedan llevarse a cabo los centenares de proyectos que desde Andalucía a Galicia y desde Aragón a Murcia, pasando por Madrid, están en el aire porque no está garantizado que tengan electricidad.
Por todos los elementos que encierra, en el sector de la energía se considera que el acceso a la electricidad será una de las grandes guerras que librarán Gobierno y comunidades en los próximos años. Su origen puede fijarse a mitad de diciembre pasado y la primera batalla, el viernes de la semana pasada, en la reunión entre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y los responsables autonómicos de Energía en la que saltaron chispas.
64 proyectos de entre cientos de planes
El detonante de la 'guerra' fue la en la modificación "puntual" que el Ministerio para la Transición Ecológica prepara para asegurar que grandes proyectos que ya cuentan con financiación europea -como la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen en Sagunto o el Valle Andaluz del Hidrógeno-, que no estaban previstas cuando se aprobó la actual Planificación en 2020, puedan conectarse a la red antes de 2026. A mitad de diciembre, Ribera anunció que su intención de destinar 321 millones para financiar actuaciones que aseguren que Sagunto o la zona de Huelva y Algeciras tiene un suficiente acceso a la red eléctrica, como también en el Golfo de Vizcaya, para asegurar la interconexión con Francia, en la zona de As Pontes (A Coruña) para garantizar la reconversión tras el cierre de la térmica o en emplazamientos donde se prevén proyectos de bombeo eléctrico.
El problema es que en este plan solo se trataba de abrir la red para permitir el acceso para 64 proyectos, cuando en los planes de las distintas comunidades se acumulan cientos que también necesitan tener garantizada la electricidad. Pocos días después, Ribera adelantó la Planificación de la red de transporte -del generador a las subestaciones- y distribución eléctrica -de las subestaciones al consumidor final- entre 2026 y 2030, un año antes de lo previsto, pero las comunidades y las empresas de distribución eléctrica exigen que se les garantice el suministro eléctrico en lo inmediato, como muy tarde en 2026. El Ministerio no lo ve tan claro y recuerda que, según la ley, la Planificación solo puede modificarse por motivos muy justificados entre los que no están los que alegan los gobiernos autonómicos.
Fiel a su estilo de confrontación abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en levantar la voz en contra la modificación "puntual" y criticar que Ribera había fuera todas las alegaciones que presentó su Gobierno para otros 80 proyectos en la región. Madrid denuncia que de 64 actuaciones, Ribera solo contempla una en la Comunidad, además sin dotación económica adicional. Pero el sentimiento de "agravio" fue general en las alegaciones que por todo el país presentaron comunidades, ayuntamientos o distribuidoras de electricidad. Murcia denuncia que de los 321 millones de euros, el Ministerio solo le destinará 1,1 millones y Galicia, que la modificación puntual perpetúa la "penalización" con la que fue tratada en la Planificación 2021-2026 y que en total no se destinará más que el 2,6% de la inversión total. Tampoco están contentas comunidades la valenciana, 'agraciada' en diciembre con 61 millones para la conexión eléctrica con la futura planta de gigabaterías o Andalucía, que ha visto incluidos los proyectos del llamado Valle Andaluz del Hidrógeno y que, según Ribera, "absorbe" el 10% de la inversión prevista, con los "esfuerzos adicionales" de diciembre. Incluso comunidades como Aragón, que se considera entre las mejores atendidas por la modificación puntual de la planificación eléctrica, espera que al final entre alguna más de sus alegaciones, para poner centros de datos o de consumo. En resumen, fue lo que Ribera calificó hace unos días de "aluvión de peticiones" que, dijo, su Ministerio "no ha podido atender".
Ribera se abre a estudiar las peticiones
Las reclamaciones de las comunidades son muchas y muy altisonantes como para que todo vaya a quedar en una cuestión de incapacidad. Después de semanas de quejas públicas y privadas por no tener en cuenta sus peticiones, Ribera convocó a final de la semana pasada una Conferencia Sectorial de Energía para explicar a los responsables autonómicos la modificación puntual de la Planificación. Sin embargo, la reunión se convirtió en una avalancha de reproches por no tener en cuenta cientos de proyectos que necesitan electricidad. Fuentes autonómicas hablan de una reunión "bastante crítica" con la vicepresidenta, que tuvo que escuchar cómo "todas" las comunidades le hicieron ver que sus necesidades de consumo eléctrico no se recogen en los planes que ha trazado hasta ahora para ampliar el acceso antes de 2026.
Acordaron que habría reuniones técnicas entre el Ministerio y cada comunidad para explicar la situación y del encuentro se apunta también a un cambió de actitud por parte de Ribera, que ahora se muestra abierta a incorporar algunas de las peticiones autonómicas. En diciembre, los 64 proyectos elegidos parecían el resultado final y cuando hace unas semanas empezaron las primeras críticas por arte de Ayuso, el Ministerio se mantuvo en sus trece de no autorizar acceso al suministro más que a proyectos que si no perderían fondos europeos. Hace unos días, aseguraba que tendrá en cuenta las alegaciones porque para eso abrió un periodo para que se presentasen. El sector eléctrico "confía" en que Ribera abra un poco la mano y en su Ministerio se asegura que se están estudiando las alegaciones para ver cuáles pueden tenerse en cuenta. De momento no hay fecha para que el Consejo de Ministros apruebe de forma definitiva las modificaciones puntuales.
El límite de Rajoy
Al margen de la necesidad justificada de tener suministro eléctrico, en el sector creen también que el PP, que gobierna casi todas las comunidades, ha visto en esta cuestión un filón para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. El acceso al suministro eléctrico se ha convertido en un tema de campaña en el otro extremo y días antes del inicio formal de la campaña electoral en Galicia, Ribera se paseó esta semana por Vigo con Abel Caballero, el alcalde de la ciudad en cuyas inmediaciones se instalará una nueva fábrica de Stellantis de vehículos eléctricos gracias a los 72 millones que se autorizaron en diciembre para crear una nueva subestación eléctrica. A pesar de ello, la Xunta enumera hasta siete proyectos que siguen en el aire.
La pugna entre Gobierno y comunidades por el suministro de electricidad se prolongará durante años porque además de la modificación para conectar más puntos antes de 2026 ya está en marcha el proceso para planificar la red de distribución de electricidad entre 2026 y 2030, un periodo que tanto eléctricas como administraciones consideran demasiado largo y rígido para el dinamismo que están detectando en inversiones y proyectos industriales.
La exigencia de que más empresas e industrias puedan enchufarse a la red se topará también con el límite que marca la ley a la inversión en redes de transporte y de distribución, que no pueden superar respectivamente el 0,65% del PIB -8.626 millones tomando el año 2022- ni el 0,13% -1.725 millones de euros siguiendo el cálculo anterior. Curiosamente, este tope lo fijó el Gobierno de Mariano Rajoy en pleno 'boom' inmobiliario, al ver que muchos promotores exigían acceso a redes para proyectos que después no se hacían pero en los que quedaba la inversión hecha. Paradójicamente también, ahora son gobiernos del PP -autonómicos- los que han empezado a cuestionar este límite y a pedir que se eleve para que la red pueda satisfacer toda la demanda que se espera, en este caso, principalmente para poder acoger grandes empresas y proyectos industriales.
El próximo conflicto
No es el único conflicto que se avista en el horizonte. También para la planificación de la red eléctrica entre 2026 y 2030 -el periodo de consultas terminará a finales de marzo- algunas de las comunidades que cuentan con más parques eólicos y fotovoltaicos ya han empezado a reclamar que sean ellas las que tengan más acceso a la red, porque también son las que más energía generan, con proyectos que, además, suelen suscitar rechazo social allí donde se ubican.
Aragón lo planteó en la reunión sectorial de la semana pasada, "la necesidad de acercar el consumo a los lugares en los que se produce la energía", según explican en Zaragoza, sobre una idea que también apoyan Castilla-La Mancha y Galicia y que deja en un lugar incierto a comunidades como Madrid o Cataluña, muy atractivas para la inversión pero que, por las dimensiones de su territorio y porque en buena medida está protegido, consumen mucha más de la electricidad -renovable- de la que se genera en su suelo.
Las grandes productoras de renovables ven la posibilidad de tener un mayor acceso a la red una manera de beneficiar al territorio que convive con parques fotovoltaicos y eólicos, también dentro del debate sobre las compensaciones que abrirá en breve abrirá Ribera con comunidades, empresas y actores interesados. Antes de eso, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ya está hablando con el territorio y el sector energético para asegurar que la próxima planificación de la red eléctrica actúa como "una palanca frente a la despoblación con la generación de empleo", con un acceso a la electricidad que sea coherente con la cantidad que se produce en su suelo.
Si las comunidades 'productoras' de electricidad logran este objetivo, no todas las autonomías 'consumidoras' lo ven como una amenaza. El nuevo gobierno de la Comunitat Valenciana del popular Carlos Mazón ve en ello una manera de justificar el gran despliegue renovable que proyecta después de que Compromís lo frenara en el anterior gobierno del socialista Ximo Puig. "Nos ponen en casa", afirmaban fuentes valencianas sobre las oportunidades de que poner aerogeneradores y placas solares además tenga como premio el codiciado suministro eléctrico.
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