El acondicionamiento de la red eléctrica a las nuevas -e ingentes- necesidades de energía ha abierto un nuevo punto de desencuentro entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya acusado al Ejecutivo y, en concreto, al Ministerio de Transición Ecológica de poner en riesgo "importantes proyectos industriales" en su región al querer dejarla "sin energía". Esta queja tiene su origen en la actualización "puntual" y "de urgencia" que el departamento de Teresa Ribera anunció el pasado mes de diciembre, para que ya en 2026 haya redes de transporte y distribución de electricidad suficientes en lugares donde están proyectados y aprobados proyectos con fondos europeos, que tienen que ejecutarse en plazo concreto. Se autorizaron así 64 actuaciones "prioritarias" en las que en la Comunidad de Madrid solo figura una en Algete y que el Ministerio puntualiza que es porque, como en el resto de emplazamientos, es donde hay ya un proyecto concreto con luz verde que es necesario acometer en un plazo determinado porque, de lo contrario, habrá que devolver los fondos de la UE que se le asignaron. 

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que la actualización "de emergencia" que se acordó el pasado diciembre para 2026 responde a la necesidad de garantizar red eléctrica a proyectos que ya cuentan con fondos europeos y que deben ejecutarse en un plazo determinado, porque de lo contrario habría que devolverlos. Además de esta actuación urgente, el Ministerio ha adelantado el proceso para actualizar la red eléctrica, que en lugar del periodo 2027-2032 será para 2025-2030. En estos momentos, las comunidades autónomas, las empresas u otros actores interesados tienen tres meses para hacer llegar a Red Eléctrica sus peticiones. Con esta información Red Eléctrica hará un mapa, que presentará al Ministerio, encargado de hacer una propuesta formal, que después volverá a ser sometida a consulta pública antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Transición Ecológica insiste en que esta actualización puntual para 2026 no se ha tenido en cuenta ni territorios ni población, una crítica que también este lunes hizo el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, sino la existencia de proyectos ya aprobados cuya ejecución cuenta con fondos europeos y tienen que hacerse en un plazo determinado, antes del periodo de planificación que ya está en preparación entre 2026 y 2030. Entre estas modificaciones puntuales de la red eléctrica figura la zona del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la zona de Sagunto, donde Volkswagen proyecta construir una megafactoria de baterías eléctricas, o la interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya, a la que Bruselas acaba de prometer financiación al incluirla en la lista de Proyectos de Interés Común.

En lo inmediato había una serie de emplazamientos en los que el Ministerio consideró "prioritario" actuar ya este año y es donde Ayuso denuncia que, de 64 actuaciones, solo aparece Algete en la Comunidad de Madrid. Allí está previsto que ya en 2026 dar respuesta a una nueva demanda de 220 kV en dos posiciones. El Ministerio no estima que vaya a haber demandas "adicionales" en esa zona, pero por si acaso prevé poder "activar medidas de Operación en determinados escenarios, como es actuar sobre, entre otros, determinados elementos, como son los binudos y bypasses de la zona de Madrid (principalmente sobre los de Coslada 220 kV, SS Reyes 220 kV y Morata 400 kV) así como sobre el desfasador de Galapagar 400 kV".

El Gobierno prevé desembolsar 321 millones para hacer estas modificaciones y en el punto de Algete "la variación del coste para el sistema" es de "cero millones de euros", por que Ayuso denuncia que "Madrid no recibirá nada, ya que sólo se le ha concedido una nueva actuación sin coste adicional para ampliar la subestación de Algete". El Ministerio asegura que la subestación recibirá recursos para hacerse, que los fondos previstos es para los incrementos de costes en que incurran estas actuaciones.

Frente a estos argumentos, Ayuso denuncia que, en la fase de alegaciones a esta actualización puntual de la red que terminó este 14 de enero Transición Ecológica rechazó una veintena de propuestas de compañías eléctricas para nuevas infraestructuras, para un acceso a 2.947 megavatios (MW) más para 80 proyectos.