Las protestas de agricultores y ganaderos ya recorren España en nuevo día de huelga: los cortes de carreteras, protestas y marchas por algunas de las principales vías de España se dejarán sentir en una jornada en la que los agricultores españoles, al igual que ocurre en otros países de Europa como Francia, Italia, Grecia o Bélgica.
Las protestas de los agricultores y de sus tres grandes patronales centran su atención sobre la excesiva burocracia, las importaciones agrícolas baratas de países extracomunitarios (con las que los precios del producto español y europeo no puede competir), el aumento de costes en las materias primas y, concretamente, la regulación de la Política Agraria Común (PAC), cuya última reforma está en el 'ojo del huracán' de las reivindicaciones de los trabajadores del sector primario.
¿Qué es la Política Agraria Común?
La Política Agraria Común (PAC) es una de las principales políticas de la Unión Europea. Al igual que la política monetaria, la potestad política de los países en materia de agricultura está cedida por los Estados miembros de la UE a la Comisión Europea, institución encargada de construir directrices y políticas unificadas. Es la política más antigua de la UE, ya que data de 1962 (adoptada por los seis fundadores de las entonces llamadas Comunidades Europeas).
Los principales objetivos de la PAC es unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector, según explica el Consejo de Europa en su página web.
El proposito de la PAC es, en definitiva, unificar criterios y estándares en el mercado agrícola europeo para, en un marco teórico, garantizar la seguridad alimentaria, la prosperidad de las zonas rurales y del sector, la sostenibilidad del medioambiente y la regulación de burocracia y precios en Europa y respecto al mercado exterior. Es una de las políticas más importantes que gestiona la UE: aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE se destina a la PAC (33 céntimos al día por ciudadano).
Para España, la PAC supone la inyección de 4.875 millones de euros en ayudas directas que las comunidades autónomas conceden a los agricultores que las solicitan (un total de 622.404 de agricultores y ganaderos en 2023, según el Ministerio de Agricultura).
La burocracia y el producto extracomunitario centran las críticas
La última reforma de la PAC en 2021, sin embargo, ha situado a la política comunitario en el foco de las protestas de los agricultores: uno de los cambios fue la instauración de los "eco-esquemas", un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE.
En la práctica, los "eco-esquemas" y su cumplimiento condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC (esenciales para que la actividad en el sector primario sea rentable), lo que se traduce en enormes cargas burocráticas y el cumplimiento de directrices que reducen la productividad de las explotaciones (una de ellas, por ejemplo, es dejar parte de la tierra en barbecho, aunque la Comisión Europea suprimió temporalmente este requisito ante las quejas), según protestan los agricultores y ganaderos.
Los agricultores reivindican en sus protestas que las exigencias actuales de la PAC dificultan la actividad agrícola y su rentabilidad debido a su "absurdo medioambientalismo" (según la patronal conservadora Asaja) y a su "asfixia normativa" por una legislación redactada "a espaldas de la realidad agraria" (según la patronal COAG).
En ese sentido, las protestas por la PAC responden también a la excesiva burocracia que los trabajadores del sector primario, que se suma a las críticas a las importaciones agrícolas baratas que llegan desde países de fuera del mercado comunitario, con los que los agricultores del campo español y europeo no pueden competir.
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