Las calles de las principales ciudades y capitales de provincia españolas volverán a llenarse de tractores y agricultores enfundados en chalecos amarillos para protestar por la situación del campo. Las tres grandes patronales agrarias han convocado movilizaciones esta semana y la siguiente, que se enmarcan en una corriente reivindicativa que recorre todo el Viejo Continente.
Las protestas que se han visto en las últimas semanas a lo largo ancho de Francia, Italia o Grecia tendrán su réplica también en España, donde hasta ahora las movilizaciones no han sido generalizadas y han pasado de puntillas por el foco mediático. Las llamativas imágenes que se produjeron en el barrio europeo de Bruselas el jueves pasado, con calles cortadas, hogueras en las calles e incluso el derribo de una estatua han dado visibilidad a un colectivo con reivindicaciones compartidas, pero también contradictorias.
El lobby agrario ha señalado un enemigo común: la Política Agraria Común (PAC) europea y el aumento de la burocracia que trajo su reforma en 2021. A este frente se suma las críticas a las importaciones agrícolas baratas que llegan desde países de fuera del club comunitario, precios con los que el campo español no puede competir. También exigen una solución para las subidas de costes de las materias primas y que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.
Las tres grandes patronales agrarias en España —COAG, Asaja y UPA— están elaborando un calendario de movilizaciones que comunicarán entre este lunes y el martes, según trasladan fuentes de una de ellas. Por el momento, ya se han anunciado movilizaciones el 8 de febrero en Salamanca, el 13 en La Rioja o el 14 en Palencia. En provincias como Zamora los agricultores empezaron a movilizarse ya la semana pasada.
La reunión celebrada entre el lobby agro y el ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado viernes no fue suficiente como para desconvocar las protestas. El ministro se comprometió con los agricultores a defender sus intereses ante la Unión Europea, algo que las asociaciones agradecen pero ven insuficiente.
Desde Asaja, la más conservadora de las tres grandes patronales, plantean un discurso abiertamente escéptico con el cambio climático. Critican el "absurdo medioambientalismo" de la PAC a cuya burocracia culpan de que los agricultores no puedan seguir adelante. Desde COAG, hablan de "asfixia normativa" por una legislación que está hecha "a espaldas de la realidad agraria".
También exigen que las importaciones agrícolas que lleguen desde terceros países cumplan los mismos requisitos que se demandan a los agricultores españoles. Este es, precisamente, el mismo argumento que enarbolan los agricultores franceses contra los productos españoles, una comparación que las asociaciones agrarias peninsulares rechazan.
En COAG también reclaman que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que obliga a que se tengan en cuenta los costes de producción en cada eslabón a la hora de fijar los precios. "No hay razón para que en España se estén pagando ciertos productos a una ridiculez total que no llega ni a los costes de recolección y tengamos los lineales [estanterías de los supermercados] a unos precios abusivos", señalan. A estos problemas se suma la sequía, que está causando importantes pérdidas en cultivos como el cereal.
La PAC y el cambio climático
La necesidad de adaptación al cambio climático y la decadencia del sector agrario se entrecruzan en este conflicto. La última reforma de la PAC europea, aprobada a finales de 2021, introdujo un nuevo sistema de incentivos (conocidos como "eco-esquemas") para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE.
Parte de las ayudas de la PAC —que son fundamentales para que el campo sea rentable— están condicionadas al cumplimiento de esos ecoesquemas, que implican una mayor carga burocrática y el cumplimiento de algunas condiciones que restan capacidad de producción a las explotaciones. Ante el aluvión de quejas recibidas, la Comisión Europea decidió suprimir durante un año la exigencia de dejar parte de los cultivos en barbecho para renovar la tierra.
"Es el momento de trasladar a la Comisión Europea que los agricultores y ganaderos que son los principales perjudicados del cambio climático y que hacen un esfuerzo importante por adaptarse y mitigarlo sienten una asfixia normativa", defienden desde UPA, la patronal de los pequeños agricultores.
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