El poder de movilización del sector agrícola en Europa ha quedado fuera de toda duda y su presión con las manifestaciones de estos días ha llevado a la Comisión Europea a retirar su plan para recortar en un 50% el uso de pesticidas en la UE, tal como ha anunciado este martes desde Estrasburgo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Da marcha atrás así a la revisión del marco de la Unión sobre plaguicidas (SUR). "El SUR se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazado por el Parlamento y tampoco hay avances en el Consejo", resumió la dirigente alemana ante el Parlamento Europeo.
Al mismo tiempo, se ha comprometido a negociar con el campo europeo un nuevo marco regulatorio, que sí cuente con el respaldo de los agricultores, que siguen protestando por diferentes puntos de Europa ante lo que consideran un "tsunami legislativo" que les "asfixia". Algunos de ellos de hecho se apostaron ante la sede de la Eurocámara en la ciudad francesa. Tras las marchas que llevaron a los agricultores ante las instituciones europeas la pasada semana, la Comisión se sentó con ellos y puso en marcha un diálogo estructurado para atender sus demandas. En la conversación, Von der Leyen prometió también "reducir la carga burocrática", atendiendo así otra de las quejas más importantes.
Además, varios países como Francia se niegan a cerrar el acuerdo UE-Mercosur porque pone "en desigualdad" a los agricultores y ganaderos europeos frente a los de terceros países. "El pacto está muerto desde hace tiempo", reconocieron fuentes consultadas por 20minutos, sobre todo por los postulados de líderes como Emmanuel Macron. En cambio, España sí defiende este acuerdo. "Sería una buena noticia", reconoció Pedro Sánchez el pasado jueves; no obstante, se ha tratado siempre de un asunto muy divisivo entre los 27.
Los agricultores asumen que ese proceso abierto por la Comisión tiene que ver con que las elecciones europeas "están cerca", pero reciben de buen grado la iniciativa. Von der Leyen ha insistido desde Estrasburgo en que los trabajadores del campo "tienen que ser los protagonistas" de estas conversaciones. "Tenemos que analizar juntos la situación, compartir ideas y desarrollar escenarios para el futuro. Debemos ir más allá de un debate polarizado y generar confianza. La confianza es la base fundamental de las soluciones viables", explicó, y pidió evitar "un juego de culpas" sobre el asunto.
Para la presidenta de la Comisión el objetivo que persigue el campo europeo "es digno" y reconoce que los agricultores "han estado arrinconados" por parte de las instituciones. Pero al mismo tiempo les pide que entiendan la situación: "Saben que la agricultura debe evolucionar hacia un modelo de producción más sostenible para que sus explotaciones sigan siendo rentables en los próximos años", expuso ante el pleno de la Eurocámara. Von der Leyen espera que las conclusiones de este diálogo ahora abierto puedan presentarse antes del verano, aunque no queda claro que lleguen antes de los comicios al Parlamento Europeo.
El SUR, propuesto por la Comisión Europea en 2022, que ahora decae -y que fue rechazado por la Eurocámara- constaba de tres puntos. Incluía una propuesta de objetivos jurídicamente vinculantes a nivel de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030. Además, hablaba de la importancia del control de plagas, con un sistema "respetuoso con el medio ambiente que se centra en la prevención de plagas y da prioridad a métodos alternativos de control de plagas, utilizando los plaguicidas químicos sólo como último recurso".
Al mismo tiempo, proponía prohibir el uso de todo tipo de plaguicidas en lugares como zonas verdes urbanas, incluidos parques o jardines públicos, parques infantiles, zonas recreativas o deportivas, caminos públicos, "así como zonas protegidas de acuerdo con Natura 2000 y cualquier zona ecológicamente sensible que deba preservarse para los polinizadores amenazados", concluía el Ejecutivo comunitario.
Las tensiones ya se vieron precisamente hace meses en Polonia, Hungría o Eslovaquia a cuenta del paso del grano ucraniano. Estos países pusieron barreras a la llegada de cereal desde Ucrania y sus Gobiernos reclamaron medidas desde Bruselas para que se evitaran "agravios comparativos" respecto a los agricultores nacionales. El grano ucraniano copaba el mercado, según los más críticos. La solución -con denuncia de Kiev a estos Estados miembros de la UE ante la OMC- fue un punto intermedio: aceptaron ser países de tránsito, y nada más.
Francia es otra de las mechas más importantes, pero también los agricultores belgas y neerlandeses están 'en pie de guerra'. Desde París la reacción del Gobierno de Emmanuel Macron fue rápida, y el presidente muy rotundo; se ha comprometido a "apoyar" al sector ante las dinámicas que se estén dando en toda la UE. "Necesitamos asegurarnos de que no se eluda lo que hacemos en Francia", escribió.
"También estamos dispuestos a modificar la ley para mejorar los contratos tripartitos entre productores, procesadores y distribuidores. Por nuestra soberanía agrícola y alimentaria, siempre estaremos al lado de nuestros agricultores", prosiguió un Macron que pide "menos normas y menos papeleo", en la línea con lo prometido por la Comisión Europea. El líder galo además acabó con otro de los elementos más polémicos. "Somos exigentes con nuestros agricultores: ellos producen con las normas más ambiciosas del mundo. Los productos importados a Europa deben estar sujetos a las mismas reglas. Por eso Francia se opone y se seguirá oponiendo al acuerdo de libre comercio con el Mercosur", concluyó.
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