La Junta de Castilla-La Mancha presidida por el socialista Emiliano García-Page ha realizado un análisis de zonas con precios del alquiler tensionados, pero no las declarará oficialmente para introducir los controles de rentas, sino que apuesta por elevar la oferta disponible mediante la construcción de vivienda en esas áreas.
Así lo indicaron fuentes de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha en un mes en el que el Gobierno central contempla tener listo el índice de precios de alquiler para que Cataluña sea la primera comunidad autónoma en introducir los límites de rentas que contempla la Ley de Vivienda.
El Ejecutivo definió como zona tensionada en la norma a aquellos lugares en los que la renta de los hogares dedicada al pago del alquiler o de la hipoteca, además de los suministros, superase el 30% en ambos casos, o bien, que la evolución del precio del alquiler en los últimos cinco años fuera superior en tres puntos a la del IPC.
Con estos parámetros, el Gobierno dio potestad a las comunidades autónomas para declarar oficialmente zonas tensionadas. En estas áreas, los precios del alquiler se tendrán que someter al índice de precios que ultima el Ejecutivo, pero también se podrán poner en marcha los nuevos incentivos fiscales que introdujo la ley.
Tras más de medio año desde la aprobación de la ley, sólo Cataluña ha iniciado los trámites para declarar zonas tensionadas. Las regiones gobernadas por el PP ya alertaron de que no lo harían, mientras que Navarra, Asturias y País Vasco todavía se encuentran en una fase preliminar.
Con todo, García Page, quien acumula años de choques con el Gobierno de Sánchez, ha llevado a cabo un análisis de las zonas tensionadas en la región. En el documento 'Estrategia para el fomento de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa de Castilla-La Mancha', el Ejecutivo regional señala que las provincias de Guadalajara y Toledo, concretamente las zonas del corredor del Henares y La Sagra Alta, limítrofes con Madrid, son "las que presentan un mercado del alquiler con una situación más tensionada", aunque subraya que son zonas "muy concretas".
Cooperativas
Para paliar el precio del alquiler de vivienda en esas zonas, el Ejecutivo autonómico no aplicará los controles de precios, sino que apostará por elevar la oferta. Esta semana, Castilla-La Mancha celebró la firma del convenio entre la Administración regional y la Confederación de Cooperativas de vivienda para la promoción de la construcción de 10.000 viviendas en los lugares de la región "donde mayor es la demanda y más difícil el acceso a una vivienda".
En su estrategia, el ejecutivo castellanomanchego destaca entre las principales ventajas de fomentar el aumento de oferta de vivienda a través de las cooperativas la reducción de precio para el socio, por ahorrarse el beneficio del promotor inmobiliario; los beneficios fiscales, por ser una figura fiscalmente protegida; la protección jurídica, por limitarse la responsabilidad de la cooperativa y sus socios por las deudas contraídas o, el elemento social, ya que los socios tienen "amplias oportunidades" para supervisar el proceso de construcción.
Durante la presentación de la iniciativa, Page subrayó que se trata de una estrategia "antiespeculadora" porque contará "con beneficios en las ayudas públicas y en el suelo" y constituye "una manera de intervenir en un mercado que está absolutamente aislado de los intereses sociales no por culpa de los promotores, ni de los constructores, sino porque realmente no ha habido una estrategia excesivamente clara en los últimos años".
Además, remarcó que "no pretende acabar con el mercado privado de la construcción", sino "evitar los guetos sociales". También afirmó que no quieren "hacer viviendas de las que nosotros seamos los dueños porque la Administración no sirve para ser casero de viviendas", sino que debe "estimular económicamente" y "regular la normativa que amplifique el mercado", lo que choca también con la estrategia del Gobierno central de incrementar el parque público de viviendas en alquiler.
Sector privado
Esta iniciativa se sumará a otra lanzada en marzo de 2023, en la que el Gobierno autonómico acordó con el sector privado la promoción de 10.000 en las zonas tensionadas a precio asequible, tanto en régimen de alquiler como de compra, con una inversión cifrada en 106 millones de euros.
El Ejecutivo de García-Page cree que ambos planes "comparten objetivos comunes" y la colaboración entre ambos "puede potenciar sinergias y optimizar recursos". Por ejemplo, se podrá evaluar la posibilidad de asignar parte de los terrenos identificados por el plan para promotores privados para proyectos de cooperativas, así como compartir los programas de ayudas de acceso a la vivienda.
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