El Ayuntamiento de Valencia ha planteado que "ningún inquilino" de las viviendas de Aumsa, la empresa pública dependiente de la Concejalía de Urbanismo, pague por uno de estos alquileres una cantidad superior al 25 por ciento de su renta.
Esta medida fue anunciada por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, a los arrendatarios de estos inmuebles que concentraron antes del inicio de la sesión plenaria para protestar por el aumento de esos alquileres, con los que la primera edil ha conversado antes de comenzar la convocatoria.
Posteriormente, se dio el visto bueno a la iniciativa en el pleno con los votos a favor del equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, y con la abstención de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV. La propuesta avanzada por la alcaldesa ha prosperado como alternativa a las mociones que Compromís y PSPV han presentado en el pleno sobre los alquileres de Aumsa, tras la subida llevada a cabo y para reclamar la "protección de los inquilinos de las viviendas públicas municipales".
María José Catalá ha trasladado a estos ciudadanos la voluntad del ejecutivo que preside de adoptar un acuerdo para que "ningún inquilino de una vivienda en alquiler de Aumsa pague una renta mensual que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia familiar" con efectos de 1 de enero de 2024. Asimismo, les ha comunicado la idea de modificar el procedimiento de adjudicación de las viviendas en alquiler para valorar las situaciones de especial vulnerabilidad.
De esta manera se busca que, en vez del orden de inscripción, se tenga en cuenta como prioridad los siguientes grupos de población:
- En situación de especial vulnerabilidad.
- Mayores de 65 años.
- Jóvenes entre 18 y 35 años.
- Familias numerosas y monoparentales.
- Víctimas de violencia de género doméstica o terrorismo.
- Miembros de la unidad de convivencia con dependencia o diversidad funcional.
- Familias en situación de desahucio eminente o incluidas en programas de bienestar social.
Hasta este momento, Aumsa adjudicaba, de forma ordinaria, las viviendas por orden de lista de espera, sin que se valorasen otros criterios que pudieran ayudar a familias más vulnerables. Con la modificación se crean siete grupos de demanda que contarán con más puntuación en la baremación de las solicitudes.
La empresa pública cuenta con más de 1.300 peticionarios esperando una vivienda en alquiler asequible.
530 familias pendientes
Antes del debate de este asunto en el pleno, ha intervenido en la sesión el presidente de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública, Ximo Mora, que ha agradecido que Catalá y el edil de Urbanismo, Juan Giner, hayan atendido a este colectivo momentos antes, así como el apoyo recibido por los dos grupos de la oposición. Mora ha señalado que estos inquilinos no deben "pagar más del 30% de su renta, de los ingresos mensuales".
Asimismo, ha instado al consistorio a contar con la entidad que preside, con los portavoces de estos vecinos y a aplicar para el cobro de los alquileres lo establecido por la Entitat Valenciana d'Habitatge (EVHA), dependiente de la Generalitat. De este modo, ha pedido que no se haga "daño" a los inquilinos de Aumsa por una decisión "mal tomada" de "subir el alquiler". Mora ha dicho que hay "530 familias que están pendientes de ser felices o más empobrecidos".
"La decisión tomada afecta a gente que confió en el Ayuntamiento, familias con un Iprem inferior al 3,5. El palo que nos han dado es inmoral. Esta situación se ha de arreglar. No se puede permitir el abuso del incremento del precio" del alquiler por parte del Ayuntamiento, que "debe facilitar vivienda asequible para el que no puede adquirirla en el mercado libre", ha expuesto.
Abstención de Compromís y PSPV
Durante el debate de este tema, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha manifestado que los políticos deben "tratar a los ciudadanos no como clientes de una empresa, sino como sujetos a derechos", entre ellos, el de "una vivienda digna". Robles, que ha pedido que "se mantenga el convenio existente hasta que haya otro" y "sensibilidad", valorando que el ejecutivo haya acordado revisar los requisitos tras entender que hay personas que "no pueden pagar ese aumento".
Por parte del PSPV-PSOE, su portavoz, Sandra Gómez, ha censurado el "sablazo" a los inquilinos de Aumsa y la "situación imprevista e injusta" que supone "una subida que puede rondar más de 2.000 euros al año para familias" y llegar al 50%. "Este gobierno se apresuraba para una reforma fiscal que genera ahorro a multipropietarios" y a su vez, "para dejar caer las bonificaciones a las familias de Aumsa con rentas bajas", ha criticado.
Reunión entre el Ayuntamiento y Aumsa
Por su parte, Juan Giner ha pedido disculpas a los representantes de Aumsa por "si la comunicación no ha sido adecuada" y ha anunciado que el consistorio se sentará esta semana con los inquilinos "para aplicar la medida anunciada por la alcaldesa". Así, ha defendido las "bonificaciones en función de la renta de cada uno".
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