Tras el rechazo de Junts este martes en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley de la amnistía, este miércoles el ministro español de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, han mantenido una reunión en Bruselas para intentar iniciar un nuevo diálogo que desemboque en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 

El encuentro, que ha contado con el comisario de Justicia europeo Didier Reynders como mediador, ha terminado con la convocatoria de otra reunión el próximo 12 de febrero para seguir negociando y acercando posturas. Bruselas, por su parte, ha publicado un comunicado en el que reitera que la importancia reside en renovar primero el CGPJ y después ya reformar el proceso de elección de los jueces. Asimismo, ha alabado el "compromiso" de ambas partes por llegar a un acuerdo. 

Tras la reunión, que ha durado hora y media, tanto Bolaños como Pons han coincidido en que el encuentro ha sido "constructivo", aunque se han mantenido prudentes a la hora de hablar ya de algún pacto. "Confío en que todos los actores estemos a la altura porque es esencial que recuperemos el CGPJ. Es algo esencial para nuestro país. Nos ponemos manos a la obra", ha declarado Bolaños ante los periodistas. 

Junts cifra en 4.000 los "represaliados" a los que debería amparar la ley de amnistía

Pons, por su parte, se ha mostrado también satisfecho con el encuentro y partidario de llegar a un acuerdo, pero ha explicado que no es "optimista" puesto que este nuevo marco negociador se enmarca en un proceso de deslegitimación a los jueces por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, más aún cuando a su vez se sigue negociando la ley de amnistía.

La proposición de ley, que fue rechazada este miércoles con 179 votos en contra, ha seguido además despertando todo tipo de comentarios este miércoles tras el 'no' de Junts a la norma. La formación de Carles Puigdemont ha advertido de nuevo al Gobierno de que si no incluye sus enmiendas estará incumpliendo el pacto de investidura, aunque desde el Ejecutivo, por su parte, han declarado que no ven en riesgo la legislatura.