El pasado 11 de enero se cumplió un año desde que Cándido Conde-Pumpido asumió la presidencia del Tribunal Constitucional. El ex fiscal general del Estado se puso al frente del órgano gracias a una flamante mayoría progresista que desde entonces ha sido clave en la validación de las normas del Gobierno. Ya en el inicio de su mandato, Conde-Pumpido anunció su intención de pisar a fondo el acelerador para resolver varios asuntos de calado que llevaban tiempo en el cajón.
Un año después se confirma el incremento de la actividad del tribunal: 190 sentencias aprobadas frente a las 151 de 2022; 690 autos frente a los 178 del año anterior; 11.741 providencias, 4.464 más que en 2022. Y se confirma, por otro lado, la sintonía del nuevo Tribunal Constitucional con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, materializada en el apoyo a varias leyes impulsadas por el Ejecutivo.
Por otro lado, el Pleno del tribunal ha demostrado ser muy previsible en sus votaciones, siendo más que habitual que el resultado sea de siete votos frente a cuatro, un reflejo de los bloques del órgano. Esta dinámica de bloques ha provocado sendas críticas desde el poder político e incluso desde el Poder Judicial.
En febrero de 2023 se confirmó una de las decisiones más importantes del año. El tribunal de garantías daría su aval, casi 13 años después de su aprobación, a la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado conservador Enrique Arnaldo presentó un borrador en el que desestimaba el recurso presentado por el PP salvo por un detalle: consideraba inconstitucional uno de los preceptos de la ley.
La mayoría progresista se impuso, rechazó la ponencia de Arnaldo, y Conde-Pumpido encomendó a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán la elaboración de un nuevo texto que avalara sin matices la norma de Zapatero. Este segundo borrador se aprobó, efectivamente, en mayo.
Una vez avalada la ley del aborto, el siguiente objetivo marcado por Conde-Pumpido fue la ley de la eutanasia impulsada por el Gobierno de Sánchez y aprobada en 2021. Pero antes de afrontar aquel debate, la corte de garantías debía estudiar toda una serie de recusaciones presentadas por el PP, Vox y en ocasiones Ciudadanos contra varios magistrados progresistas.
El Constitucional estudió este asunto a mediados de febrero y convino rechazar hasta 19 recusaciones. Entre todas ellas, el Pleno descartó el recurso interpuesto contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez (ambos nombrados por el Gobierno a finales de 2022) en la ley de la eutanasia y la ley Celáa, si bien el propio Campo decidió no intervenir en el debate sobre esta última norma.
El recurso de Vox contra la eutanasia fue desestimado el 22 de marzo por el voto de nueve magistrados. El tribunal aprobó una sentencia que afirma que la Constitución no exige una protección de la vida de carácter "absoluto". En ese mismo Pleno, el Constitucional rechazó un recurso del PP contra el real decreto que impulsó el Gobierno en 2019 para ampliar el permiso de paternidad. El ponente fue Conde-Pumpido y el resultado de la votación, siete contra cuatro. Una vez ventilado este asunto comenzó el debate sobre la ley de educación de la exministra Isabel Celáa.
La ponencia corrió de cargo del conservador Ricardo Enríquez, que planteaba rechazar dos cuestiones de la norma. Su propuesta obtuvo el rechazo del bloque progresista y el togado se prestó a reelaborar la sentencia para reflejar el sentir mayoritario del Pleno, con lo que en abril la ley Celáa salió airosa del debate.
El seis de junio, el órgano rechazó otro recurso de amparo del Partido Popular y avaló con la ponencia de María Luisa Segoviano los juramentos alternativos de la Constitución por parte de 29 diputados de algunos grupos parlamentarios aliados del Gobierno. Con esta decisión, el órgano respaldaba a la socialista Meritxell Batet, que en aquel momento presidía la Cámara Baja y dio por válidos los juramentos.
En otras ocasiones el Constitucional ha reiterado su apoyo a Batet en votaciones en las que no ha participado Juan Carlos Campo, que mantiene una relación sentimental con ella. En noviembre sentenció que Batet no vulneró el derecho de los diputados del PP al no pedir al Gobierno los expedientes de los indultos del 'procés'.
Esta misma semana, el órgano de garantías ha avalado la decisión de Batet de no recabar el informe del Consejo de Estado sobre la concesión de ayudas europeas durante la pandemia. El PP veía así frustrarse otro recurso por el voto del bloque progresista (a excepción de Campo) contra el voto conservador.
A comienzos de octubre recibió el aval del Constitucional otra iniciativa clave para el Ejecutivo de Sánchez: la reforma que maniató al CGPJ para impedir que nombrase a jueces mientras está en funciones. La decisión, de nuevo, se tomó con el único respaldo de los siete vocales progresistas.
Debido a este cambio en la ley orgánica del Poder Judicial y al bloqueo del CGPJ que se mantiene desde 2018, el Consejo no ha podido cubrir las vacantes acumuladas en la cúpula de ajusticia. Actualmente son casi 100 los asientos vacíos en los distintos tribunales que dependen del Consejo y el Tribunal Supremo tiene un 30% de sus puestos vacantes.
Unas semanas después de validar esta reforma, el tribunal de garantías dio el aval definitivo a la 'ley rider'. El magistrado Juan Carlos Campo se abstuvo también de este debate dado que formaba parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó la norma.
La presencia en el tribunal de un juez que había formado parte del Gobierno tan recientemente ha sido objeto de reproches continuos por parte del PP a lo largo del último año. Los populares, de hecho, proponen impulsar una ley para que no sea posible aupar a la cúpula del Poder Judicial a nadie que haya ocupado un cargo político en los cinco años previos.
Tras el aval a la 'ley rider', la corte de garantías estudió en noviembre el impuesto a las grandes fortunas en base a un recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Una vez más, la balanza del Constitucional cayó del lado del Ejecutivo, con lo que la ley fue avalada gracias a los siete votos a favor del sector progresista.
El Pleno celebrado esta semana en el tribunal ha amparado al exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez y al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, actual socio del Gobierno de coalición. En ambas ocasiones, el amparo se ha concedido en contra de las decisiones del Tribunal Supremo, en el que reina la "sorpresa" por "el choque de trenes" propiciado por el Constitucional.
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