La cesión de competencias a Cataluña en materia de inmigración que el Gobierno central acordó con Junts –entre otras cosas– para que esta formación facilitara la aprobación de tres decretos claves para la legislatura ha nacido torcida. No solo por la delicada materia en cuestión, sino porque aún no está claro qué incluye, qué potestad tendrá ahora el Govern.
El Ejecutivo ha evitado dar detalles, aunque el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sí avanzó este jueves que todo "lo que hoy asume el Estado" pasará a manos de la comunidad. Sin embargo, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, habló, concretamente, de "una gestión integral", desde los flujos migratorios hasta las políticas de integración. Y puso el foco en un asunto: la multirreincidencia.
"En el momento en que tienes las competencias en materia de gestión de la inmigración, de juventud, en servicios sociales y en educación, lo que tienes que procurar es que no haya multirreincidencia", señaló, añadiendo que la Generalitat tiene que poder decidir si se expulsa o no a los migrantes multirreincidentes.
Este tema saltó a la palestra a raíz de la alerta que hicieron el diciembre los alcaldes de Junts en la región del Maresme, que pidieron medidas ante casos como el de varios delincuentes extranjeros con más de 200 delitos acumulados. "Tenemos que mirar en qué condiciones se les puedes echar", aseveró Turull, si bien señaló que antes hay que abordar una cuestión principal: por qué ocurre.
El traspaso de estas competencias se votó, precisamente, en el Parlament a propuesta de Junts el pasado septiembre durante el debate de política general, y ninguno de los grupos, a excepción de los posconvergentes, apoyó la medida entonces. Es decir, que no existe un aval de la Cámara catalana a una medida que, en todo caso y como recordó este jueves la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, necesitará de la aprobación previa de una ley orgánica "que tendrá que tener los 176 votos [mayoría en el Congreso de los Diputados] para ser aprobada". Será entonces cuando, apostilló, «se verán los detalles».
Según Turull, el PSOE "fue cediendo y cediendo" en la negociación que mantuvieron al miércoles y «en el último segundo» su partido logró arrancarle el compromiso migratorio. No es la primera vez que esta materia es objeto de intercambio, ya que en 2009 el Gobierno central ya traspasó a Cataluña la gestión de las autoridades iniciales de trabajo para migrantes, algo que acompañó de una partida específica de 1,3 millones de euros.
Así, desde hace 15 años todos aquellos permisos de residencia que incluyan autorizaciones de trabajo iniciales son competencia del gobierno autonómico, ha confirmado a EP el experto en extranjería, inmigración y nacionalidad española y director General de Legalteam, Guillermo Morales. Añade, sin embargo, que "extranjería" no se debe confundir con inmigración.
Las reticencias a este pacto han llegado desde muchos frentes, pero también desde el propio sector independentista. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido del riesgo para la cohesión social que puede suponer "abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes". "Nos jugamos mucho", añadió en la red social X.
La Dirección General de la Policía, por su parte, tuvo que llamar a los representantes de los sindicatos del Cuerpo para trasladarles un mensaje de tranquilidad. Les aseguró que el acuerdo no supondrá la pérdida de sus competencias en materia de extranjería y fronteras –unos 750 se dedican a esto en la comunidad–. No obstante, algunos representantes sindicales han mostrado su desconfianza.
Sin referirse concretamente a la inmigración, quien ha defendido en las últimas horas a capa y espada los acuerdos con Junts ha sido el presidente del Gobierno. "En esta nueva etapa vamos a forjar acuerdos entre diferentes", afirmó el presidente, Pedro Sánchez, en la clausura de la XIV edición del foro financiero Spain Investors Day.
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