La vivienda es un factor de riesgo para las tasas de pobreza infantil. Vivir en un hogar familiar que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que dedica más del 30% al alquiler o en el que se convive en situaciones de hacinamiento son, entre otras cosas, motores que disparan la vulnerabilidad de los niños y adolescentes en España. Así lo advierte el informe Un hogar para la infancia, presentado este martes por la Plataforma de Infancia, que exige medidas contundentes para reducir un problema evidente: España es el país europeo con el nivel más alto de pobreza infantil (28%) y el tercero con la mayor tasa de riesgo y/o exclusión social en la infancia (32%), solo superado por Bulgaria y Rumanía.
"Tenemos unos datos que no se corresponden con nuestro estado de bienestar", ha subrayado el presidente de la organización, Carles López. Según ha explicado durante la presentación de los resultados del estudio, la pobreza "más identificable" y "más clara" es la carencia material severa, que mide el acceso a una serie de ítems que se consideran básicos para la calidad de vida (comer carne al menos cada dos días, poder mantener la casa a una temperatura adecuada, tener la capacidad de afrontar gastos imprevistos, retrasarse en el pago del alquiler, etc.). Pues bien, los datos muestran un importante incremento de este indicador, que en 2022 alcanzó su cifra más alta desde 2008: el 10,1% de los niños y adolescentes.
Uno de los datos que más ha crecido es el de la pobreza energética, es decir, la incapacidad para poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada: más de 1,3 millones de niños (el 16,1%) viven en casas con este problema. Carencia que se agrava en el caso de los hogares con un adulto con uno o más niños a cargo: más de un cuarto de los hogares monomarentales sufrían en 2022 las consecuencias de la pobreza energética. "Estamos en máximos históricos. Son datos muy altos, comparados incluso con la época de la crisis económica de 2008", ha aseverado Débora Quiroga, técnica de incidencia en pobreza infantil de la organización.
Además, en 2021, el 20,5% de los menores de edad más pobres vivía en situación de hacinamiento; es decir, disponía de menos de 15 metros cuadrados. Y el 5,6% de la población infantil más vulnerable vivía en situación de hacinamiento severo, con una superficie por persona menor a los 10 metros cuadrados. "Esto es importante porque las viviendas son también espacios de desarrollo de los niños, y está demostrando que en realidad la falta de espacio puede causar mayores problemas en los niños, tanto de salud como de desarrollo", ha señalado Quiroga.
Otro factor de riesgo determinante en el grado de vulnerabilidad de las familias y, en consecuencia, de los niños y adolescentes, es el sobrecoste de la vivienda en proporción con los ingresos. Porque, tal y como ha recordado Quiroga, "el alquiler es el régimen de tenencia más insegura", pues depende más de las fluctuaciones de los precios, que en los últimos años no han hecho más que subir. Más de uno de cada cuatro niños vive en una casa de alquiler, aunque hay un claro sesgo por nivel de renta: en el caso de los menores del primer quintil más pobre, el porcentaje se dispara al 38%.
Pues bien, España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con más sobrecarga en el coste de la vivienda: el 37,6% de los niños y adolescentes que residen en hogares en situación de pobreza viven con familias que tienen que destinar más del 40% de su renta a los gastos de la vivienda. El estudio también apunta a que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, 52%, vive en hogares que manifiestan tener problemas para llegar a fin de mes, y el 12,7% en casas que se retrasan en el pago de las facturas de los suministros.
Medidas para reducir la pobreza
Ante esta situación, Plataforma de Infancia —que aglutina a más de 70 entidades de protección a la infancia— propone varias medidas para reducir la tasa de pobreza infantil en España. Piden, en primer lugar, crear una prestación específica para evitar el sobrecargo de la renta para las familias más vulnerables. En ese sentido, sugieren modificar los criterios de concesión de las ayudas para que estas tengan en cuenta otros factores y características específicas de cada tipo de familia y su grado de pobreza y exclusión social.
También ven crucial ampliar el parque de vivienda pública disponible en el país. Ahora mismo, el parque de vivienda social en España es del 2,5%, lejos del 9,3% de la media europea. Lo que pide la organización es acercarnos a esa media comunitaria, para lo que —calculan— haría falta construir 1,5 millones de viviendas nuevas protegidas, lo que supondría una inversión de 7.500 millones de euros anuales.
En esa línea ha remarcado el director de la plataforma, Ricardo Ibarra, la importancia de aumentar la inversión para acabar con la pobreza infantil: España solo destina el 1,6% del PIB, cuando la media europea se sitúa en el 2,5%. Tampoco tuvieron un gran alcance las transferencias sociales distribuidas en 2022: al 8% de la población infantil. "Tenemos un problema de país que es estructural y hay que poner más inversión y medidas más ambiciosas", ha concluido Ibarra.
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