España es el tercer país europeo con más hogares con dificultades para pagar la vivienda. El 6,5% se ha retrasado a la hora de abonar el alquiler o la hipoteca a final de mes, y el problema se agrava en los hogares con menores a cargo: el 8,5% ha tenido problemas para pagar la vivienda; porcentaje que dobla a la media de la Unión Europea (del 4,3%), y que solo superan Grecia e Irlanda. Se estima, además, que entre el 70 y el 80% de las familias que sufren un desahucio tienen hijos a su cargo. 

El alza de los precios de las viviendas y el encarecimiento de la cesta de la compra a un ritmo desigual con los ingresos de una parte de la población ha empeorado una situación que ya venía mermada de la anterior crisis económica. El coste de la vivienda o asegurar unas condiciones dignas de habitabilidad supone hoy en día un "quebradero de cabeza" para muchas familias en España, según alerta este martes Save the Children en el estudio Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España.

"Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas [las facturas] o comer", cuenta Manuela, una madre separada de 45 años que vive en Sevilla con sus dos hijos. Su caso es el ejemplo de la sobrecarga que afecta ya a casi la mitad de los hogares con hijos que viven de alquiler en España: cuatro de cada diez familias con hijos tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. 

Esto, incide la organización de infancia, implica disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza. Según alerta el informe, aunque se impulsaron medidas positivas durante la pandemia (moratorias, prohibición de desahucios, etc.), "el actual contexto del mercado de la vivienda podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo". Según Naciones Unidas, entre siete y ocho de cada diez desahucios ejecutados en España —casi 700.000 desde 2008— afectan a familias con niños y adolescentes a su cargo. 

Además, el 21,4% de los menores de edad viven en casas insalubres con goteras en el techo, humedades o podredumbre en los marcos de la ventana o el suelo (el 16,2% en la UE). Algo que, tal y como ha denunciado el director de la ONG, Andrés Conde, acaba repercutiendo en su salud física y mental, y afecta a su "crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad".

En total, el 7,2% de los hogares en España no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salubridad (condiciones higiénicas-sanitarias adecuadas); proporción que se dispara hasta el 15,6% en Canarias, al 10,6% en Castilla-La Mancha y al 10,5% en Asturias. En cuanto a pobreza energética, España se mantiene entre los cinco países de la UE con las tasas más altas. Unos 6,7 millones de personas no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, y el 13,1% de niños y adolescentes viven en estos hogares (porcentaje solo superado por Chipre, Bulgaria, Lituania y Grecia). 

Los españoles ya pagan un 6% más por las hipotecas nuevas, que se 'comen' cada mes más del 30% del salario medio

Ayudas escasas para pagar la vivienda

Para atender las necesidades sociales actuales se necesitarían en torno a un millón y medio más de viviendas protegidas, algo que, según la directora de Incidencia Social y Política de la ONG, Catalina Perazzo, podría abordarse incluyendo a la iniciativa privada. Y es que España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3%), y una diferencia considerable con Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (21%) o Suecia (19%). 

El bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y una política de provisión pública orientada tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y favorecer su posterior descalificación son, según el informe, las dos causas principales que explican esta situación. 

El 33% de menores en España está en riesgo de pobreza o exclusión social: es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta

"A esto se añade otro problema y es que el alcance las ayudas a la vivienda es sumamente reducido", incide el documento. Hay en torno a 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza, de las cuales aproximadamente 310.000 se retrasaron a la hora de pagar el alquiler o la hipoteca. No obstante, en 2020, solo 25.000 recibieron una prestación para la vivienda. Es decir, que apenas el 1,6% de los hogares más pobres recibieron algún tipo de apoyo del Estado para sufragar los gastos de la vivienda. 

Más dificultades para las familias monoparentales

La situación se agrava considerablemente si el hogar está formado por una madre sola con hijos a cargo. En España hay 158.000 hogares monoparentales (conformados en su gran mayoría por mujeres), que soportan una carga a menudo "inasumible" a la hora de pagar el alquiler, alerta Save the Children. De media, suelen destinar unos 200 euros al mes más del 30% de sus ingresos, sin contabilizar suministros. 

Ante esta problemática, la organización propone impulsar una ayuda complementaria de hasta 200 euros para "aliviar la carga" que les supone la vivienda. Algo que, según estima, exigiría destinar un presupuesto anual de aproximadamente 380 millones de euros. 

Medidas para mejorar la situación

Para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares, Save the Children enumera una serie de recomendaciones, como aumentar la financiación de políticas de vivienda; automatizar el acceso a ayudas directas para quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) u otras bonificaciones similares; y ampliar la oferta pública de vivienda social. Sugieren también garantizar la "calificación indefinida" de las viviendas públicas para evitar que caigan en manos del mercado privado; promover "alianzas" entre el sector público y el privado para construir más vivienda social; e impulsar bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética. 

La ONG pide también, como una medida "imprescindible", mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales. En ese sentido, subrayan la importancia de que, cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, el informe de vulnerabilidad sea obligatorio y no optativo, "para que sea tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que les afecte".