La Constitución Española de 1978 fue aprobada por los españoles, que apoyaron por una amplia mayoría en referéndum el texto aprobado previamente por las Cortes Constituyentes (las primeras electas democráticamente tras la dictadura). Fue uno de los momentos claves de la Transición: España dejaba atrás el franquismo y se convertía en un Estado plenamente democrático, y sus ciudadanos adquirían plenos derechos y libertades.
Hoy, 45 años después de la aprobación de la Constitución, el texto constitucional ha permanecido prácticamente inalterable en sus disposiciones. Sin embargo, algunas de ellas se ven ahora cuestionadas, tanto en fondo como en forma, por las exigencias de los partidos independentistas catalanes.
El encaje en la Constitución de estas exigencias incluidas en los acuerdos de investidura con el PSOE y ya en tramitación parlamentaria, como la ley de amnistía a los condenados por el procés, plantean una larga batalla judicial que previsiblemente conducirá al Tribunal Constitucional. Son, en concreto, cinco artículos clave que se han colocado en el punto de mira del independentismo y de las aspiraciones de Junts y ERC.
La "unidad indisoluble" de España, en el artículo 2
En su título preliminar, dentro del artículo 2, la Constitución Española establece que su fundamento es "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". En ese mismo título, el texto "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".
El contenido del artículo choca frontalmente con las aspiraciones de los partidos independentistas, que defienden una separación total de Cataluña a través de un referéndum de autodeterminación.
La igualdad de los españoles ante la ley en el artículo 4
Uno de los argumentos más empleados por el PP y los detractores de los acuerdos entre el PSOE y los partidos independentistas, así como de la ley de amnistía, es el del trato de favor a los condenados por el procés, que verían sus causas archivadas y sus delitos extinguidos por la medida de gracia, lo que atentaría contra la igualdad de los españoles ante la ley en su artículo 14.
El artículo, dentro del apartado de 'Derechos y libertades', específica que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El Rey "simboliza la unidad" y convoca referéndum, según el artículo 62
La Corona y la figura del Rey de España lleva tiempo siendo uno de los principales objetivos de las protestas y las reclamaciones de los independentistas. La Constitución reconoce a su figura como "el símbolo de la unidad y permanencia" del país en el artículo 56, mientras que en el artículo 62 le atribuye funciones como "sancionar y promulgar leyes", así como "convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución".
Esta disposición podría suponer un obstáculo a las aspiraciones independentistas de un referéndum que tendría que ser firmado y convocado por un símbolo de la unidad nacional, tal y como dispone la Carta Magna en su 'Título II'.
El artículo 92, el hipotético 'encaje' de un referéndum
El artículo 92 aparece en el documento firmado entre Junts y el PSOE: a través de esta disposición, la formación de Carles Puigdemont justifica el encaje constitucional de un eventual referéndum de autodeterminación de Cataluña.
El artículo establece en su primer punto que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". En su tercera disposición, se plantea la posibilidad de que se apruebe "una ley orgánica" que regule "las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución".
Desde Junts consideran que esta disposición da cabida a una consulta independentista dentro de los límites de la Constitución, pese a que la misma plantea contradicciones con otros artículos de la Carta Magna. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ya sentenció en 2008 sobre la imposibilidad de plantear referéndums consultivos sobre asuntos que van en contra de la Constitución.
La igualdad entre las Comunidades, en el artículo 138
En su segunda disposición, el artículo 138, que regula los principios de solidaridad e igualdad territorial, establece que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
Esto entra directamente en conflictos con las exigencias de Junts y de ERC, algunas de ellas recogidas en los acuerdos con el PSOE: es el caso de la amnistía (la 'desigualdad ante la ley' que reclama la oposición, vista como un posible privilegio) o, por ejemplo, de la condonación de deuda a Cataluña. En ese sentido, el Gobierno ha justificado que esta medida es aplicable a todas las Comunidades Autónomas que lo soliciten, lo que, por lo tanto, negaría esa condición de privilegio a Cataluña.
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