La Constitución Española cumple este miércoles 45 años. Y lo hace con el ambiente político absolutamente crispado y puesta a prueba por los acuerdos del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar con partidos que no creen en la Carta Magna, como los independentistas de Junts y ERC. Estos son, de hecho, los impulsores de la ley de amnistía, que según la oposición está fuera de la Constitución y que deberá pasar el examen del Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista. El aniversario también llega con los puentes rotos entre socialistas y el PP, con acusaciones cruzadas y con dos acuerdos por llegar: la reforma del artículo 49 para eliminar el término 'disminuidos' y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace un lustro.
Como es costumbre, las Cortes Generales acogerán los principales actos para reivindicar la Carta Magna. El Congreso celebrará a partir de las 12.00 horas la recepción con motivo del Día de la Constitución. En el acto estarán presentes miembros de las Mesas de ambas cámaras parlamentarias, miembros del Gobierno, representantes de las altas instituciones del Estado, diputados, senadores y otras autoridades. Armengol dará un discurso, como ya hiciera el pasado 30 de noviembre en el acto de apertura de la legislatura.
A ese acto, que fue presidido por el rey Felipe VI, faltaron los socios independentistas del Ejecutivo: ERC, Junts, EH Bildu y BNG. Todos ellos serán imprescindibles para que Sánchez pueda gobernar los cuatro años que está previsto que dure la legislatura. Así lo trató de cerrar el PSOE en los acuerdos que firmaron, cuyo punto más destacado es la ley de amnistía, que beneficiará a todos los encausados por actos delictivos relacionados con el procés desde el 1 de enero de 2012.
Es decir, el articulado incluirá a los líderes políticos o responsables administrativos implicados en el procés y a los policías que intentaron paralizar todos los actos ilegales y que también están imputados en Cataluña estableciendo el archivo de las causas en un máximo de dos meses desde su entrada en vigor.
Desde que solo era un planteamiento y hasta hoy, que ya tiene forma de proposición de ley, la amnistía ha enrarecido el ambiente político en los últimos meses, pues ha sido fuertemente contestada por los partidos de la oposición y también por masivas manifestaciones en las calles de toda España. Y además, su futura aprobación ya ha generado una oleada de indignación en el Poder Judicial por el 'borrado' de las causas penales del procés, pero también por el acuerdo del PSOE con sus socios independentistas, que asume el relato de Junts y ERC sobre una posible persecución política ejecutada por algunos jueces e incluye menciones a un posible lawfare que podría derivar en comisiones de investigación parlamentarias.
De momento, el siguiente paso será su toma en consideración el próximo martes en el Pleno del Congreso, donde no se prevén grandes dificultades para obtener luz verde. Donde más oposición encontrará será en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y la intención de dificultar lo más posible la tramitación. Eso sí, una vez rechazada en la Cámara Alta, la ley volvería al Congreso para su aprobación definitiva. Después llegará el momento de los recursos ante el Tribunal Constitucional, que ahora tiene mayoría progresista.
La semana que viene también se debatirá la creación de las comisiones de investigación pactadas por Pedro Sánchez para su investidura. Se trata de dos presentadas conjuntamente por Junts y PNV sobre la 'Operación Cataluña' y las actuaciones de Interior durante los gobiernos del PP contra el independentismo catalán, y sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.
En lo referido a los socios de la coalición, este miércoles también serán protagonistas los diputados de Podemos, que este martes confirmaron su decisión de pasar al Grupo Mixto tras meses de diferencias con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, lo que puede complicar aun más la gobernabilidad a Sánchez. "Garantizamos nuestra capacidad de hacer política e impulsar las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales", dijo ayer la formación de Ione Belarra, ahora diputada y antes ministra de Derechos Sociales.
Puentes rotos entre PSOE y PP
El aniversario de la Constitución Española también llega con el PSOE y el Partido Popular absolutamente enfrentados y con acusaciones cruzadas de incumplir la Carta Magna. Sobre todo, por la posición de los populares respecto a la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva caducado cinco años. "Hay que cumplir el mandato legal", le dijo ayer al PP Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", dijo, por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Otro de los pactos paralizados entre los dos grandes partidos es el de la reforma del artículo 49 para eliminar el término "disminuidos" del texto constitucional y sustituirlo por "personas con discapacidad". Ambos llegaron a un principio de acuerdo hace ahora un año, pero la que sería la primera reforma constitucional en más de 12 años sigue paralizada, pues los populares esta sigue siendo una línea roja, ya que temen que una reforma de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' pueda conllevar otras reformas, como puede ser abrir las puertas a un referéndum como el que piden los independentistas.
Comentarios