Los esfuerzos de Vox se encuentran centrados en frenar la ley de amnistía, que consideran "absolutamente inconstitucional". Bajo esa motivación, el partido de Santiago Abascal ha dado un nuevo paso este lunes, al solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado que pidan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre el borrador de la proposición de ley registrada por el PSOE. Según fuentes de la formación, esta acción se enmarca en una estrategia más amplia en la que Vox insta al PP a usar el Senado como "dique de contención" y busca generar un "conflicto institucional" entre ambas cámaras para forzar la intervención del Tribunal Constitucional.
La tercera fuerza política reclama tanto en el Congreso como en el Senado que las respectivas Mesas pidan al órgano de gobierno de los jueces que se pronuncie sobre la constitucionalidad y la viabilidad de la tramitación de la amnistía. En el escrito registrado en la Cámara Baja, Vox asegura que el único objetivo de la medida de gracia es "garantizar la permanencia de Pedro Sánchez" y vaticina que desembocará en "la quiebra del Estado de Derecho, el fin del principio de legalidad y, en consecuencia, un cambio de régimen que pondría fin al sistema establecido en 1978".
El informe del CGPJ no es un requisito imprescindible para la tramitación de la amnistía, ya que la iniciativa ha sido registrada como proposición de ley por parte del grupo parlamentario del PSOE y no como proyecto de ley por parte del Gobierno. Para Vox el haber optado por la primera vía supone un "fraude de ley" para evitar precisamente la obligación de solicitar informes y dictámenes sobre el texto normativo.
En cualquier caso, aunque el pronunciamiento del CGPJ no sea preceptivo, Vox escuda su petición en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional referida a la limitación de los poderes del órgano de gobierno de lo jueces mientras esté en funciones —desde finales de 2018 no puede realizar ningún nombramiento discrecional estando en situación de interinidad—. El fallo del máximo intérprete de la carta magna apunta a que, a pesar de que dicha modificación normativa también fue tramitada como proposición de ley, nada se opuso a que las Cortes Generales pudieran haber considerado "oportuno" pedir al CGPJ un informe "sobre cualquier cuestión o asunto de su incumbencia institucional".
La solicitud de Vox no tiene visos de prosperar en el Congreso de los Diputados, ya que PSOE y Sumar controlan la Mesa de la Cámara Baja. En cambio, sí podría correr mejor suerte en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. De hecho, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya solicitó al órgano rector de la Cámara Alta que pidiera al CGPJ dicho informe, así como al Consejo Fiscal.
La opinión del letrado
Además del escrito del CGPJ, los de Abascal han solicitado al letrado mayor del Senado que se pronuncie sobre la amnistía, como ya hizo hace unos días su homólogo en el Congreso. El también secretario general de la Cámara Baja, Fernando Galindo, emitió un informe favorable a la tramitación de la medida de gracia, al considerar que no es "palmariamente inconstitucional", aunque reconoció que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad". Vox calificó el escrito de "rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico" y se ha querellado contra Galindo, al que también señalan por su vinculación con el PSOE.
Desde Vox apuntan a que las Mesas de las cámaras no son meros órganos de tramitación, sino que deben velar por que las normas sobre las que discuten cumplan con el principio de legalidad. En ese sentido, fuentes del partido confían en la neutralidad del letrado mayor del Senado, pese a desacreditar el informe emitido en el Congreso. Los de Abascal invocan como un precedente en el que la opinión de los letrados fue decisiva para evitar la tramitación de una norma el intento de amnistía que se produjo en 2021, cuando las formaciones independentistas registraron una proposición de ley al respecto y esta fue rechazada por ser considerada inconstitucional.
Fuentes de Vox se muestran convencidas de que, en caso de que tanto el CGPJ como el letrado mayor del Senado acaben emitiendo su opinión sobre la amnistía, ambos informes concluirían que se trata de una medida inconstitucional. De este modo, según las mismas fuentes, la Cámara Alta se armaría de argumentos para poder negarse a tramitar la ley pactada por el PSOE y las formaciones independentistas, una vez esta reciba el visto bueno del Congreso y sea remitida al Senado, donde los de Abascal piden a la mayoría del PP que impida su tramitación.
Un choque institucional
La tercera fuerza política, que instan a usar la Cámara Alta como "dique de contención" frente a la mayoría del PSOE y sus socios en el Congreso, sostiene que la parálisis de la amnistía en el Senado es legal. Fuentes del partido recuerdan que el artículo 36 del Reglamento de la cámara incluye entre las funciones de la Mesa "decidir sobre la admisibilidad y tramitación" de los documentos de índole parlamentaria que reciba. Por ello, amenazan con querellarse contra los senadores que admitan a trámite la ley de amnistía, incluso aunque sean populares.
El objetivo de Vox es conseguir que la mayoría del PP en el Senado se oponga a que la Cámara Alta debata la medida de gracia, a pesar de que para entonces esta ya habrá recibido luz verde en el Congreso. De este modo, los de Abascal buscan un "conflicto institucional" que fuerce la intervención del Tribunal Constitucional (TC). Según fuentes del partido, el choque de Congreso y Senado permitiría a cualquiera de las cámaras poder recurrir al máximo intérprete de la carta magna para desencallar la situación, ya que la resolución de "conflictos entre los órganos constitucionales del Estado" es una de las funciones que el ordenamiento jurídico prevé al TC.
Vox aspira a llegar a este choque institucional, para que sea así el TC quien decida si el Senado está obligado a tramitar la amnistía. Según fuentes de la formación, esta intervención del máximo intérprete de la carta magna previa a la aprobación de la medida de gracia no supondría un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma —el control previo de constitucionalidad no esta contemplado en el ordenamiento jurídico actual—, sino sobre el desarrollo del procedimiento legislativo. La tercera fuerza rechaza que el Congreso pueda imponer al Senado la tramitación de una norma en contra de su propio criterio y apunta a que si el modelo institucional español es verdaderamente democrático la labor de diputados y senadores ha de tener la misma validez.
En manos del PP
Para llegar a ese punto, tendría que ser una de las dos cámaras quien elevara la situación al TC. Aunque desde Vox son conscientes de las limitaciones de su representación institucional, se muestran decididos a poder presionar al PP, cuya mayoría en el Senado sí podría tomar la iniciativa. A pesar de que los de Abascal insisten en tender la mano a los populares para emprender una estrategia conjunta, las últimas acciones se alejan del entendimiento entre ambas formaciones. Por el momento el PP se opone a paralizar la amnistía en el Senado y ya ha votado en contra de una iniciativa de Vox para ilegalizar a Junts y ERC.
En todo caso, fuentes de Vox reconocen que las consecuencias del ansiado conflicto institucional serían inciertas, puesto que se trata de una situación inédita. Aun así, en el peor de los casos, apuntan a que supondría dilatar la aprobación de la amnistía y, con ello, retrasar el regreso del expresident catalán Carles Puigdemont. Aunque los de Abascal insisten en que su prioridad es impedir que el 'borrado' del 1-O llegue a aprobarse, recalcan que su materialización no supondría el final de la batalla. Al contrario, abriría nuevas vías, como la europea.
Fuentes de Vox descartan que la Unión Europea pueda impedir la aprobación de la amnistía, si bien sí podría ser decisiva a la hora de suspender su ejecución —algo que pretenden combatir desde los procedimientos judiciales en los que están personados, como el de Tsunami Democràtic—. Para los de Abascal, los recursos por parte de los jueces al Tribunal de Justicia de la UE en forma de cuestiones prejudiciales serían un canal preferente frente a la intervención del TC, que consideran controlado por el PSOE. Aun así, Vox cuenta con presentar recursos de inconstitucionalidad desde las comunidades autónomas en las que gobierna con el PP y, en última instancia, no descarta recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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