Vox ha presentado este miércoles una querella por prevaricación contra el secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo, al que acusan de haber emitido un informe "rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico" para justificar la amnistía. La Mesa de la Cámara Baja admitió a trámite este martes la proposición de ley después de que Galindo diera luz verde al texto.
El partido de Santiago Abascal opina que el letrado mayor del Congreso incurrió en un delito de prevaricación al firmar un informe favorable a la tramitación de la amnistía. Vox ya había amenazado en repetidas ocasiones con emprender acciones legales contra Galindo, ya que la formación considera inconstitucional la medida de gracia y se opone a que se debata en sede parlamentaria.
La querella registrada este miércoles por Vox —firmada por su coordinadora jurídica, Marta Castro— sostiene que el informe de Galindo es "rocambolesco" y "eminentemente antijurídico y arbitrario", dado que consideran que reconoce la inconstitucionalidad de la proposición de ley pese a habilitar su calificación. El texto emitido por el secretario general de la Cámara Baja señala que la ley de amnistía no es "palmariamente inconstitucional", algo que para Vox supone constatar su posible inconstitucionalidad. "Las leyes son constitucionales o no lo son, no pudiéndolo ser solo un poco o hasta un determinado grado", zanja la querella.
La tercera fuerza política critica incluso que el informe del letrado mayor del Congreso fuera calificado como "nota", algo que en su opinión responde a "la evidente finalidad de disminuir o atemperar el verdadero contenido, finalidad y eficacia del mismo". Vox alude a que la admisión a trámite de la amnistía tiene como fin dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el independentismo para reeditar el mandato de Pedro Sánchez. Para los de Abascal dichos pactos atentan contra la separación de poderes y la igualdad de los españoles.
Además, Vox recuerda en la querella que el nombramiento de Galindo como letrado mayor del Congreso a principios de noviembre despertó una polémica por su vinculación con el PSOE. El ahora secretario general de la Cámara Baja formó parte del gabinete del Ministerio de Política Territorial, con la socialista Isabel Rodríguez al frente. "Es un hecho notorio y publicado que el motivo real y efectivo de su nombramiento ha sido su predisposición a firmar un informe como el que ha dictado, que contraviene la Constitución, sin argumentos suficientes", señalan.
Para Vox existe "la duda evidente no ya sobre su neutralidad exigible, sino sobre su conocimiento previo y/o participación en documentos o borradores" de la ley de amnistía. Bajo ese pretexto, los de Abascal reclaman "todas las comunicaciones por correo electrónico y otros medios de comunicación telemática" que se hayan podido producir tanto con la Mesa del Congreso como con el grupo parlamentario socialista.
La de Galindo no es la primera acción judicial que Vox toma en relación a la amnistía. La semana pasada los de Abascal se querellaron ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, acusándolos de "cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos". La formación ha anunciado que llevará también a los tribunales a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado que voten a favor de la tramitación de la amnistía.
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