La expareja de la supuesta agente de la Policía Nacional infiltrada durante tres años en movimientos independentistas de Girona y cinco entidades se han querellado contra ella, sus superiores y quienes conocían la operación por delitos de tortura, lesiones psíquicas y revelación de secretos.
El letrado, Benet Salellas, ha explicado este viernes que se presentan como acusación particular y que el argumento de tortura tiene que ver con, Óscar, la persona que mantuvo una relación sentimental con aquella mujer, Maria Perelló.
Para el abogado, esa manera de proceder está configurada "como un mecanismo del Estado para obtener información a través de la causa de daño y dolor a los ciudadanos, que encaja con lo que le hicieron a Óscar”. El delito de lesiones lo ha argumentado en que, "después de todo lo que ha pasado Óscar, ha sufrido una serie de lesiones psicológicas y se le ha diagnosticado un trastorno depresivo y de estrés postraumático y sigue tratamiento”.
Finalmente, revelación de secretos “por que el objetivo materializado de la actuación de la funcionaria era obtener información que si no hubiera sido por esta infiltración era ajena a los cuerpos policiales”. La querella se centra en argumentos como que se utilice a una persona como instrumento, en este caso una presunta cosificación de Óscar para obtener información.
Benet Salellas considera que esa última práctica ha sido "salvaje, encarnizada y sin límites hasta el punto de que la propia agente asistiera a las reuniones que los investigados tenían con sus abogados en las que se preparaba la estrategia de defensa de un juicio en el que la acusación la sustentaba la Policía Nacional”.
Salellas ha asegurado que el Colegio de Abogados de Girona, al que pidieron amparo, "ha reconocido que hubo vulneración del derecho a la defensa y a un procedimiento justo desde el momento en que se violentó de forma tan grave y flagrante la confidencialidad" entre investigados y sus letrados.
También ha recordado que hay un precedente sobre esta cuestión en los tribunales internacionales que, "finalmente, acabaron reconociendo esta vulneración flagrante de derechos humanos que hubo”, por lo que está convencido de que se abrirá una investigación.
La querella apunta a la Comisaría General de Información y no va dirigida contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, aunque Benet Salellas ha advertido de que si la investigación demostrase que estaba al corriente de la operación la redirigirían contra él.
Salellas ha subrayado que la fórmula del 'agente encubierto’ "pone en riesgo muchos derechos de las personas y debe ir acompañada de autorización y supervisión judicial, pero en este caso no se produjo y, además, esta figura está prevista para delitos determinados de delincuencia organizada como terrorismo o trata de seres humanos".
La Universidad de Girona también llevó a los tribunales a la misma supuesta agente por haberse matriculado en un Grado de Educación Social con un nombre falso, mientras que los ayuntamientos de Girona y Salt la han declarado persona non grata.
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