El pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez supone una cesión de los socialistas en todo lo que exigía el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia. Incluye un mediador internacional que "tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento del proceso de negociación y los acuerdos" y amnistiará delitos relacionados con el procés desde 2012, antes de la consulta del 9-N de 2014, y hasta este mismo año. 

El documento habla de una primera mesa de negociación que se constituirá este mismo mes en el que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña dentro del marco que establece la Constitución, mientras que el PSOE "defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006 así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional". Los independentistas también reclamarán la cesión del 100% de tributos.

Lo que dice el artículo 92 de la Constitución que cita Junts para justificar la celebración de un referéndum

El texto completo del acuerdo entre el PSOE y Junts que permitirá investir de nuevo como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez

Puigdemont está satisfecho, y así lo demostró en su comparecencia en Bruselas una vez firmado el acuerdo. El expresidente catalán se vio envuelto en el aura que ahora le da sobre todo una polémica ley de amnistía que sin presentarse ya va a marcar la legislatura. En una comparecencia sin preguntas, explicó que el objetivo es "contribuir a resolver el conflicto histórico entre España y Cataluña". Además, ha dicho que se ha trabajado "no sin problemas pero sin descanso".

Puigdemont habla de un "acuerdo marco" para las relaciones que se den "a partir de ahora", en un tono en el que dio por satisfechas las demandas que ya había hecho hacía dos meses a la hora de negociar con los socialistas. "Hemos perdido cuatro años fundamentales", dijo sobre la anterior legislatura. En cambio, solo hizo una cita al referéndum de autodeterminación en toda su comparecencia, alegando que Junts lo seguirá defendiendo, tal como dice el texto del pacto.

En el texto del pacto destaca sobre todo la ley de amnistía y se incluye también el lawfare, es decir, lo que los independentistas consideran una persecución judicial en torno al procés. "Esto no resuelve nada, pero entramos en una etapa inédita, y su recorrido dependerá de la capacidad que tengamos de alcanzar los acuerdos, con el único límite de la voluntad del pueblo de Cataluña, representada en el Parlament. Nadie más puede representar al pueblo de Cataluña, ni el partido ganador de unas elecciones en otro Parlamento", avisó a Sánchez, y así "ha quedado explicitado", sostuvo. "Junts defiende por eso la legitimidad del 1-O y de la declaración de independencia. Eso no es un delito". 

Todas las asociaciones de jueces avisan ante el acuerdo PSOE-Junts: "Puede quebrar la separación de poderes"

Qué es el 'lawfare', uno de los conceptos incluidos en la ley de amnistía acordada entre Junts y el PSOE

Para la consecución de los acuerdos, añade el documento, pactan dotarse de un "mecanismo entre ambas organizaciones, internacional", al que no definen como mediador, pero sí especifican que tendrá "las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento del proceso negociador y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Sobre el resto de temas también hizo referencia el líder independentista a asuntos como el traspaso de Rodalíes a Cataluña, así como el tema fiscal. "Esa gestión de Rodalíes será completa", dijo, afeando de manera implícita lo recogido en el pacto entre el PSOE y ERC a este respecto. También subyace de todo esto una batalla dentro del propio independentismo. Tras media hora de comparecencia y con sus acólitos despidiéndole de pie entre aplausos, Puigdemont cerró su círculo: el discurso de este jueves se dio en el mismo sitio que su primera rueda de prensa tras llegar huido a Bruselas en 2017.

"Quiebra la separación de poderes"

Pocas horas después de conocerse el texto compartido por Junts y PSOE, todas las asociaciones de jueces, incluida la de sensibilidad más progresista, se unieron para emitir un comunicado de rechazo al acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y su preocupación por la mención a supuestos casos de lawfare, lo que supondría una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- ponen el foco en la parte del acuerdo según la cual los dos partidos se comprometen a estudiar, a través de "comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", la aplicación de la ley de amnistía para "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", lo que podría incluir las causas que afectan a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont -procesado por presunto blanqueo de capitales-, y la expresidenta del Parlament Laura Borrás -condenada por corrupción-.

Para las asociaciones, "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". Frente a ello, responden que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley" y denuncian que el acuerdo trasluce desconfianza en la Justicia. "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".