Todas las asociaciones de jueces, incluida la de sensibilidad más progresista, se han unido para emitir un comunicado de rechazo al acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. En concreto, se muestran preocupadas por la mención a supuestos casos de lawfare, lo que supondría una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- ponen el foco en la parte del acuerdo según la cual los dos partidos se comprometen a estudiar, a través de "comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", la aplicación de la ley de amnistía para "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", lo que podría incluir las causas que afectan a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont -procesado por presunto blanqueo de capitales-, y la expresidenta del Parlament Laura Borrás -condenada por corrupción-.

Según el documento, las conclusiones que se extraigan de esas comisiones podrían tener como consecuencia "dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Para las asociaciones de jueces, "ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Frente a ello, responden que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución", y denuncian que expresiones como las del acuerdo "traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial" y, por tanto, "no son aceptables".

"El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", afirman.