El pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez supone una cesión de los socialistas en todo lo que exigía el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia. Incluye un mediador internacional que "tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento del proceso de negociación y los acuerdos" y amnistiará delitos relacionados con el procés desde 2012, antes de la consulta del 9-N de 2014, y hasta este mismo año. El documento habla de una primera mesa de negociación que se constituirá este mismo mes en el que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña dentro del marco que establece la Constitución, mientras que el PSOE "defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006 así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional". Los independentistas también reclamarán la cesión del 100% de tributos.
Por otro lado, el acuerdo, de cuatro páginas, se compromete a estudiar, a través de "comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", la aplicación de la ley de amnistía para "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", lo que podría incluir las causas que afectan a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y la expresidenta del Parlament Laura Borrás.
El documento, de solo cuatro páginas, compromete los votos a favor de los siete diputados de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que se concretará en los próximos días, y no hay una renuncia expresa a la unilateralidad. La "estabilidad de la legislatura", apunta, estará "sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos que resulten de las negociaciones" que se iniciarán a partir de ahora.
El acuerdo hace un primer relato que se retrotrae a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló varios artículos del Estatut y el PSOE asume "una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya" tanto en la consulta de 2014 como en el referéndum de 2017. En este punto, Junts "considera legítimo el resultado y el mandato" del 1-O, mientras que el PSOE "niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral".
En el texto firmado por ambos partidos aseguran reconocer "sus profundas discrepancias" y ser "conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender", pero apuestan por "la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya". "Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut, representa legítimamente al pueblo de Catalunya", afirma.
Para la consecución de los acuerdos, añade el documento, pactan dotarse de un "mecanismo entre ambas organizaciones, internacional", al que no definen como mediador, pero sí especifican que tendrá "las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".
En esta negociación, PSOE y Junts pactan tratar de "superar los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya". Ambos encuadran en esos déficits el "reconocimiento nacional" de Cataluña, por un lado, y el "autogobierno", por otro, que se traduce sobre todo en cuestiones económicas y de fiscalidad.
En cuanto a la primera parte, el "reconocimiento nacional", Junts propondrá en la mesa de negociación "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya, amparado en el artículo 92 de la Constitución". Ese artículo establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", un referéndum cuyas condiciones serán reguladas por ley orgánica y que "será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso". Los socialistas aseguran que "defenderán el amplio desarrollo del Estatut de 2006 -antes de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010-, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya".
Más autonomía fiscal
En cuanto a los "déficits y limitaciones del autogobierno", Junts dice que "propondrá una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas que establezca una cláusula de excepción de Catalunya" con el objetivo de "reconocer su singularidad" y facilitar la "cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya". El PSOE, en cambio, afirma que "apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".
También se abordarán, continúa el texto, "los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios" del país a raíz del procés.
Amnistía desde 2012 hasta 2023
En cuanto a la ley de amnistía, PSOE y Junts defienden que con ella se trata de "procurar la plena normalidad política, institucional y social". La norma, que se registrará en los próximos días, abarcará un espacio temporal de más de diez años, desde 2012, esto es, antes de la consulta del 9-N de 2014 organizada por el Govern de Artur Mas, condenado por el Tribunal de Cuentas por este motivo. También incluirá, como estaba previsto, a todos los encausados en relación con el procés de 2017, pero se extenderá hasta este mismo año, lo que podría afectar a la causa por terrorismo sobre Tsunami Democràtic que investiga a Puigdemont.
A priori, el acuerdo da a entender que esa ley de amnistía no incluirá los casos que el independentismo define como lawfare o de "persecución judicial", pero el PSOE asume que han podido existir, pues el texto sí establece que se constituirán comisiones de investigación en esta legislatura -no dice en qué instituciones, pero podría ser tanto en el Congreso como en el Parlament catalán- en cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
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