Tras semanas de negociaciones, PSOE y Junts han alcanzado finalmente un acuerdo que desbloquea la investidura: el partido de Carles Puigdemont apoyará con el voto favorable de sus diputados a Pedro Sánchez para ser reelegido como presidente del Gobierno. A falta de que se concrete la fecha de la investidura, el acuerdo ya ha sido firmado y será expuesto por ambos partidos en el día de hoy.
El documento del acuerdo incluye la ley de amnistía, cuyo alcance y nombres propios han sido uno de los principales escollos que han encallado la negociación y llevado casi al límite los plazos establecidos para investir a un presidente. Figuras como Laura Borrás o Gonzalo Boye que habrían sido, según Junts, víctimas del 'lawfare' o "judicialización de la politica" derivada del procés. El término, de hecho, se incluye en el acuerdo como parte de la aplicación de la ley de amnistía.
¿En qué consiste el término 'lawfare' incluido en el acuerdo entre Junts y el PSOE? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué implica en el contexto del procés y de la ley de amnistía?
¿Qué es el lawfare o guerra judicial?
El término 'lawfare' (una fusión de las palabras en inglés law -ley- y warfare -ir a la guerra-) o guerra jurídica es una expresión utilizada para referirse a situaciones en las que se produce en la instrumentalización de la justicia y sus instituciones, ya sean nacionales o internacionales, para atacar, limitar o inhabilitar a un oponente político.
El lawfare consiste en el empleo de procesos legales para destituir cargos públicos: en definitiva, utilizar el sistema judicial de un país con fines partidistas. Este concepto, al que también se denomina habitualmente como 'judicialización de la política' o 'persecución judicial', implica el empleo de la justicia como arma política y supone el incumplimiento de la separación de poderes y la independencia judicial propios de un Estado de derecho.
El lawfare puede realizarse de diferentes formas, siendo la más habitual la manipulación desde la política de la justicia para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas para influir en la opinión pública y deslegitimar o inhabilitar cargos públicos, así como bloquear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.
El acuerdo incluye las situaciones de lawfare dentro de la ley de amnistía
La inclusión del lawfare en el acuerdo para una ley de amnistía ha estado en el centro de las negociaciones entre el PSOE y Junts: el partido de Puigdemont ha presionado con este concepto para incluir en la medida de gracia a personas encausadas por cuestiones ajenas al procés y que, según Junts, han sido procesadas como consecuencia del mismo. Es el caso, por ejemplo de Laura Borrás (condenada por falsedad documental y prevaricación) o Gonzalo Boye (investigado por blanqueo de capitales), procesados por causas ajenas al procés independentista.
Ahora, el lawfare ha sido incluido en el acuerdo entre ambas formaciones en el marco de la ley de amnistía, que incluirá "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". El texto establece que se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta situaciones de lawfare susceptibles de aplicar dicha ley.
La inclusión del lawfare en el texto del acuerdo y en una ley de amnistía implicaría reconocer la apertura de procedimientos judiciales de forma deliberada contra personas no condenadas por el procés, pero relacionadas con el independentismo, lo que pondría en duda la existencia de la independencia judicial en España y haría difícil el encaje constitucional de la medida acordada.
Comentarios