La negociación sobre la investidura y la ley de amnistía, que en un principio iba a concluir el pasado jueves, permanece encallada desde entonces. El Gobierno en funciones no atisba un "horizonte temporal", pero si no logra un acuerdo para investir a Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre, se convocarán nuevas elecciones generales. El motivo de esta aparente deceleración de las negociaciones es que las partes no acaban de coincidir en el alcance que debería tener la medida de gracia.
En contra de lo que quiere el PSOE, Junts estaría presionando para incluir entre sus beneficiarios a varias personas ligadas al independentismo que han sido encausadas y condenadas por delitos ajenos al procés, desde el abogado Gonzalo Boye hasta la expresidenta del Parlament Laura Borrás, según han revelado varios medios.
Según Junts, todos ellos habrían sido víctimas de una persecución judicial orquestada para atacar al independentismo, el "lawfare" que se invoca continuamente desde Waterloo. Esta misma semana, el abogado Gonzalo Boye reclamó que el término formase parte de la ley. "El lawfare tiene que entrar en la ley de amnistía; no por los nombres, sino por lo que implica políticamente para España", publicó en su perfil de Twitter.
Sin embargo, reconocer la existencia de una supuesta persecución política a través de los tribunales equivale a asumir que en España no hay independencia judicial, una afirmación que dificultaría el encaje constitucional de la ley de amnistía si se incluye en su exposición de motivos.
Al mismo tiempo, parece difícil incluir en la amnistía a encausados por cuestiones ajenas al procés sin aludir al supuesto lawfare. Un ejemplo es la causa judicial que atañe a Boye, uno de los hombres que Junts quiere incluir entre los beneficiarios de la amnistía, según ha confirmado el diario El País.
Boye está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales que se habría producido en el ejercicio de sus servicios de abogado para el narcotraficante Sito Miñanco. La Audiencia Nacional confirmó el pasado 26 de octubre que juzgará a Boye por su presunta participación en la 'operación Mito', referida al intento de introducir cuatro toneladas de cocaína en España.
Según las pesquisas realizadas, Boye y un segundo abogado habrían ideado una estrategia para tratar de justificar el origen legal de 886.620 euros incautados a un hombre colombiano en el aeropuerto de Barajas en 2017. El dinero pertenecía en realidad a Sito Miñanco, que habría acordado pagar 90.000 euros a los letrados a cambio del servicio.
Otra de las personas a quien Junts exige amnistiar, según confirmó La Vanguardia, es la presidenta de este mismo partido, Laura Borràs, condenada por un delito completamente ajeno al procés. Según la sentencia, los delitos los cometió, de hecho, desde el año 2013, estando al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borràs el pasado marzo a cuatro años y medio de cárcel, 13 de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por delitos de falsedad documental y prevaricación. Todo ello tras haber adjudicado 18 contratos a dedo a un informático amigo suyo llamado Isaías Herrero.
El valor de los mismos ascendía a 335.700 euros, según determinó el tribunal. Con todo, el TSJC contempló en su sentencia que el Gobierno conceda un indulto parcial a Borràs para reducir su pena de prisión a dos años al entender que la ley obligaba a poner la pena de cuatro años que el propio tribunal considera excesiva en este caso concreto. La condenada recurrió en mayo la decisión la sentencia ante el Tribunal Supremo, que aún no ha deliberado.
Según ha podido saber El País, otro de los escollos de la negociación es Josep Lluís Alay, director de la oficina de Carles Puigdemont, encausado por el presunto uso de dinero público para pagar un viaje a Nueva Caledonia, una isla considerada colectividad territorial francesa.
Alay apareció entre los posibles implicados del 'caso Voloh', referido a presuntos contactos del Govern con Rusia en busca de apoyo para el procés, pero la causa fue archivada. Con todo, Alay sigue investigado por pagar con dinero público su viaje a Nueva Caledonia como observador de un referéndum de independencia celebrado en 2018. Se le acusa de delitos de malversación y prevaricación que, en un principio, no tendrían ninguna relación con los acontecimientos del procés.
Según publicó Europa Press, el propio Alay remitió el martes un escrito a la Audiencia Nacional -que investiga los presuntos delitos de terrorismo de Tsunami Democràtic- en el que habla de la causa como parte del lawfare que según Junts estará sufriendo el independentismo. El director de la oficina de Puigdemont es, de hecho, uno de los imputados por el juez instructor Manuel García Castellón en esa investigación.
Por último, tanto La Vanguardia como El País han señalado que Miquel Buch y Lluís Escola estarían entre los nombres que Junts ven imprescindible incluir entre los beneficiarios por la amnistía. El primero, exconseller de Interior de la Generalitat, está condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación por haber contratado al mosso d'esquadra que escoltó a Puigdemont en su huida a Bruselas. Lluís Escolá es el agente de la policía autonómica a quien contrató Buch para escoltar al expresident en el extranjero y que fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación por los mismos delitos que recaen sobre Buch: prevaricación y malversación.
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