El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera que hay indicios de la participación de Carles Puigdemont en la creación de Tsunami Democràtic, organización a la que investiga por presuntos delitos de terrorismo por las acciones violentas ocurridas en el otoño de 2019, cuando se dictó la sentencia del procés. Al mismo tiempo, el magistrado imputa en esta misma causa a la número dos de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas.

García Castellón considera "necesario" citar como imputado al expresidente catalán, si bien de momento le es imposible debido al aforamiento que protege a Puigdemont como eurodiputado, con lo cual le insta a comparecer voluntariamente. Una posibilidad que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ofrece al líder fugado "con carácter previo a cursar el correspondiente suplicatorio". Es decir, que si Puidgemont no comparece, el instructor solicitará al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad. 

Sí han sido imputados, además de Rovira, el empresario Oriol Soler, el exconsejero Xavier Vendrell y Jaume Cabaní, antiguo contable de Puigdemont implicado en la operación Volhov como parte de una presunta trama de blanqueamiento.

Además, el instructor ha citado como testigos a la actual portavoz de la Generalitat, Marta Vilalta, y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, "a fin de esclarecer" lo ocurrido en la reunión que mantuvieron distintos líderes en Ginebra en 2019 y para que pueda aclarar "el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición" de la plataforma Tsunami Democràtic, "y su aportación a la misma". El juez, que la semana pasada pidió un informe al Ministerio Fiscal, no ha esperado a recibirlo antes de dictar la resolución.

Puigdemont, sobre su imputación por terrorismo: "Mientras no cierren la puerta que abrió el rey el 3 de octubre..."

El auto firmado por García Castellón sale a la luz en un momento clave de las negociaciones entre el PSOE y Junts, el partido de Puigdemont, que con sus siete escaños tiene el poder de investir a Pedro Sánchez, a cambio, eso sí, de una ley de amnistía. 

Una resolución judicial como la que se ha conocido este lunes impacta especialmente al rumbo de las negociaciones, que se centran a día de hoy en el alcance de la norma. Aunque el acuerdo esté "cerca", según el PSOE y Sumar, Junts estaría presionando hasta el límite para tratar de incluir entre los beneficiarios de la amnistía a Laura Borrás, a la familia Pujol o al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. 

Todos ellos están investigados por delitos económicos no relacionados con el procés, pero Junts los sitúa entre las víctimas de una supuesta persecución judicial iniciada tras el referéndum fallido para atacar al independentismo. Desde este marco ha reaccionado Puigdemont al auto de García-Castellón: "Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla". 

Estas imputaciones y los indicios de la posible participación de Puigdemont en las actividades del movimiento son uno de los mayores hitos en una investigación que comenzó en 2019 y que hasta ahora se ha mantenido fundamentalmente en secreto. La imputación del expresidente de la Generalitat es "necesaria", a juicio de García Castellón, que en su resolución señala que Puigdemont no podría ser citado "en otra condición que no sea la de investigado", en tanto que el interrogatorio "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio". 

La agenda de Alay y los mensajes sobre Puigdemont

Conclusiones a las que el juez ha llegado tras analizar la agenda de Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Carles Puigdemont, que acudió a las reuniones que tuvieron lugar en agosto de 2019 en la ciudad suiza en las que habrían participado Junts, ERC, la CUP, Omnium Cultural, ANC, Puigdemont, Rovira, Anna Gabriel y Otegi. 

En el teléfono móvil de Alay, por otro lado, se encontró un mensaje escrito por Jesús Rodríguez en el que se afirmaba: "El lunes 26 de agosto [de 2019] se darán a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont".

En otro de los mensajes se habla de un "grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democràtic" y se afirma que las decisiones y dudas que surgen al respecto son consultadas al expresidente Puigdemont a través del propio Alay. 

El auto recoge otras conversaciones mantenidas en octubre de 2019 entre el empresario Josep Campajó y el propio Carles Puigdemont. Tras publicarse la sentencia del procés, Campajó de dice al expresident: "O tú y Tsunami tomáis el control o podemos empezar a gestionar el precio de las bajas". "Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas", contesta Puigdemont, a lo que el empresario replica que "los diputados están cagados" y "el Govern está acojonado". "Cierto, y eso no es bueno", sentencia el fugado. 

Rovira, una de las presuntas coordinadoras

La imputación de Marta Rovira se produce días después de que García Castellón recibiera un informe de la Guardia Civil en el que se la situaba como una de las coordinadoras de la plataforma. Según el documento, "con mucha probabilidad" Rovira era la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada 'Threema' que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma". 

La número dos de ERC, huida a Suiza en 2018, habría sido una de las participantes en las "labores de organización" del movimiento, que "no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada" para movilizar a miles de personas y comprometer "la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España". 

Una negociación telemática a 300 metros de distancia: así tratan de cerrar el PSOE y Junts el pacto para investir a Sánchez

Coincide con este análisis el auto dictado por García-Castellón, que describe a Tsunami Democràtic como "una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas" con la finalidad de subvertir el orden constitucional. Así, la plataforma logró en 2019 bloquear infraestructuras críticas del Estado y paralizar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Durante los disturbios en el aeropuerto, que provocaron importantes destrozos y la cancelación de más de 100 vuelos, se saldaron con 125 heridos.

Los hechos podrían ser considerados actos de terrorismo, según considera el juez "desde la provisionalidad" de este momento, en tanto que se pueden constatar las finalidades de la organización como parte de las incluidas en el artículo 573 del Código Penal, referido a los delitos de terrorismo. En este sentido, también sería posible calificar los hechos como delito de desórdenes públicos terroristas, según el juez. "El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de 'grupo terrorista', debiendo esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del artículo 573 del Código Penal", concluye García Castellón.