Casi 13.000 personas migrantes han llegado en el mes de octubre a las costas de las Islas Canarias en una crisis migratoria que está a punto de desbancar el récord de llegadas de 2006 (en lo que llevamos de año ya han arribado unas 27.800 personas al archipiélago). El Gobierno ha movilizado todos los recursos disponibles para absorber la acogida de los migrantes que han ido llegando a bordo de pateras y cayucos en las últimas semanas. Por ahora, están echando mano de hostales, hoteles, cuarteles, antiguos hospitales, residencias religiosas y hasta albergues del Camino de Santiago, que se han prestado como voluntarios para ayudar en ese proceso. Todo mientras van adecentando centros que ya en su momento se utilizaron para la acogida de los refugiados ucranianos. 

"Cuando ocurre un pico de llegadas como el de estas últimas semanas, lo que hacemos es sumar nuestras plazas del sistema de acogida y ver dónde podemos alojarles", explican a 20minutos fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según detallan, lo que han hecho esta vez es hablar con los hoteles para usar plazas hoteleras y descongestionar los centros habilitados para la acogida de estas personas, que están desbordados ante las últimas llegadas. "El Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, ha accedido a cedernos un albergue municipal en desuso para que alojemos a 800 personas. No todos disponen de este tipo de emplazamientos o no todos nos lo han ofrecido, pero en muchos casos son los mismos que ya se ofrecieron cuando estalló la guerra en Ucrania, porque ya teníamos el contacto", cuentan. 

Todo ello es posible gracias a la declaración de emergencia que el Ejecutivo activó en Canarias a mediados de octubre y que permite agilizar los trámites de acogida en colaboración con las ONGs especializadas. Así, el ministerio de José Luis Escrivá acuerda un precio por persona y día con los hoteles y las ONGs, que son las que luego gestionan cuánto corresponde a la empresa y cuánto se quedan ellas por la atención humanitaria que prestan en todo ese proceso. 

"Nosotros tenemos un número de plazas de acogida a disposición, y luego se están abriendo otras de emergencia. Aunque es el ministerio el que determina los hoteles, albergues y la localización. Nosotros nos limitamos a la atención humanitaria y a proporcionarles un entorno seguro. Son personas que llegan cansadas de viajes extremadamente largos y que han vivido algo tan traumático como es atravesar una de las rutas migratorias más peligrosas", cuenta a este periódico María Tejada, responsable de campañas y comunicación de ACCEM, una de las entidades involucradas en todo el proceso. 

Henar de Pedro

También se están adecentando terrenos y cuarteles militares en desuso facilitados por el Ministerio de Defensa. Dos en Madrid, uno en Cartagena (Murcia) y otro en Sevilla (Andalucía), según cuentan desde Inclusión. "Se están intentando adecuar para la acogida", detallan. El objetivo es que las obras del de Alcalá de Henares (Madrid) terminen dentro de 10 a 15 días, y a los otros tres irán trasladando a las personas migrantes a medida que estén listos. 

Hasta entonces, se están buscando nuevos emplazamientos para alojar a estas personas y aunque el Gobierno no ha querido dar más información sobre las ubicaciones, entre los datos de las delegaciones, entidades y las propias empresas voluntarias, es posible conocer algunos de los destinos a los que están destinando —o tienen previsto hacerlo— a las personas migrantes.

En la localidad vallisoletana de Medina del Campo, por ejemplo, unos 180 migrantes se han instalado ya en el Balneario de las Salinas, un establecimiento privado que lleva cerrado un año por reformas. En Galicia, los albergues privados del Camino de Santiago han ofrecido más de 1.000 plazas para alojar a las personas destinadas a la comunidad.

Hay algunas localidades que incluso están utilizando instalaciones eclesiásticas para la acogida, después de ponerse en contacto párrocos con el Gobierno, sin pasar por las autoridades municipales. Esto es algo que, de hecho, ha sido criticado por varias administraciones locales, que denuncian una falta de transparencia y comunicación por parte del Gobierno central que, aseguran, les está dejando al margen.

"No tenemos ninguna información. Hay una improvisación brutal, y cuando les preguntamos no saben decirnos nada", denuncia a 20minutos Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares. Otras comunidades han emitido críticas parecidas, como Galicia, Murcia, Madrid o Castilla y León, que ha exigido al Ejecutivo que convoque una Conferencia Sectorial de Inmigración en las próximas 48 horas. "Queremos saber cuántos migrantes van a venir, queremos saber cómo van a venir, queremos planificar con ellos los recursos y que nos cuenten cuál es la política migratoria que tienen", ha aseverado la consejera castellanoleonesa Isabel Blanco.

En paralelo, Inclusión trabaja también en adecuar unas plazas "más estables" y menos "de emergencia", a medida que vaya tramitando la situación legal en España de estas personas y detectando las posibles necesidades especiales o vulnerabilidades que puedan tener (ya sea porque son menores, necesitan protección internacional o tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad).