Encontrar una vivienda en Barcelona que cumpla, al menos, uno de los tres requisitos básicos de precio, espacio y ubicación es una ardua tarea teniendo en cuenta la actual situación de tensión que vive el mercado del alquiler. Marta Martínez tuvo la suerte de dar con lo que buscaba después de visitar varios pisos, pero la inmobiliaria le puso una condición con la que ya no contaba: le obligaban a pagar los honorarios de agencia encubiertos bajo un servicio de asesoramiento, algo ilegal desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda.  

Desde un primer momento sabía que ese gasto no debía correr a su cuenta, aunque, finalmente, las prisas le llevaron a aceptarlo. Ante esta situación sintió "impotencia", pues sabía que era algo ilegal, pero no tenía como defenderse. En una ciudad como Barcelona, la urgencia de encontrar piso hace que los inquilinos firmen casi sin pensar por el miedo a que se lo quede la siguiente persona, algo de lo que se valen las inmobiliarias para llevar a cabo estas prácticas. 

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La nueva Ley de Vivienda, aprobada el pasado mes de mayo, recoge en una de sus modificaciones que el mes más IVA correspondiente a la cuota de agencia ya no corre a cuenta del inquilino, sino que lo debe pagar de forma íntegra el arrendador. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez califica de "artimañas" este tipo de prácticas, las cuales "se han ido inventando las agencias para cobrar honorarios desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda". Además, recuerda que es importante asesorarse y tomar medidas, pues "en los casos que nos han llegado hemos conseguido recuperar el dinero".

Ante su situación de vulnerabilidad, Marta acudió al Sindicat de Llogaters de Barcelona, donde le pusieron en contacto con otros afectados y descubrió que algunos de sus vecinos estaban en la misma situación. Después de varias reuniones, "decidimos juntarnos y, a través de la organización colectiva, empezamos una serie de negociaciones con la propiedad que nos permitió recuperar el dinero". 

Las agencias se sienten "demonizadas"

Desde el Sindicato de Inquilinos consideran que "la situación actual de los alquileres es por culpa de las inmobiliarias, que son las que han radicalizado el mercado con las subidas de precio al incentivar este tipo de prácticas". Por su parte, José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, defiende que las agencias se mueven en un "absoluto despropósito", donde están "demonizadas" y considera que son "un actor totalmente necesario en el mercado".

Alfaro alega que esta ley se ha promulgado "sin conocer cómo trabaja una agencia inmobiliaria, pues hacen un servicio de intermediación, donde conectan oferta y demanda e intentan ayudar a las dos partes con una garantía jurídica, trabajando desde el concepto de equidad para respetar los derechos de ambas partes". Ante esta nueva tesitura, el presidente explica que el papel de las agencias se limita a representar a los arrendadores, lo que "ha endurecido las condiciones de acceso de los inquilinos, pues los propietarios ahora tienen todo el poder negociador y está provocando una presión nunca vista en el mercado del alquiler".

Desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, abogan por una "tolerancia cero frente las agencias que hacen malas praxis", aunque también piden "comprensión" para dar tiempo a que "entiendan la nueva normativa", pues consideran que pretende "cambiar las reglas a mitad de partido" y ha llevado a "un periodo muy convulso".

La fórmula de un contrato de servicios

Otra víctima de esas "malas praxis" es David (nombre ficticio porque prefiere mantener su anonimato), quien encontró un piso a través del portal Idealista y la inmobiliaria Arrendea Business Group, encargada de gestionar la vivienda, quiso cobrarle la cuota camuflada bajo la fórmula de un contrato de servicios de asesoramiento y atención al cliente (SAAC).

Este tipo de modelo lo han comenzado a utilizar algunas agencias y bien aplicado es completamente lícito, pues según argumenta el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias: "Si acudes a una agencia inmobiliaria para que te ofrezcan un servicio como inquilino, no hay ningún inconveniente en firmar ese contrato de presentación de servicio. El problema llega cuando la agencia obliga a firmarlo después de que el inquilino contacte con ellos por una oferta de alquiler ya publicada". En este caso, Arrendea no realizó tareas de búsqueda para el inquilino ni le proporcionó ningún servicio, excepto la visita del piso por videollamada.

"Una estafa improvisada y chapucera"

Cuando David se puso en contacto con la agencia, le comunicaron que para entrar a vivir al piso debía pagar el mes corriente, un mes en concepto de fianza y un mes más IVA por gastos de servicios al inquilino. Además, le advirtieron que sin la firma del contrato SAAC no le podía enviar el documento de reserva del piso. 

Resignado y sin otra opción, procedió al pago mediante transferencia por concepto "Honorarios gestión agencia ARRENDA", la cual le fue devuelta porque le exigían que el concepto fuera "SAAC". Ante esta situación, David relata que se sintió "engañado", pero tenía la esperanza de recuperar ese dinero, pues le parecía "una estafa improvisada y chapucera".

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Ante esta situación, se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas, Facua y Legálitas para que le asesoraran acerca de como reclamar el dinero desembolsado. Le aconsejaron hacerlo a través del derecho de desistimiento, pues aún no se habían cumplido los catorce días que otorga el Real Decreto Ley 1/2007 para renunciar a un contrato. De este modo, unas horas después de la firma envió un burofax a Arrendea donde comunicaba su deseo de desistir el contrato SAAC.

La insistencia de David en defensa de sus derechos dio sus frutos y la agencia procedió al reembolso total de su dinero: "Les dije que era ilegal y me lo devolvieron de forma íntegra en cuatro días". Una vez recuperado, el agente pareció algo resignado a justificar el SAAC, "como asumiendo que era algo que les imponía la empresa".

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