El precio del alquiler en Barcelona sigue escalando. Ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico durante el segundo trimestre de 2023 y ha subido hasta los 1.123,56 euros al mes de media, 36 más que en los tres primeros meses del año. 

Así lo reflejan los últimos datos actualizados por el Incasòl, que indican que se trata de un nuevo récord en la capital catalana, donde el coste de alquilar una vivienda no ha parado de crecer desde 2020. 

Es el cuarto trimestre consecutivo que el precio del alquiler se sitúa por encima del umbral de los 1.000 euros en Barcelona, tras superarse este por primera vez entre julio y septiembre de 2022. 

En comparación con el segundo trimestre de 2022, cuando alquilar un piso en la capital catalana costaba 996,56 euros, en el mismo periodo de 2023 cuesta un 12,74% más. Las cifras contrastan, asimismo, con los precios de 2014, hace casi una década, cuando el alquiler se situaba en 688 euros de media, o de 2005, cuando costaba 636 euros.

Los datos del Incasòl también muestran que entre abril y junio se han firmado 10.328 contratos, un 9,5% menos que en el mismo periodo de hace un año (11.443) y un 5,1% menos que entre enero y marzo (10.890). 

Por distritos y barrios

Por distritos, Nou Barris es el más barato, con un precio medio de 796,24 euros, y le sigue Sant Andreu (876,64). A continuación se sitúan los de Horta-Guinardó (909,18 ), Sants-Montjuïc (1.025,86), Ciutat Vella (1.063,57), Sant Martí (1.064,67), Gràcia (1.099,63), Les Corts (1.272,82), L'Eixample (1.276,41) y Sarrià-Sant Gervasi (1.553,57).

Por barrios, los más económicos se concentran sobre todo en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó y Sant Martí. Ciutat Meridiana es el más barato (593,4 euros) y le siguen Bon Pastor (601,4), Trinitat Nova (662,3) y Trinitat Vella (674,7). Son los únicos donde los alquileres no superan los 700 euros mensuales. 

Los barrios más caros de la ciudad son, en este orden, Tres Torres (1.859,8 euros), Sant Gervasi-Galvany (1.730,46) y Pedralbes (1.730,4). Les siguen la Dreta de l'Eixample (1.597,5), la Vila Olímpica (1.552,7), la Marina del Prat Vermell (1.463,3), Diagonal Mar i el Front Marítim (1.400,6) y la Antiga Esquerra de l'Eixample (1.340 euros).

Cataluña

En Cataluña, de media el alquiler ha subido hasta los 830,34 euros durante el segundo trimestre, 17,47 más que el primer trimestre, y el número de contratos ha bajado hasta los 34.981, un 6,36% menos que hace un año (37.355).

Además de la capital catalana, durante el segundo trimestre del 2023 también se ha superado la barrera de los 1.000 euros en Sant Vicenç de Montalt (1.595 euros), Cabrils (1.410,74 euros), Matadepera (1.377,29 euros), Alella (1.278,62 euros), Sant Cugat del Vallès (1.269,51 euros), Vallromanes (1.253,85 euros), Canyelles (1.120 euros), Castelldefels (1.114,86 euros), Sitges (1.188,94 euros) Sant Just Desvern (1.109,63), l'Ametlla del Vallès (1.087, 92 euros), Santa Susanna (1.085,71 euros), Olivella (1.077,78 euros), Sant Cebrià de Vallalta (1.070 euros), Tiana (1.069 euros), Vilassar de Mar (1.065,27 euros), Esplugues de Llobregat (1.057,98 euros), Begues (1.054,5 euros), Cabrera de Mar (1.060,94 euros), Vilanova del Vallès (1.014 euros) y Bellver de Cerdanya (1.000 euros).

Por provincias

Por provincias, entre abril y junio el precio del alquiler en la de Barcelona se ha situado en los 910,81 euros, 23 más que el primer trimestre; en Girona, en 638,34, cuatro euros más; en Tarragona, en 570,48, ocho más; y en Lleida, en 475,46 euros, cinco más. Por lo tanto, según los últimos del Incasòl, extraídos de las fianzas del alquiler depositadas, se ha producido un incremento de los precios en las cuatro.

En consonancia con este aumento, el número de contratos de arrendamiento firmados ha registrado una bajada respecto a los primeros tres meses del año. En Barcelona se han firmado 26.496 contratos, un 4,47% menos; en Tarragona 3.437, un 4,08% menos; y en Girona 3.392, un 4,43% menos. Lleida ha sido la única provincia donde ha subido ligeramente el número de contratos firmados, hasta 1.656, un 0,1%.

El Govern reclama que se aplique la ley de vivienda

Ante los datos del Incasòl, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha reclamado de nuevo al Gobierno que publique el índice de referencia del precio del alquiler incluido en la ley de vivienda. "Es una necesidad urgente, porque sin la ley de contención de rentas, el mercado continúa funcionando de forma salvaje", ha dicho. 

Capella ha exigido al Ejecutivo que ponga en marcha la ley, para poder aplicar la contención de rentas en las zonas declaradas tensas. También ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que deje de hacer "interpretaciones propias de la abogacía del Estado".

La consellera ha destacado que en diez años el precio ha aumentado un 62,1% en Barcelona ciudad y un 43,6% en el resto de Cataluña, cogiendo de referencia el primer semestre de 2013 y de 2023. "No hay ninguna sociedad que pueda resistir estas subidas", ha dicho.

También ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que destine una parte del parque de viviendas de la Sareb a alquiler social de forma gratuita. En este sentido, ha recordado que los ciudadanos ya pagaron el rescate bancario. "Rescatamos a los bancos, les limpiamos sus balances y ahora de nuevo, a través de las cesiones que se hicieron desde el Gobierno, se pretende que volvamos a pagar", ha criticado.

"Nadie en este país ha visto incrementado su salario en la misma proporción que sube el precio de los alquileres", ha denunciado Capella, que ha subrayado que el Salario Mínimo Interprofesional es de 1.080 euros.

La consellera ha recordado las medidas que ha puesto en marcha el Govern para afrontar la crisis de la vivienda, por lo que se ha referido a los 144 millones en ayudas al alquiler anunciadas la semana pasada o a la intención de la Generalitat de construir unos 10.000 pisos públicos hasta 2026. Preguntada por si esta cifra podría aumentar, ha afirmado que, tras los datos del Incasòl que se han hecho públicos, "podría ser que pudiéramos ir más allá".

Capella ha apuntado que próximamente detallará plazos para aumentar el parque público de vivienda, que actualmente se sitúa en el 1,7% en Cataluña, ante el 10% de media en Europa.

El Sindicat de Llogateres pide "desbloquear" la regulación

Por su parte, el Sindicat de Llogateres de Cataluña, mediante un comunicado, ha reclamado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que "desbloquee urgentemente" la regulación de precios del alquiler.

Para ello, ha considerado necesario aplicar la regulación catalana, que hasta ahora, "se ha demostrado el único instrumento capaz de revertir la tendencia alcista". "Entre 2020 y 2021, el precio de los alquileres disminuyó una media del 5% en los municipios donde se aplicó", afirma la entidad, que añade que "después de que fuera tumbada por el Tribunal Constitucional en marzo de 2022, los precios volvieron a subir sin medida".

"Gracias a la lucha de los sindicatos de inquilinas, el 26 de mayo de este año se consiguió recuperar la legalidad de la regulación de alquileres en el marco de la Ley de Vivienda estatal. Ahora tenemos sobre la mesa la oportunidad de regular de nuevo los precios, pero el ministerio del PSOE está bloqueando la aplicación de su propia ley", señala el comunicado, que prosigue: "Mientras esto sucede, miles de hogares quedan totalmente desprotegidos ante un mercado salvaje que tiene barra libre para especular con la vivienda".

Para el Sindicat de Llogateres, la excusa para desbloquear la regulación "no puede ser la carencia de un índice de precios", porque "Cataluña ya tiene" uno "vigente que se ha utilizado con éxito".

La organización considera que los datos del Incasòl son "una evidencia más de que el mercado, cuando se deja actuar de forma desregulada, es totalmente ineficiente, generando más exclusión residencial y empobreciendo a las inquilinas".

Por otro lado, atribuye la caída de contratos firmados "a la nueva táctica del sector inmobiliario para extraer más rentas: ofrecer contratos de temporada, que no tienen que ser declarados al Incasòl". "La duración más corta de estos contratos y el hecho de que escapan a las regulaciones de la LAU, hace que cada vez más inmobiliarias los ofrezcan de forma fraudulenta a inquilinos que viven de forma permanente" en un piso, añade.