Apenas llevaba un año alquilando la habitación cuando recibió el email de la agencia inmobiliaria. A partir de septiembre, el precio de la renta subía 30 euros. Eunate Martínez, de 27 años, había encontrado este cuarto en el barrio madrileño de Lucero por 290 euros, un precio bastante asequible teniendo en cuenta el disparado mercado inmobiliario de la capital. El precio tenía truco: se trataba de un contrato temporal de nueve meses. Ese contrato es, según defiende ahora ella, ilegal.

"Yo no sabía qué tipo de contrato tenía. Estás desesperada buscando por Madrid y no tienes porqué saber estas cosas. Nadie mencionó que era un contrato temporal y siempre he mostrado interés por quedarme un tiempo largo", declara Martínez, una estudiante de trabajo social de 27 años que trabaja a jornada partida como monitora de ocio y tiempo libre. "Cuando, unos meses después me di cuenta de que el contrato era de nueve meses, se lo comenté a la gestora y me dijeron que eso se actualizaba automáticamente y que no me preocupase así que yo pensé que era un contrato permanente".

Los contratos de temporada difieren de los de vivienda habitual en que no están sometidos a la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y, por tanto, no tienen una duración mínima de cinco años en el caso de que el propietario sea una persona física o siete, si es una jurídica. Tampoco se verán afectados por las potenciales restricciones que se pueden imponer en las zonas declaradas como tensionadas tras la aprobación de la ley de vivienda.

Estos contratos son perfectamente legales, siempre y cuando se especifique un motivo por el cuál la estancia del inquilino vaya a ser temporal: por un periodo vacacional, un contrato de trabajo temporal, un curso académico… Incluso estando especificado, el contrato de temporada podría ser declarado fraudulento si ese motivo no se puede justificar, por ejemplo, con un contrato de trabajo o una matrícula educativa.

"Si un inquilino ha firmado un contrato de arrendamiento con una duración inferior a un año o en el que no figure de forma expresa la causa o justificación que motive esa temporalidad, podrá comunicar al arrendador por escrito y por burofax su deseo de acogerse a la prórroga legal del contrato hasta alcanzar el plazo mínimo de duración (cinco o siete años, según la naturaleza del propietario)", explica María Fernández Martínez, abogada de Debelare Abogados.

Amenaza de desahucio

El anuncio de la subida llegó de forma inesperada para Eunate, que comenzó a informarse y se dio cuenta de la situación. Asesorada por el Sindicato de Inquilinos y convencida de que su contrato temporal era un fraude, decidió buscar una negociación con la empresa para poder quedarse en el piso, esta vez, con el contrato de alquiler habitual que correspondía a su situación.

"Los caseros no me quisieron hacer caso ni escuchar. Me querían hacer una subida de 30 euros, pero con otro contrato de temporada, así que nadie me aseguraba que no me volvieran a subir al año", explica Martínez, que ha seguido pagando su renta mensualmente pese a no tener ya el contrato en vigor. "Después de amenazarme tres veces con desahuciarme, hace mes y medio, me llegó la demanda de desahucio".

"Es una práctica que viene en aumento y la falta de regulación en la ley de vivienda crea un incentivo absolutamente perverso"

A pesar de que, con la ley en la mano, inquilinos como Martínez tienen la razón de su lado, no es raro que el conflicto acabe en una demanda de desahucio. Pocos inquilinos son los que continúan defendiendo su argumento ante esta tesitura, pero Martínez ha decidido tomarse el proceso judicial que se avecina como una oportunidad: "Voy a demostrar que mi vivienda habitual es esta. Vivo aquí, trabajó aquí y aquí me quiero quedar de manera indefinida".

El Sindicato de Inquilinos, por su parte, considera que las amenazas de desahucio en casos como este se están usando como una forma de intimidación que busca que los inquilinos desistan y lamenta que los contratos de alquiler temporales no se hayan regulado de forma más estricta en la recién aprobada ley de vivienda.

"Aunque se termine el contrato, no significa que en esa fecha te vayan a desahuciar ni te vayan a echar de tu casa. Es tu casa, tu domicilio, y puedes negociar un nuevo contrato desde allí si sigues pagando el precio que estabas pagando", declara Enric Aragonés, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya (Sindicat de Llogaters), que admite que la práctica de los contratos temporales fraudulentos está en auge y prevé que siga aumentando. "Es una práctica que viene en aumento y la falta de regulación en la ley de vivienda crea un incentivo absolutamente perverso para que se desvíen cada vez más viviendas al alquiler de temporada".

El regreso de los turistas a Barcelona

En abril de 2021 las restricciones por la pandemia estaban en su punto álgido después del paréntesis que hubo entre el confinamiento y la segunda ola. El centro de Barcelona estaba casi desierto sin las habituales riadas de turistas, estudiantes y todo tipo de población flotante que abarrota sus calles. Este fue el motivo por el que Clara E. encontró una "ganga" en pleno barrio del Raval.

"Era una empresa que se dedicaba a alquilar habitaciones a extranjeros y estaban un poquito desesperados", declara Clara, de 32 años. "Me ofrecieron alquilar un piso de tres habitaciones muy viejo, un cuarto sin ascensor, por 600 euros más 70 de gastos. El contrato era fraudulento por todas partes, pero yo no era consciente".

En su contrato figuraba que alquilaba tres habitaciones en lugar de un piso completo, aunque ella iba a vivir sola y no iba a subarrendar ningún cuarto. Además, el contrato tenía una duración de 12 meses y se especificaba que la temporalidad era debida a unas prácticas profesionales de la inquilina. Clara es funcionaria.

"Los contratos de temporada fraudulentos tuvieron un auge importante durante la pandemia, pues, dadas las limitaciones de circulación, muchos pisos turísticos quedaron vacíos"

"Los contratos de temporada fraudulentos tuvieron un auge importante durante la pandemia, pues, dadas las limitaciones de circulación, muchos pisos turísticos quedaron vacíos. Como los arrendadores no tenían claro cuando desaparecerían estas limitaciones, comenzaron a realizar contratos temporales fraudulentos sin que existiese causa que los justificase", explica la abogada María Fernández. "Esta práctica es totalmente fraudulenta, pues el destino principal de estos arrendamientos era el uso como vivienda habitual de la vivienda".

La pandemia pasó, los turistas volvieron y la empresa decidió que la estancia de Clara en la vivienda tenía que llegar a su fin. El pasado mes de diciembre le informaron de que tenía que marcharse en abril. "Ahora que ya ha pasado la pandemia y vuelve la gente lo que quieren es pegar una patada a los inquilinos que hemos sacado a flote esto cuando nadie quería estos pisos, echarme y alquilar la habitación para echarse más dinero al bolsillo", declara la inquilina a la que, igual que a Eunate, le han indicado una demanda por desahucio.

Para la abogada María Fernández, "si no existe justa causa que motive la temporalidad (...) y cuando el uso del inmueble sea para vivienda habitual y no de temporada, el inquilino podrá podrá permanecer en el inmueble durante 5 o 7 años previstos en el artículo 9 de la LAU. Durante este periodo se deberá -subraya Fernández- continuar abonando la renta fijada en el contrato".

Clara E. ha seguido, en estos últimos meses, pagando el mismo alquiler que figuraba en su contrato y, tras una negociación infructuosa con la propiedad, se prepara ahora para un proceso judicial en el que tratará de demostrar que su contrato es fraudulento.

"A pesar de que todo el mundo te da la razón, verte en un proceso por el hecho de que te quieren echar de tu propia casa a pesar de que no he incumplido en ningún momento, no he dejado de pagar ni un mes, es muy duro y muy injusto", declara Clara. "Es una sensación e injusticia de que esta gente lo único que busca es enriquecerse a través de un derecho básico como es la vivienda".

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