Óscar llevaba casi dos años viviendo con su pareja en un piso en Barcelona por el que pagaba 1.000 euros, un precio "razonable dentro de lo que hay ahora mismo", según sus palabras.

Él sabía que en el contrato existía la cláusula que suponía una revisión anual del precio en función del IPC, algo habitual en los contratos de alquiler que, hasta la escalada inflacionista que ha provocado la guerra de Ucrania, suponía solo una pequeña subida anual.

"Dos o tres semanas antes de cumplir el segundo año de contrato recibimos una carta tipo por mail que decía: 'Vamos a proceder a subir el alquiler según el IPC un 10,8%'". Esta subida, suponía, en su caso, tener que pasar a pagar 100 euros más al mes de la noche a la mañana.

Un número imposible de determinar de inquilinos están recibiendo avisos como este, anunciando subidas vinculadas al IPC que, desde marzo, son ilegales. Ese mes, el Gobierno aprobó un decreto que establecía un límite del 2% a las revisiones anuales en los contratos vinculados al IPC.

En el caso de grandes tenedores -los que tienen más de 10 viviendas- el decreto no deja lugar a interpretaciones, pero, en el caso de los que tienen menos de ese número de propiedades, la norma deja abierta la puerta a un "pacto entre las partes" por el que se pueda superar el tope del 2%. Si no hay acuerdo, el casero tiene que respetar ese límite.

"No hubo ni negociación ni historias, fue un aviso directamente de que iban a subir el alquiler, por suerte yo estaba enterado de que por ley se había restringido el tema de la subida y me empecé a informar", declara Óscar, que tiene 42 años y trabaja en una empresa online.

"No hubo ni negociación ni historias, fue un aviso directamente de que iban a subir el alquiler"

Todas las gestiones del alquiler las intermedia una inmobiliaria. Nunca han intercambiado una sola palabra con la propietaria del inmueble. Tras un intercambio de mails con la inmobiliaria, en los que se insistía en que la subida era legal, hubo unos días de silencio.

"Al cabo de dos o tres días me contestaron diciendo que procedían a hacer una subida del 2%", afirma Óscar, que consiguió evitar una subida que le habría supuesto tener que pagar 960 euros más al año de lo que paga actualmente por su alquiler. "En mi caso ha sido una pequeña victoria. Por informarme y luchar un poco, pero entiendo que otras personas que estén con la misma inmobiliaria y no hayan investigado se lo hayan comido con patatas seguro. Las formas, al menos como lo hemos vivido nosotros, no han sido de negociación, sino que nos la intentaron colar".

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Las "malas jugadas"

El Gobierno estimó que más de 2,6 millones de contratos se iban a beneficiar del tope del 2% a la subida de los arrendamientos cuando prolongó la medida, inicialmente aprobada solo hasta julio, para que siguiera en vigor hasta final de año. De media, los inquilinos españoles con contratos de alquiler vinculados al IPC se estarían ahorrando unos 55 euros mensuales, según datos del Ejecutivo.

Desde que se aprobó la norma, sin embargo, se desconoce cuántos de estas subidas han sido negociadas entre inquilinos y caseros con el resultado de un aumento superior al 2% y, menos aún, cuántas de estas subidas han sido producto de genuinas negociaciones y no del desconocimiento por parte del inquilino.

"Está habiendo algo de picaresca", admite Tomás de Felipe, abogado del departamento inmobiliario de Legálitas. "El decreto permite el pacto entre el propietario y el inquilino, pero tiene que ser una negociación nítida, verdadera, que sepa el inquilino lo del 2%, que el casero se lo plantee y que entre el propietario y el inquilino haya un acuerdo. El decreto lo permite, pero tiene que ser con buena fe y que haya un espíritu negociador, que se entiendan entre ellos y no intenten malas jugadas”.

"El decreto permite el pacto, pero tiene que ser con buena fe y que haya un espíritu negociador, que se entiendan entre ellos y no intenten malas jugadas"

La puerta abierta al pacto que deja el decreto hace que, aunque no haya habido una negociación de buena fe, sea muy difícil para el inquilino demostrarlo una vez que ha dado el visto bueno a una subida superior al 2%. "Ahí es difícil porque si se llega a un acuerdo con el propietario… El no conocimiento de la ley no significa que no exista, habría que acreditar que ha habido un error, un cierto engaño, un error en el consentimiento o una mala fe".

La excepción de los contratos de temporada

Paula llegó a Barcelona hace un año. Había encontrado un trabajo indefinido, pero no tenía nóminas anteriores que aportar, por lo que necesitó un aval de su hermano para poder acceder a su piso, una vivienda de menos de 40 metros cuadrados por el que pagaba 700 euros al mes. Era la primera vez que firmaba un contrato de arrendamiento.

Cuando firmó por tres años, no era consciente de lo que suponía un contrato de temporada. La primera vez que fue consciente fue al comprobar que su vivienda tenía un precio superior al que marcaba el límite a los precios vigente entonces en Cataluña. "Los de la inmobiliaria me dijeron que, al ser un contrato de temporada, no aplicaba".

La misma circunstancia le impidió solicitar el bono de alquiler joven aprobado en enero y, cuando recibió el mail de la inmobiliaria informando que el precio de su alquiler subiría un 10% por estar vinculado al IPC, supo que tampoco podía beneficiarse del tope aprobado en marzo.

"Les dije que ya sabía que no aplicaba a mi contrato porque era de temporada pero que no me parecía correcto que me subieran un 10% y que tuviera un alquiler de temporada cuando mi trabajo es indefinido y voy a estar aquí más de un año", explica Paula. La respuesta de la propietaria fue contundente: El contrato se iba a quedar así al menos tres años, pero aceptaba que la subida fuera solo del 5%. "Pues muy bien, muchas gracias".

"Les dije que ya sabía que el tope no aplicaba a mi contrato porque era de temporada pero que no me parecía correcto que me subieran un 10%"

"Este real decreto es para vivienda habitual, no es para contratos de locales comerciales, oficinas y en teoría tampoco para viviendas de temporada", explica el abogado de Felipe, en referencia a los contratos que se suelen hacer a estudiantes durante un curso o personas que necesitan una vivienda durante periodos concretos de menos de cinco años.

"Otra cosa es que el contrato de esta persona lleve la forma de temporada, pero, realmente, al final sea un contrato encubierto de vivienda habitual, y hay tribunales que han reconvertido contratos de vivienda de temporada en habitual", añade de Felipe.

Tras consultar con una abogada, Paula renunció a iniciar una incierta batalla legal por cambiar la naturaleza de su contrato y aceptó la subida propuesta por la propiedad: "He aceptado la subida del 5% porque buscar piso en Barcelona es una locura y, por ahora, me voy a quedar, pero sigo mirando los alquileres que hay por si a alguno me interesa y puedo mudarme lo antes posible".

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