Tras medio año en el piso de alquiler al que se había mudado con su novia, Miguel -que prefiere ocultar su apellido-, de 37 años, escribió un email a su casera que parecía rutinario. "La caldera estaba mal desde el principio, no medía la presión y consideramos que era un poco peligroso", declara en conversación telefónica con 20minutos.es. "A los días contestó con un audio diciendo que ya no hacía falta cambiar la caldera porque su hija iba a ocupar el piso".

El mensaje les dejó atónitos porque justo medio año antes, cuando firmaron el contrato, la casera dejó claro que buscaba inquilinos de larga duración. Fue el match perfecto, pues era precisamente lo que querían Miguel y su novia: un piso al que llamar hogar durante muchos años. "Sentía que estaban echándonos sin ningún tipo de problema, como si nada", recuerda, "fue muy duro".

El caso de Miguel no es único. Según denuncia el Sindicato de Inquilinas, cada vez más arrendatarios ven cómo sus "caseros les amenazan con echarles de su casa para hacer un uso personal de la misma". Para esta organización, esto es, en muchas ocasiones, "una forma de saltarse la ley" si los caseros no cumplen una serie de requisitos o si echan a los inquilinos para volver a alquilar la vivienda. "Los fondos buitres radicalizaron el mercado en España. Esto ha hecho que las inmobiliarias se hayan radicalizado también y aconsejen a los propietarios subir el precio o alquilar por habitaciones para sacar una rentabilidad más alta", declara Víctor Palomo, abogado del sindicato y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES.

La Agencia Negociadora del Alquiler comparte que estas conductas por parte de los caseros se están produciendo con más asiduidad. "No sabemos si son simuladas o necesidades verdaderas, pero sí estamos notando que están creciendo", declara José Ramón Zurdo, director general de la agencia. Todo esto se produce, incide Zurdo, en un contexto de medidas extraordinarias en beneficio de los inquilinos por parte del Gobierno, como es el límite del 2% a las subidas anuales de los alquileres y la prórroga obligatoria de 6 meses al finalizar el contrato. Además, coincide también con la subida de las hipotecas vinculadas al euríbor.

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Después de recibir el mensaje de su casera, Miguel describe cómo al "shock" inicial le siguió la voluntad de ponerse a investigar -había estudiado Derecho- y encontró un resquicio legal para evitar lo que parecía inevitable. Así, cuando la hija de su casera se puso en contacto con él para saber cuándo se irían del piso, Miguel tenía la respuesta preparada: "Le expliqué amablemente la situación y que no teníamos intención de irnos".

La cláusula, requisito imprescindible

En 2019, la ley de vivienda sufrió una nueva modificación. "Todos los partidos la cambian", explica Alberto Torres, presidente de la sección de arrendamientos urbanos del colegio de la abogacía de Madrid. "En 2019, el PSOE dijo que era necesario que figurara una cláusula en el contrato que especifique la causa de necesidad para recuperar la vivienda (que hasta entonces no era obligatoria). Por ejemplo, por un divorcio, para un hijo... Si no existe esa cláusula, no hay nada que hacer. Por eso es muy importante que los arrendatarios estén informados".

Precisamente este cambio legal fue a lo que pudo aferrarse Miguel para evitar tener que abandonar el piso. "Al final [la hija de la casera] admitió que lo tenían muy difícil, como que ella ya sabía lo que había, hizo el intento pero ya vio que no".

Diana -nombre ficticio- vivió una situación similar hace unas pocas semanas. Tras dos años y medio viviendo en el piso con sus hijas y su marido, recibió un mensaje de la inmobiliaria en nombre del casero. "Necesitaba recuperar su vivienda por un tema personal y me daban tres meses. Me dijeron que quería volver a Madrid y que, tal y como estaba el mercado, su mejor opción era volver a su propia vivienda", explica Diana por teléfono.

El contrato, sin embargo, no incluía la cláusula, un dato que sacó a relucir el día que se reunió con el agente de la inmobiliaria en persona. "Le dije que lo sentía mucho, pero que tenía derecho a seguir en mi vivienda y que nos íbamos a quedar. Se quedó blanco como la pared", declara la inquilina que, efectivamente, sigue a día de hoy en el piso.

"Le dije que si el casero era consciente de que sin esa cláusula era ilegal y me dijo que sí", declara Diana, dolida. "Sabiendo que no tenía derecho, estaba dispuesto a echarme del piso con dos niñas pequeñas, una de dos y otra de cuatro años, y dejarme en la calle".

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"Hay abusos por las dos partes"

Víctor Palomo, abogado del CAES, denuncia en este sentido la "sensación de impunidad por parte de los propietarios". "A veces vemos unas barbaridades...", detalla.

El artículo 9 de la ley de Arrendamientos Urbanos marca una serie de puntos que se tienen que cumplir para poder echarlos. En primer lugar, no se puede reclamar la vivienda durante el primer año. En segundo, tiene que existir dicha cláusula y, en tercero, debe acreditarse el motivo. "El problema es que a día de hoy muchos no demuestran nada y hay inquilinos que no piden ninguna prueba y se van", continúa Palomo. "Hay mucho desconocimiento".

Por ello, aconsejan pedir una declaración jurada, localización de propiedades, justificante explicativo de los cambios y compromiso de enviar el empadronamiento del nuevo inquilino. Así, el arrendatario cuenta con un plazo de al menos dos meses para abandonar la vivienda y el casero deberá ocuparla en menos de tres. De no ser así, el artículo 9 establece que se debe indemnizar al inquilino bien recuperando la vivienda o con una compensación económica. Sin embargo, Palomo insiste en que es "muy difícil" demostrar que se ha producido un abuso. "Te puedes ir como un psicópata a la puerta de casa, pero es una acción muy intrusiva que no creo que sea lo que quiere la ley. Hay una desprotección muy fuerte con el inquilino".

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Para Alberto Torres, presidente de la sección de arrendamientos urbanos del colegio de la abogacía de Madrid, la situación "está bastante bien regulada por la ley", pero es difícil llevarlo a la práctica y es ahí cuando se producen "abusos por las dos partes". Por un lado, muchos propietarios no aportan pruebas esperando que el inquilino no acuda a la justicia y muchos inquilinos deciden no abandonar la vivienda también dando por hecho que el propietario no iniciará un engorroso proceso legal.

La situación de Carmen -que también prefiere ocultar su nombre real-, una trabajadora del sector del marketing digital de 37 años, refleja bien esta circunstancia. Como en los casos anteriores, su casera le informó de que debía abandonar el piso del que era inquilina por, en este caso, necesitarlo para ella misma. También como en los casos anteriores ha decidido no acatarlo, aunque su situación es más compleja porque la cláusula que permite a la casera disponer del piso en caso de necesidad personal sí está especificada en el contrato.

"En un principio quería venderlo al terminar mi contrato, pero, un día, me llamó y me dijo que si no conseguía venderlo en mayo -tres años y medio antes del final del contrato de alquiler- iba a volver ella al piso porque lo necesitaba. Se notaba que no era verdad porque es una decisión que no se toma de un día para otro", declara Carmen, que atribuye el cambio repentino a una represalia por no facilitar que el piso pudiera ser visitado por potenciales compradores.

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"Estuve unos días súper estresada, sin dormir, pero bueno me puse a investigar y miré si podía comprarle el piso y cuando se lo dije, me dijo que vale, ahí sí. Entonces ya veo que no es que lo necesitara, sino que había visto la posibilidad de venderlo o alquilarlo más caro", declara Carmen. "Vi que ella tenía otro piso en propiedad y me di cuenta de que me estaba estafando, además, las razones que me dio fueron insuficientes, cuando normalmente pides la devolución de piso por razones personales tienes que justificarlo bien". "Yo siempre he pagado el alquiler y mi perspectiva es quedarme hasta que me denuncie".

No obstante, son muy pocos los casos en los que el casero decide denunciar al inquilino por no abandonar la vivienda, tal y como recalca Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler: "El procedimiento para exigir el cumplimiento de esa causa es un juicio declarativo ordinario que es lentísimo, con lo cual el arrendador está desprotegido. Muchas veces, le conviene al propietario esperar a que acabe el contrato y va a ganar tiempo, antes de intentar echar al inquilino por este motivo".

En la misma línea, el abogado Alberto Torres, señala que, "muchas veces el juicio, al no ser rápido como puede serlo uno por desahucio por impago, va a tardar más en producirse que la propia finalización del contrato", lo que, según explica, suele disuadir al casero de acudir a la justicia. "Puede durar al menos un año, dos si se recurre, y los daños y prejuicios son solo un mes por año de renta. Muchos piensan '¿Me voy a ir a un juicio para reclamar esa compensación?'".