Como cada mes, Sabina Carrau encontró en su buzón el recibo del propietario de su piso en el que se indicaba la cantidad que la inquilina tenía que ingresar en concepto de renta. Era verano del año pasado y esta periodista uruguaya de 46 años llevaba ya cuatro años en la vivienda, por la que pagaba 900 euros. 

Ese recibo, sin embargo, presentaba una subida correspondiente con la revisión anual vinculada al IPC, pero que, claramente, no respetaba el límite del 2% que el Gobierno había establecido para proteger a los inquilinos durante la crisis de la inflación.

"Eran unos 50 euros de más, hice los cálculos y dije: 'Si el máximo es un 2%, esta no es la cifra'", recuerda Carrau, que decidió compartir lo que le estaba pasando en el grupo de Whatsapp que tenían todos los inquilinos del bloque, ubicado en el paseo de la Chopera, en Madrid, y todo él propiedad de una misma empresa. "Nos dimos cuenta de que nos estaba pasando lo mismo a todos, nos estaban aplicando subidas de en torno al 4,7%, y decidimos juntarnos y empezar a hacer asambleas para decidir cómo responder".

Bieito Álvarez

Los vecinos decidieron acudir al Sindicato de Inquilinas, que les recomendó agotar todas las vías amistosas, en primer lugar, escribir una carta conjunta a la propiedad. La respuesta de la empresa, también por carta, fue rechazar la "representación colectiva" y argumentar que "la política intervencionista del Gobierno" hacía su actividad "inviable" y recordaba que "muchos propietarios han vendido y otros han pasado a fórmulas más equilibradas como el arrendamiento por temporada o el arrendamiento turístico". En definitiva, seguía negándose a cumplir la ley.

La relación con la propiedad había sido siempre tormentosa, según denuncian los vecinos del bloque, debido a sus reticencias a reparar los desperfectos que se iban generando tanto en las viviendas como en las zonas comunes. Pero ese mensaje de Carrau iniciaría, por primera vez, el camino hacia una acción conjunta de todos los vecinos contra los dueños del edificio.

Éstos tendrían que acabar cediendo, pero a cambio de iniciar su particular venganza, rescindiendo los contratos que se acercaban a su fin para volver a sacarlos al mercado con subidas de hasta el 90% antes de que pudiera entrar en vigor la nueva ley de vivienda. En el bloque de Chopera, hay ahora mismo una oferta en Idealista por uno piso similar al de Carrau -por el que paga 916 euros al mes- por 1.700 euros mensuales.

Idealista

La empresa, propiedad de las hermanas y dividida en tres sociedades llamadas Hice, Caspima y Casvoz, ha rechazado dar su versión para este reportaje.

De las medidas extraordinarias a la ley de vivienda

La ya crónica crisis de la vivienda en España ha tenido, en los últimos años, una consecuencia especialmente dramática en los precios de los alquileres, una alternativa residencial que ya abarca a casi un cuarto de la población española.

La escalada de precios que se está viviendo en las grandes ciudades, ha llevado a la consolidación de un movimiento social en defensa de los derechos de los arrendadores, protagonizado por los sindicatos de inquilinos, que está empezando a tener su reflejo en las políticas públicas.

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Tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2018, cuando el PSOE aún Gobernaba en solitario, el inicio de la Guerra de Ucrania creó el contexto también para que se aplicaran nuevas medidas, aunque tímidas, en favor de los inquilinos.

Concretamente, se estableció un límite del 2% en las subidas anuales que algunos contratos contemplan en función del IPC, que en los pasados meses ha llegado a estar por encima del 10%. También se incluía una cláusula que ampliaba en seis meses de duración los contratos que terminaran en este periodo. Todo ello sigue en vigor, al menos, hasta el 30 junio.

"Los arrendatarios pueden solicitarlo, que simplemente es comunicar que se va a acoger a la prórroga de seis meses, y el arrendador, indiferentemente de que sea una persona jurídica o física, tiene la obligación de aceptar esa prórroga igual que el tope del 2%", explica Macarena Redondo, abogada de Legálitas.

"El arrendador, indiferentemente de que sea una persona jurídica o física, tiene la obligación de aceptar esa prórroga igual que el tope del 2%"

Ante esta situación legal y la negativa de la empresa a aceptarla, el Sindicato de Inquilinas aconsejo a los vecinos del bloque de Chopera, ubicado a escasos metros del popular centro cultural El Matadero y el parque de Madrid Río, acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para que actuara como mediación.

Este órgano dio la razón a los vecinos y la propiedad asumió el mes pasado su derrota y empezó a devolver el dinero que había cobrado de más a los vecinos que no se habían negado a pagar la subida por encima del 2%.

Expulsados de sus casas

Sin embargo, en paralelo a este proceso, la propiedad ya estaba actuando para optimizar sus ingresos, probablemente en previsión a la inminente aprobación de la nueva ley de vivienda.

Ramón Senra estaba extrañamente en casa a las 10 de la mañana del pasado 22 de noviembre cuando sonó el timbre. Un cartero traía un burofax. "Yo firmé y lo recogí porque me imaginaba que alguien tenía algo importante que decirme, pero no me podía imaginar que sería esto", explica este inquilino de otro de los edificios propiedad de la empresa del bloque de Chopera, en este caso, en la Avenida de Valladolid.

El burofax provenía de la propiedad, en su caso la sociedad llamada Caspima informándole de que tendría que abandonar el piso donde vivía con su hijo de ocho años el 31 de diciembre, al terminar el contrato que había firmado en 2015. Senra habló con un representante de la empresa, que le tranquilizó y le instó a hablar más adelante sobre la posibilidad de renovar el contrato con una subida pactada entre ambos.

Bieito Álvarez

"Le llamé otra vez el 27 de diciembre porque no tuve noticias y me dijeron que estaba de vacaciones, así que, el 1 de enero, decidí pagar la renta con un 2% de subida por IPC porque me tocaba la revisión anual ese mes”, explica este trabajador de una empresa química de 50 años. Informó a la empresa de que se acogía a la prórroga de los seis meses del contrato en vigor y esperó respuesta: "Me dijeron que estaba fuera de plazo y que ya no debería estar en mi casa".

Tras la sorpresa inicial, un amigo le confirmó que tenía derecho a acogerse a la prórroga y, en medio de la conversación le dijo: "Estoy escuchando ahora mismo en la radio una gente del paseo de la Chopera que está contando exactamente lo mismo que me estás contando tú a mí".

De vuelta al bloque donde comienza este reportaje, compartir la subida ilegal de más del 2% que estaba tratando de realizar la empresa a todos los inquilinos sirvió también para descubrir que, todos aquellos a los que se les acercaba la fecha de finalización del contrato estaban recibiendo burofaxes informándoles de que tenían que abandonar la vivienda.

"Una vecina les escribió viendo que se acercaba el final de su contrato y les respondieron por escrito: 'Efectivamente, nuestra intención es rescindir todos los contratos que estén en vigor ahora'", declara Ruth Cunningham, una profesora británica de 37 años que vive en el bloque con su pareja y su hijo recién nacido. "Lo dijeron abiertamente", subraya.

Efecto llamada del pánico entre los propietarios

La nueva ley de vivienda, que entrará previsiblemente en vigor en las próximas semanas tras ser aprobada en el Congreso este jueves, sí prevé limitar las subidas que podrán realizar los caseros tras la finalización de los contratos, pero solo tendrá aplicación en las zonas consideradas "tensionadas" por los gobiernos autonómicos.

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Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya han verbalizado su intención de no aplicar, dentro de sus competencias, esta norma cuando entre en vigor.

A pesar de esto, según la abogada Macarena Redondo, la inminente entrada en vigor de la ley está provocando un efecto llamada entre los propietarios que están realizando un número cada vez mayor de consultas a Legalitas sobre cómo proceder para aumentar los precios de sus alquileres antes de que puedan ser topados.

"Nosotros lo estamos viendo y todo aquel propietario que puede resolver contratos y negociar nuevos contratos con un incremento de renta importante lo está haciendo en previsión de antes de que entre la norma en vigor", asegura Redondo.

El futuro parece negro para los vecinos de los tres bloques propiedad de esta empresa, que han conseguido forzar a la propiedad a cumplir con el tope del 2%, pero difícilmente podrán evitar que les expulse de sus viviendas al finalizar sus contratos o que les imponga una subida desorbitada.

Ramón Senra ha recibido de hecho una notificación de desahucio a pesar de haber informado de que se acogía a la prórroga de seis meses, que haría que su contrato finalizase en julio. "Yo lo que creo es que nos quieren echar de nuestras casas antes de que entre en vigor la ley", declara Senra, que asegura que no piensa irse de su piso hasta que se resuelva el proceso legal. "Ya es una cosa personal, te lo digo claramente, yo llevo ahi un monton de tiempo, las paredes se me caen del pasillo, el techo, cuando pisa el de arriba en uno de los cuartos, se me cae un cacho, el suelo le tuve que poner unos vinilos que no lo podía pisar… esa casa no vale 1.300 euros, es imposible".

Carrau, por su parte, tiene contrato hasta 2027, pero sigue implicada en dar a conocer el conflicto. "Yo, el empuje que estoy haciendo es porque me parece una injusticia y merece la pena hacerlo por mis vecinas y vecinos por lo que está pasando y porque son una gente muy miserable, que mi vecina tiene ELA y está en una silla de ruedas y le han dicho literalmente que cuando se muera le va a dar igual", declara Carrau. "Son gente que no les falta la pasta y lo que estamos pidiendo no es quedarnos sin pagar, lo que estamos pidiendo es que se negocie un alquiler que sea asumible con los sueldos de la gente".

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