Octubre se presenta como el mes clave para que PSOE y Sumar terminen de encarrilar la investidura de Pedro Sánchez. En las cuatro próximas semanas, los socialistas no solo tendrán que terminar de negociar con Junts, ERC, EH Bildu y PNV, sino que, además, deberán finiquitar las conversaciones con Sumar, enganchadas desde hace semanas en algunos puntos del programa electoral y en las que aún no se ha entrado con detalle a discutir la composición del futuro Gobierno. 

Ambos partidos escenificaron su sintonía este miércoles en una reunión que mantuvieron sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que se han conjurado para cerrar su acuerdo antes de fin de mes. Pero, para ello, antes tendrán que acercar posiciones en asuntos sociales, en los que hasta ahora se ha avanzado menos. Sumar, opacado hasta ahora porque el foco se ha centrado en las negociaciones con los independentistas para la amnistía, busca volver a tener protagonismo, y para ello lleva días intentando que las conversaciones se centren en temas laborales, como son la reducción de la jornada o la ampliación de los permisos laborales aprobados hace unos meses.

En base a esa estrategia, y después del fracaso de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la coalición que lidera Yolanda Díaz ha endurecido en los últimos días el tono contra el PSOE y ha avisado de que no piensa dar a los socialistas "un cheque en blanco". La posición negociadora de Sumar, no obstante, es muy complicada: todos los dirigentes de la coalición admiten en público y en privado que el único escenario que se contempla es llegar a un acuerdo, puesto que no hacerlo supondría forzar una repetición electoral. Y, sin poder utilizar esa herramienta de presión, el PSOE tiene las manos mucho más libres para rechazar las propuestas de Sumar.

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No obstante, Sánchez quiso hacer este miércoles un guiño a sus socios reuniéndose con Díaz en primer lugar, antes que con cualquier otro de los partidos que necesita para su investidura. Y Sumar, por su parte, ha aprovechado que los focos se han vuelto a poner sobre ellos para reivindicar un acuerdo "ambicioso" que suponga que "el próximo Gobierno no vaya al ralentí". Fuentes de la coalición aseguran que para ellos es inadmisible cerrar un texto que no concrete los detalles de las medidas que debe poner en marcha el Ejecutivo —que es lo que, afirman, busca el PSOE—, porque eso implicaría no poder presionar a los socialistas durante la legislatura para que apliquen el contenido más progresista del pacto.

Jornada laboral o permisos

Tal y como explicó este miércoles el secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, la formación quieren "un programa ambicioso en materia de reducción de jornada laboral". En concreto, Sumar apuesta por rebajar de forma inmediata la jornada laboral de las actuales ocho horas diarias a siete horas y media —37,5 horas semanales—, con vistas a seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales, es decir, la jornada de cuatro días laborables sin reducción salarial. 

Álvarez también abogó este miércoles por aprobar "un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI que regule el despido". Lo que plantea Sumar, tal y como viene recogido en su programa y como ha defendido públicamente Díaz desde hace meses, es implantar un sistema de despido "restaurativo y disuasorio", por el cual se endurecerían las condiciones para rescindir los contratos y las indemnizaciones se calcularían no en base a un número fijo de días por año trabajado, como hasta ahora, sino en función del perjuicio ocasionado al trabajador teniendo en cuenta su edad, su género o sus circunstancias familiares.

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Otra de las reivindicaciones de Sumar en las que el acuerdo con el PSOE todavía no está cerrado es la ampliación de los permisos laborales que aprobó hace unos meses el Gobierno después de que el adelanto electoral impidiera aprobar la ley de familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. En concreto, el pasado junio se aprobaron tres nuevos permisos: dos de ellos retribuidos, de cuatro y cinco días al año por causas de fuerza mayor y por cuidado de familiares, respectivamente, y un tercero de ocho semanas para cuidado de los hijos, este último sin retribución.

Prácticamente desde que estos permisos fueron aprobados, el espacio a la izquierda del PSOE —primero Unidas Podemos y después Sumar— han presionado para que los trabajadores que se acojan al tercero de ellos, el de ocho semanas, puedan al menos cobrar una parte de su salario. Y eso esa es una de las reclamaciones que plantea la coalición de Díaz en la negociación con el PSOE, según deslizó este miércoles Álvarez, que aseguró que "es necesario impulsar la conciliación y hacerlo con permisos que sean retribuidos".

En lo relativo a la vivienda, otro de los temas mencionados por Álvarez este miércoles, Sumar planteaba en su programa la necesidad de invertir durante la próxima década unos 10.000 millones de euros "en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda" para establecer un parque de pisos de alquiler social de "más de dos millones" de inmuebles. Además, Díaz ha defendido la puesta en marcha de un bono de 1.000 euros en un único pago para los hogares que tengan hipotecas a tipo variable por valor de hasta 250.000 euros, los más perjudicados por el alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).