En los últimos meses, la okupación ha sido el foco principal en los temas de actualidad. Casos como el del barrio de Bonanova, en Barcelona, o el del municipio de Alcobendas, en Madrid, han cobrado importancia entre las más de 75.000 denuncias que se han registrado entre 2018 y 2022, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Es por ello que desde la compañía aseguradora Línea Directa han realizado un estudio para determinar cuál es el grado de preocupación de los ciudadanos en lo que ya se ha considerado como un "problema social".

Mediante una encuesta realizada a 1.700 personas procedentes de distintos puntos de España y englobadas en diferentes rangos de edad, esta empresa ha presentado este martes en una rueda de prensa los resultados de Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas, un informe que recoge diferentes cuestiones acerca del fenómeno. En él, 1 de cada 4 españoles ha considerado que ve posible que le okupen la casa, además de determinar cuál es, para ellos, el proceso más adecuado para un desalojo y las soluciones que creen mejores para frenar la okupación.

Tal y como ha destacado Mar Garre, la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, el modelo de estudio que han seguido les ha permitido "detectar la gran preocupación que existe en la sociedad por la okupación de viviendas". A continuación, la responsable ha expuesto los resultados que la aseguradora ha obtenido con su cuestionario.

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En base al estudio, un 77% de los españoles considera que la okupación es un problema social y el 24% de estos creen que hay una probabilidad media o alta de que puedan okupar su vivienda. Además, el 31% de los encuestados dice conocer a alguien que ha sufrido okupación de algún tipo.

Preocupación por rangos de edad

Si se desglosa esta preocupación en rangos de edad, la entidad aseguradora recoge que el grupo de personas entre 30 y 44 años es el "más preocupado" (un 80% de síes) a la hora de considerar la okupación como un problema social, y es también el grupo que asegura conocer a más afectados por ello. Por el contrario, el grupo menos preocupado por la okupación es el que comprende las edades de 18 a 29 años y dentro de él, un 21% cree que se exagera "por motivos ideológicos". Asimismo, uno 1 de cada 3 jóvenes considera que la principal razón de la okupación es la dificultad de acceso a la vivienda por el alto precio.

En cuanto al rango de las personas que comprenden de los 65 a los 75 años de edad, el 79% cree que la okupación es ya un problema social y es el grupo más partidario a que se suban las penas por ello. Por último, las personas que tienen entre 45 y 64 años, consideran que las penas por okupación son muy laxas y son los más críticos ante la permisividad con del fenómeno.

Cataluña y Andalucía, las CCAA más afectadas

Si se analiza la evaluación del número de casos por okupación ilegal en España, entre 2018 y 2022 han aumentado en casi un 40%, superando los 75.000 casos en ese tiempo, y con mayor incidencia en verano. Las comunidades autónomas más afectadas han sido Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Respecto a la preocupación de sus habitantes, los resultados de la encuesta han determinado que los ciudadanos de Cataluña y Andalucía son los que más preocupados están -junto con los de Cantabria- y los que menos se encuentran en Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, siendo esta última una de las comunidades a los que más casos se ha enfrentado.

LÍNEA DIRECTA

Permisividad ante la okupación

La duración media de un proceso para recuperar una vivienda okupada es de más de un año y medio (20,5 meses). Esto lleva a los españoles a considerar que, cada vez, este fenómeno está más en auge y un 84% cree que se ha sido permisivo con la okupación.

También consideran que la lentitud de la justicia (28%) y la falta de vivienda (23%) son motivos por los que las cifras de okupación ha crecido en estos últimos cinco años.

En porcentajes inferiores, un 10% cree que este fenómeno se ha magnificado por el nivel de pobreza de la ciudadanía y un 8% lo achaca a mafias organizadas.

Penas "laxas" sin seguridad jurídica

Aunque el proceso de desalojo sea un camino "largo y costoso", tal y como define este estudio, las personas que okupan una vivienda tienen su correspondiente pena. El informe recoge que 3 de cada 4 españoles, es decir, un 73%, creen que las penas por okupar son muy laxas y, por tanto, no hay seguridad jurídica, frente al 21% que considera que las penas son correctas. Por otro lado, un 4% de la población española recoge que la okupación no debería estar penada y un 2% asegura que la justicia tiene que rebajar las penas.

En relación con las penas surge la siguiente pregunta: ¿qué proceso es el más adecuado en un desalojo? De los 1.700 encuestados, un 53% eliminaría las órdenes judiciales en los desalojos en el caso de no demostrarse in situ la propiedad o la existencia de un contrato; un 35% considera que el proceso tiene que ser con una orden judicial, pero plazos rápidos (por ejemplo, el desalojo inmediato tras comprobar el registro de la propiedad), y un 12% asegura que siempre se tiene que cumplir con la orden judicial para el proceso de desalojo.

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Todo el proceso de desalojo y pena por okupación está regulado bajo una series de leyes que solamente el 22% de los encuestados afirma conocerlas. Por su parte, un 50% dice tener nociones generales sobre la actual legislación y un 28% asegura no conocerla.

Tras el análisis de los resultados, queda claro que la preocupación por la okupación está considerado como un problema social por parte de la población. Pero, ¿qué soluciones hay para ello? Un 60% de los encuestados considera que se deben endurecer las penas y agilizar los desalojos; un 45% reclama que se fomente más vivienda social y un 31% cree que tiene que haber una mayor acción policial sobre las mafias.