El Congreso comenzará ya desde la semana que viene a permitir las intervenciones en las lenguas cooficiales del Estado, el catalán, el euskera y el gallego, y también en las no oficiales, como el aragonés, el aranés o el asturiano. Así se aprobó este miércoles en la Mesa de la Cámara Baja, su máximo órgano de gobierno, en la que PSOE y Sumar hicieron valer su mayoría y firmaron un acuerdo por el cual los diputados podrán intervenir en cualquiera de estos idiomas a partir del Pleno del próximo martes en el que, precisamente, se debatirá por la vía urgente la reforma del Reglamento del Congreso para blindar el uso de las lenguas cooficiales a nivel parlamentario.

Aunque la reforma aún no se ha acometido, la Mesa entiende que, como el Reglamento no prohíbe expresamente el uso de las lenguas que no sean el castellano -tampoco lo menciona siquiera-, ya se pueden utilizar. La reforma se ha impulsado para que en el texto legal quede claro el reconocimiento de todas las lenguas cooficiales y regular su utilización en el Congreso.

Como esta reforma del Reglamento de la Cámara Baja aún no está aprobada, y además —tal y como han avisado los letrados del Parlamento— su puesta en marcha requerirá adaptar algunos de los procedimientos legislativos, la Mesa del Congreso acordó este miércoles implantar un sistema provisional para que ya desde la semana que viene pueda intervenirse en idiomas diferentes al castellano ante el Pleno. Dicho sistema se utilizará tanto en el propio debate sobre la reforma reglamentaria como en la sesión de investidura a la Presidencia del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre.

Fuentes parlamentarias explican que se contratarán de forma exprés intérpretes para que, en las próximas sesiones plenarias, todos los diputados puedan entender a través de traducción simultánea a las señorías que intervengan en catalán, gallego o euskera. Por el contrario, a los parlamentarios que decidan utilizar el aranés, el aragonés, el asturiano o cualquier otro idioma no recogido como oficial en los estatutos de autonomía no se les traducirá, sino que deberán ser ellos mismos los que hagan su intervención primero en esa lengua y, posteriormente, en castellano.

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La decisión de la Mesa, en la que la izquierda tiene mayoría y Vox no cuenta con representación, llega entre dudas de los letrados de la Cámara. En un informe jurídico realizado ad hoc, dicen considerar "muy difícil, si no imposible", aplicar esta medida "de forma inmediata", como se ha aprobado. Y es que, explican que supondría "replantear todos los procedimientos parlamentarios". 

En este sentido, los letrados apuntan que la nueva norma "reconoce a los diputados un derecho general a utilizar sin limitaciones y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria las mencionadas lenguas", pero solicitan que vaya acompañado de mecanismos de traducción e interpretación a la lengua común. "Desde el mismo momento en que se permita el uso de aquellas, será preciso asegurar, por un lado, la comprensión del debate y el objeto del mismo, y por otro, dotar de validez jurídica plena y erga omnes a las iniciativas sobre las que se discute y que, eventualmente, resulten aprobadas y, más ampliamente, a todos los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, que hayan de ser tramitados en la Cámara", apunta el texto, algo a lo que los grupos han tratado de dar respuesta con la contratación de intérpretes. 

Esta medida fue pactada entre la mayoría de la investidura para hacer presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol en la sesión inaugural que tuvo lugar el pasado mes de agosto. La iniciativa se presentó el pasado miércoles y fue firmada por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV y el BNG. Junts, pese a haber estado en las negociaciones desde el principio, decidió quedarse fuera, aunque que su voto será favorable.