Primera sesión plenaria del Congreso de la XV Legislatura, primera victoria del bloque progresista de PSOE y Sumar que aspira a reeditar el Gobierno de coalición. La izquierda consiguió este jueves mantener la mayoría progresista en la Mesa de la Cámara Baja, el órgano de gobierno de la institución, a través de un pacto con ERC y Junts que le ha permitido superar la primera bola de partido de la legislatura, puesto que un Congreso controlado por PP y Vox hubiera dejado el terreno expedito para una repetición electoral. Pero los nacionalistas catalanes insisten: que se haya alcanzado un pacto este jueves no implica que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pueda darse por descontada.

Pese a la alegría en la izquierda por haber conseguido capear este primer escollo, nadie quería este jueves echar las campanas al vuelo porque todo el mundo es consciente de que las negociaciones para la investidura de Sánchez siguen siendo complicadas. De hecho, el expresident catalán Carles Puigdemont, líder de Junts, aseguraba este jueves en un mensaje en su cuenta de Twitter que "la investidura está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones", y el mensaje que han trasladado tanto su partido como ERC es unívoco: el pacto suscrito este jueves no implica en ningún caso que haya un acuerdo para investir a Sánchez, algo para lo que hay que seguir negociando.

Por ello, tras la sesión plenaria de este jueves, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se limitaba a asegurar que los números en la Cámara Baja dejan claro que "solo hay un presidente posible, que es Pedro Sánchez", toda vez que considera que el PP tiene muy complicado reunir suficientes apoyos para gobernar, y señalaba que los socialistas van a "trabajar para llegar a una investidura que alumbre un Gobierno progresista y una legislatura de avances y no retrocesos". Pocos triunfalismos para un partido que, eso sí, se ha cuidado mucho de asegurar que no ha prometido a Junts la "amnistía" que reclama para los dirigentes políticos implicados en la declaración de independencia de Cataluña de 2017.

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Pero eso es precisamente lo que reclaman los independentistas: la aministía. Aunque Junts y ERC, sumidos en su particular pelea por la hegemonía del espacio independentista, no han conseguido hilvanar una estrategia común para negociar con el PSOE, ambos se han mostrado claros a la hora de reclamar esa medida, que supondría aprobar una ley por la cual todos los posibles delitos relativos al procés quedarían automáticamente perdonados. 

La "desjudicialización" de la crisis territorial debe llevarse a cabo utilizando todas las herramientas legales y jurídicas, también una amnistía, señaló este jueves el líder de ERC, Oriol Junqueras, mientras la presidenta de Junts, Laura Borràs, aseguró que su reclamación sigue siendo "la amnistía para 4.200 personas y la autodeterminación". "Si no hay una negociación seria en esos términos, no habrá investidura", amenazó Borràs apenas unas horas después de que su partido apoyara al PSOE para mantener la mayoría progresista en la Mesa del Congreso.

El PSOE, al menos por el momento, se ha mostrado muy esquivo ante la posibilidad de poner en marcha esta amnistía. Pero no así Sumar, que, si bien no la ha apoyado claramente, sí ha hecho varios gestos de apoyo a la medida. La propia líder de la coalición, Yolanda Díaz, aseguró este jueves en la Cadena SER que, "en relación a la legalidad y constitucionalidad de esta medida, hay ilustres juristas que estos días vienen adverando que es completamente constitucional". "Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero con la convicción de avanzar en democracia", apuntó Díaz a este respecto.

El PP mantiene que Vox "no ha retirado su apoyo" 

El análisis del PP, por su parte, es radicalmente distinto al de la izquierda. Los populares mantienen que la situación no ha cambiado después de contemplar cómo Vox retiraba el guante a su candidata a presidir la Mesa del Congreso, la diputada Cuca Gamarra. Una división que los de Santiago Abascal escenificaron en todas y cada una de las votaciones que se llevaron a cabo en el hemiciclo, trasladando sus 33 votos a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro. 

Según fuentes de Vox, el pacto con los populares cayó a falta de una hora para la votación, después de que Junts confirmase un "principio de acuerdo" con el PSOE para investir a Francina Armengol. Tras una llamada de Génova a los de Abascal, quedó claro que el PP no ayudaría a Vox a conseguir un puesto en la Mesa, dado que el apoyo de este último ya no serviría para aupar a Cuca a la dirección de la Cámara Baja.

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Con una minoría en la Mesa del Congreso y tras la ruptura escenificada por Vox, a Alberto Núñez Feijóo se le puede complicar el camino hacia la investidura: el jueves solo pudo aunar 139 votos, los suyos más los de Coalición Canaria y UPN, unos resultados que podrían ser un obstáculo para solicitar la investidura al jefe de Estado. 

Para más inri, el propio Santiago Abascal dejó en el aire tras la sesión parlamentaria el apoyo de Vox a una hipotética investidura de Feijóo. Se limitó a señalar que hablaría con el PP "para entender" si el partido de Feijóo está dispuesto a impedir "un Gobierno de destrucción nacional".

Visiblemente indignado por la ruptura de un acuerdo que ha dejado a su partido fuera de la Mesa, Abascal reivindicó que "la división" no la causó Vox y dejó patente la "perplejidad" de la formación. "Nos sorprende que otros sean incapaces de mostrar generosidad", remató Abascal.

Sin embargo, el PP mantiene que la situación es hoy "igual" a la de antes de la constitución de las Cortes. Según revelan fuentes populares a 20minutos, la retirada del apoyo a Cuca Gamarra "cuando esta ya no podía ganar" -tras confirmarse el acuerdo entre PSOE y Junts- es algo inocuo. La lectura que le dan en Génova a la jornada es más bien positiva: "Hemos ganado un voto de Coalición Canaria y Vox no ha retirado su apoyo a la investidura", afirman.

Ahora la pelota queda sobre el tejado de Armengol, que deberá acudir este viernes al Palacio de la Zarzuela para informar al rey de la composición del Congreso. En unos días -aún está por determinarse cuándo-, Felipe VI dará comienzo a la ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios, que se conformarán el 22 de agosto. Tras hablar con los grupos del Congreso, el jefe de Estado propondrá un candidato y Armengol convocará la sesión de investidura. Si esta fracasa, la Constitución fija un plazo de dos meses para investir un nuevo presidente, estableciendo en caso contrario la disolución de las Cortes y una nueva convocatoria electoral.