Un año y medio después de que lo solicitara, la Intervención de la Generalitat ha entregado al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el informe sobre las ayudas públicas recibidas de la Administración autonómica valenciana por Francis Puig, hermano del president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, y sus socios. El documento, que ha llegado en pleno relevo en el Gobierno valenciano, concluye que estas empresas de comunicación percibieron de forma indebida 67.504 euros, es decir, aproximadamente un 10% del total de las subvenciones recibidas. Esta cifra, sin embargo, queda lejos de los 100.000 euros contemplados en el delito de fraude de subvenciones incluido en el artículo 308 del Código Penal.

Los especialistas de la Intervención de la Generalitat indican en su informe que en este análisis no se ha valorado si los gastos argumentados por las empresas de Francis Puig son o no reales, porque carecen de medios para hacerlo, ni tampoco si esas cantidades pudieron ser duplicadas en otras subvenciones procedentes de otras comunidades. Por ello, en ese informe la Intervención indica si los referidos gastos empresariales pudieron o no ser subvencionados, y en este sentido cuestiona la inclusión de facturas de combustible o pagos de alquileres fuera de plazo, entre otros. El juzgado ha solicitado otro informe a la Intervención de la Generalitat de Cataluña.

Esta investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del jefe del Consell desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón. En concreto, están bajo el foco las subvenciones para el fomento del valenciano y del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.

El juez que investiga el entramado empresarial ligado a Francis Puig y a sus socios, los Adell Bover, pidió el pasado mes de marzo a la Generalitat Valenciana y al gobierno catalán que realizaran y entregaran los informes de auditoría solicitados sobre las subvenciones y, ante la "demora" que estaba sufriendo la instrucción del caso, reiteró la "máxima urgencia y celeridad" en su cumplimiento. Un mes después, la Audiencia de Valencia estimó los recursos de los investigados y ordenó al juez poner fin a la instrucción del caso. Eso sí, a la espera del citado informe de la Intervención.

El PP estima en 1,2 millones de euros la cantidad total salida de las arcas públicas valencianas en concepto de ayudas, sobre todo al fomento del valenciano, a las empresas investigadas "justificadas ilegalmente", que ascienden hasta los 2 millones si se suman las de Aragón y Cataluña. Según el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, habría hasta cuatro tipos de irregularidades, que son las que detectó en la justificación de gastos de las ayudas. Estas van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería a otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado. La Benemérita también apuntó a la posible elaboración de facturas duplicadas.