Unificar, en general, el sistema educativo en todo el país. Es una de las promesas electorales del Partido Popular en materia educativa, entre las cuales destacan dos demandas clásicas de los de Génova: impulsar una selectividad única y común entre comunidades autónomas y reformar la última ley educativa para instaurar un modelo basado en "el mérito y el esfuerzo". 

En total, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo plantea 14 propuestas educativas en su programa para las elecciones del próximo 23 de julio que ha hecho público este martes. El fin último, según el documento, es ofrecer "un marco de estabilidad por encima de debates ideológicos". "El mérito y el esfuerzo de los alumnos y el prestigio de la figura del profesor guiarán nuestro modelo educativo", reza el PP. 

En esa línea, los populares prometen reformar la última ley educativa impulsada por el actual Gobierno, la LOMLOE (también conocida como ley Celáa), desde "el consenso, la evidencia científica y el diálogo" que refuerce "el prestigio de la actividad docente", reduzca la burocracia e impulse el "humanismo". Plantean también una modificación de los contenidos curriculares asegurar un "contenido común" para todos los alumnos "con independencia de donde estudien" y dando prioridad a las asignaturas STEM.

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Una EBAU única y un programa de tutorías

Con ese mismo afán de uniformizar los contenidos educativos, el PP promete que, de llegar a la Moncloa, implantará una prueba de acceso a la universidad (EBAU) común para todo el territorio nacional. Tanto las condiciones básicas del examen como su evaluación, según detallan, deberán ser fijadas por el Gobierno, previa consulta a las autonomías y a los órganos de representación de las universidades, "con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades".

Por tanto, de ganar el PP las próximas elecciones generales, la reforma de la selectividad en la que venía trabajando el actual Gobierno de la coalición no vería la luz. El Ministerio de Educación había impulsado una reforma de la EBAU que preveía implantar de forma progresiva, por fases, de 2024 a 2028. Pero, ante la convocatoria de elecciones anticipadas, el departamento dirigido por Pilar Alegría optó por pausar su tramitación y relegársela a los que salgan elegidos en la próxima legislatura. 

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Para superar la pérdida de aprendizaje de muchos alumnos como consecuencia de la pandemia, los de Génova plantean también impulsar un programa de tutorías extraordinario. En Primaria, sugieren poner en marcha una serie de evaluaciones sin efecto académico "a fin de adaptar el Programa a las necesidades de cada alumno. Ya en los ciclos superiores, sugieren definir "estándares nacionales de evaluación" en el final de cada etapa, "que incentiven a alumnos, profesores y familias a realizar un esfuerzo y desarrollar las acciones necesarias". 

Prometen igualmente diversificar la oferta en los últimos cursos de la ESO para reducir las tasas de abandono escolar temprano, y "defender la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación", ya sean públicos, concertados u ordinarios o de Educación Especial. 

Actualmente, la disposición adicional cuarta de la LOMLOE deja en manos de las administraciones educativas el deber de velar por que las decisiones de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se matriculen en el centro que les ofrezca "la respuesta más adecuada". Fija, además, un plazo de 10 años para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Un punto que ha sido muy criticado por parte de las familias de alumnos con algún tipo de discapacidad, que han visto en estas medidas un ataque a su capacidad de decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos: si en un colegio ordinario o en un centro de Educación Especial.