La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no comparecerá en el Parlamento andaluz para participar en la tramitación de la proposición de ley que promueven el PP y Vox sobre Doñana, que prevé ampliar la superficie susceptible de tener derechos de riego. Según ha indicado por redes sociales, no acudirá a la comisión por la que a partir pasarán agentes sociales entre los que estos dos partidos han vetado a técnicos y científicos que trabajan en el Parque Nacional, al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, que han sido muy críticos con el proyecto legislativo.

"Los ministros no comparecemos en parlamentos autonómicos", ha dicho Ribera en redes sociales. Tras agradecer "la invitación del PP y Vox", ha indicado que lo que le "preocupa" y lo que cree que "hay que hacer para defender a los andaluces, las fresas españolas y Doñana" ya es conocido, de modo que ha optado por ceder sus 10 minutos en esa comisión a Delibes o Revilla, que no irán porque el PP y Vox votaron en contra de la solicitud de sus comparecencias que hicieron PSOE y el resto de la izquierda.

Como todo lo que rodea al plan de regadíos en Doñana, la polémica volvió a saltar este miércoles en el Parlamento andaluz, donde se retomó la tramitación de una proposición de ley que la Junta había paralizado hasta que pasaran las elecciones del 28 de mayo y que el Gobierno central insiste en que debe ser retirada definitivamente.

Sin los científicos de Doñana

Para ello, los grupos votaron la lista de comparecientes que una sesión el 13 de julio dispondrán de 10 minutos para exponer su punto de vista sobre la futura ley, para que los legisladores andaluces las tengan en cuenta en el procedimiento.

El nombre de Ribera estaba en la lista de PP y Vox,  que por el contrario aplicaron su mayoría -ya solo la de los populares es absoluta en la Cámara andaluza- para rechazar las peticiones que hicieron el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía para que comparecieran el presidente del Consejo de Participación de Doñana -del que forman parte todas los organismos e instituciones con competencias en la gestión del parque-, el director de la Estación Biológica y también un representante de la Unesco, que también ha criticado el plan de regadíos.

Según se acordó habrá 23 comparecencias, 19 de las cuales a propuesta del PP en la que fuentes del Gobierno central critican la ausencia de científicos, expertos en biodiversidad y ecologistas, aunque sí se ha llamado a WWW España, como también a políticos, regantes y productores.

Dentro de este grupo se ha citado a los alcaldes de las localidades de la Corona Norte de Doñana, el área afectada por el plan de regadíos y donde el PP tuvo buenos resultados el 28M en detrimento del PSOE -Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer-. También acudirán representantes de la Asociación de Regantes de Huelva, de los productores de Freshuelva, de WWF España y de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. También, las organizaciones agrarias UPA y Asaja, el sindicato UGT, un funcionario de la Junta de Andalucía, un agricultor, un funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la jefa de la oficina de Ordenación del Territorio de Huelva de la Junta, Ana Walerta. 

Los cuatro comparecientes que no formaban parte de la lista original del PP son un representante de CCOO, de la organización agraria COAG, de la Federación de Cooperativas Alimentarias de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio.

Bruselas vigila

La proposición de ley sobre el plan de regadíos en Doñana que retomará de esta forma el Parlamento andaluz no solo es rechazada por el Gobierno central. La Comisión Europea ha dejado en varias ocasiones clara su oposición a una ley que incumple la sentencia por la que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en 2021 por el mal estado del Parque Nacional y que podría imponer una multa a España si la ley finalmente se aprueba.

Antes del 28-M, el Gobierno denunció ante Bruselas los planes del gobierno de Juanma Moreno y también la Junta buscó convencer a la Comisión, incluso comprometiéndose a enmendar la proposición de ley. De momento, la Comisión no ha vuelto a pronunciarse durante el impass electoral, en el que Moreno paralizó la tramitación y el propósito, a ojos de Madrid, de no perjudicar al PP imponiendo una sanción económica antes de los comicios. Ahora, el Gobierno central cree que Bruselas esperará a ver qué aprueba finalmente el Parlamento andaluz para tomar una decisión sobre la multa.

Por otra parte, cuando en abril el Parlamento andaluz volvió a iniciar tramitar la tramitación de la futura ley -que se presentó por primera vez antes de las elecciones andaluzas de 2021 y decayó con ellas-, Ribera advirtió de que el Gobierno la recurriría ante el Tribunal Constitucional. Esto podría ocurrir si el PSOE gana las elecciones de 23J y sigue en el Gobierno y será mucho más incierto si hay un cambio en Moncloa.