La inclusión de 44 condenados por terrorismo de ETA en las listas electorales de EH Bildu para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo tendrá una vertiente judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si abrir una investigación para determinar si esas candidaturas son válidas y si, por lo tanto, esos nombres, algunos con delitos de sangre, pueden ser apartados de las listas a ayuntamientos del País Vasco y Navarra. El reproche político por este movimiento de los abertzales ha sido inmediato en las filas de partidos como el PP, Ciudadanos o PNV, pero más allá de eso, parece técnicamente difícil encontrar un resquicio legal que permita actuar contra esas candidaturas.

El momento histórico, la desaparición de la banda terrorista ETA y la extinción de las condenas no juegan a favor de una posible resolución judicial que permita apartar a los 44 candidatos de Bildu. Así al menos lo cree la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara, quien destaca las "dificultades técnicas" para suspender ciertas listas.

De momento, la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional pidiendo que examine las listas de Bildu. En concreto, la inclusión de esos 44 condenados por pertenencia o colaboración con la banda terrorista. Algunos incluso por asesinatos. Lo que reclama la organización de víctimas es saber si esos candidatos han cumplido ya la pena de inhabilitación que llevó aparejada su condena por terrorismo y que, en caso contrario, sean anuladas sus candidaturas.

Los nombres de condenados por terrorismo en las listas de Bildu fueron sacados a la luz por la asociación de víctimas Covite y siete de ellos fueron condenados por asesinato y "concurren a las elecciones en los municipios en los que cometieron" sus crímenes y viven sus víctimas, "con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo", explica Dignidad y Justicia en su denuncia, recogida por Europa Press.

La vía que contempla la denuncia de Portero para intentar apartar a esos condenados de las listas es saber si todos han cumplido ya la pena de inhabilitación. En una condena como la de los candidatos de Bildu se suele imponer la inhabilitación absoluta, lo que incluye la prohibición de ejercer cargo público, durante el tiempo que dure la pena. Y Dignidad y Justicia quiere saber si ha habido algún "fallo" por parte de la Administración en la ejecución de las sentencias de los 44 etarras que lleva Bildu en sus listas. Algo que, según apunta, ya ha ocurrido anteriormente en algún caso como el del propio líder del partido, Arnaldo Otegi.

El problema en este caso, según fuentes de la AVT consultadas por este periódico, es que los candidatos ya habrían cumplido sus respectivas sentencias, por lo que no habría, a priori, posibilidad de actuar en este sentido. Los que tuvieron sentencias más largas, además, fueron condenados a principios de los años noventa, de modo que ya se habría ejecutado la sentencia. De todas formas, es lo que tiene que confirmar la Fiscalía, que se pronunciará en los próximos días.

¿Y la ley de partidos?

En cuanto a la posibilidad de actuar por la ley de partidos, aprobada en 2002 por amplia mayoría del Congreso y con el respaldo de PP y PSOE, Ladrón de Guevara y fuentes fiscales consultadas por este periódico coinciden en ver difícil esta vía. 

La norma fue impulsada para acabar con la estructura política vinculada a ETA y fue lo que llevó a la ilegalización de Herri Batasuna. El artículo 9 de la citada ley establece como uno de los motivos para la ilegalización de un partido político que este incluya "en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

La cuestión, dicen las fuentes consultadas, es que la ley está pensada para ilegalizar partidos que se complementen o apoyen a una organización terrorista, pero ETA se disolvió en 2018, por lo que ven complicado que se pueda aplicar si no existe un grupo terrorista en activo.

A la pregunta de si la inclusión de los 44 condenados en sus listas sería un motivo para ilegalizar Bildu, Ladrón de Guevara recuerda que el artículo 11 de la ley, que establece el procedimiento de ilegalización, determina que sólo el Gobierno o la Fiscalía pueden iniciar ese proceso. El Congreso o el Senado pueden instar a ello, pero es de nuevo el Ejecutivo el que tiene la iniciativa. En el caso del actual Gobierno, la abogada lo ve completamente descartado, pues Bildu es uno de sus "socios preferentes", según denunció en declaraciones a la Cadena Cope.