Ante la situación de sequía, con una demanda muy superior a la disponibilidad de agua y un panorama poco alentador para el sector  primario, la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) se ha reunido hoy para transmitir su preocupación por el «mercadeo» de un bien tan necesario, y ha instado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, a que asuma la intermediación en la cesión de derechos con criterios sociales y ambientales y «no solo económicos». 

Del mismo modo, también ha exigido una serie de medidas urgentes para evitar el cierre al que se ven abocadas numerosas explotaciones, en el marco de una serie de propuestas a corto, medio y largo plazo.  

La Mesa, que ha alertado sobre los efectos del cambio climático y la sequía en las explotaciones agroganaderas, está integrada por UGT Andalucía, CCOO-A, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA. 

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Ante esta situación, la Mesa Social del Agua se ha mostrado en contra de la cesión de derechos de riego que van destinados al arroz y que gestionará una empresa privada. En este sentido, ha detallado que en la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego de este cereal. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 metros cúbicos por hectárea. 

En la implementación de este proceso de cesión, explicaron, una entidad privada pretende asumir una función de  intermediación «con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes». Si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula esta posibilidad, la Mesa considera que, en una situación tan grave de sequía, «no se puede mercadear con un bien público como es el agua» y ha instado a la CHG a frenar dicho proceso para que sea una entidad pública la que los gestione.  

Medidas urgentes

Por otro lado, la MSA ha solicitado a las administraciones competentes ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre, posibilitándoles el suministro de agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas. En referencia a la agricultura de regadío, exigió un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Igualmente, consideran urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socioeconómicas de cada una. Como medidas a largo plazo, ha instado a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura.