El Gobierno quiere mandar un mensaje de apuesta por la vivienda pública de alquiler en un momento clave de la negociación con la mayoría de la investidura para aprobar la ley de vivienda, que hace semanas era "inminente" pero que ya acumula 14 meses varada en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros ha aumentado un 70% el presupuesto para este año de la Entidad Pública Estatal de Suelos (SEPES), el "brazo ejecutor" de la vivienda pública del Ejecutivo que prevé superar las 30.000 viviendas públicas para alquiler asequible en una década.

"Incrementamos el aumento de gasto para medidas que sirven para dinamizar la oferta de alquiler asequible", ha presumido Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En la rueda de prensa celebrada en Moncloa tras la reunión del gabinete, ha asegurado que "disponer de una vivienda es una de las principales reivindicaciones" de los jóvenes, y por eso el Ejecutivo está "trabajando para hacer llegar viviendas públicas a donde el mercado no llega".

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El acuerdo del Consejo es una adenda al convenio suscrito entre Transportes y SEPES en noviembre y supone una ampliación de crédito de 260 millones de euros. Esta cantidad se suma a los más de 360 millones de euros ya transferidos a la entidad pública de suelo entre 2018 y 2022 y permitirá alcanzar este año un total de 621,6 millones de euros. Desde el Ministerio aclaran, eso sí, que el grueso de la subida presupuestaria se utilizará para que Transportes compre a Defensa las instalaciones en las que se desarrollará la operación Campamento, en la que el Gobierno prevé construir un mínimo de 10.700 viviendas públicas.

En la actualidad, SEPES posee apenas el 12% del ámbito en el que se llevará a cabo la operación, un porcentaje que prevé aumentar hasta el 93% cuando se ejecute la compra "en las próximas semanas". Fuentes de Transportes recuerdan que Campamento es una de las diez actuaciones residenciales que están adscritas al Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible, que prevé desarrollar más de 15.000 apartamentos. Además de esta operación en Madrid, también hay planes similares en Son Busquets, en Palma de Mallorca; cuartel de Ingenieros y de Artillería, en Valencia; Ca’n Escandell, en Ibiza; Vasallo, en Menorca; Buenavista, en Málaga; Regimiento de Artillería, en Sevilla; así como otras actuaciones en Ceuta y Melilla.

Viviendas en suelos dotacionales

La adenda aprobada este martes también trae consigo otras novedades respecto al Plan de Vivienda Asequible en Alquiler. En este sentido, se permite incorporar al convenio actuaciones para la promoción de este tipo de viviendas en zonas despobladas para "contribuir al equilibrio territorial o al reto demográfico, fomentando un asentamiento de población". "La adenda añade a su vez la posibilidad de financiar viviendas accesibles que provoquen sinergias positivas con ámbitos de actividad económica o industrial cercanos", reza la nota de prensa distribuida por el Ejecutivo.

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Asimismo, se abre la puerta a que se construyan viviendas de este plan en suelos dotacionales. Es decir, en parcelas que estén principalmente previstas para edificios administrativos, centros docentes, centros sanitarios o cementerios. La fórmula será la de la colaboración público-privada y deberá contar con el visto bueno de los ayuntamientos, en su mayoría propietarios de estos tipos de suelo.

La ley de vivienda, sin fecha

De telón de fondo, la ley de vivienda. Fue un posible aprobarla en Consejo de Ministros gracias a un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos en 2021, pero ya acumula 14 meses en el Congreso pese a que desde el Gobierno se lleva trasladando semanas la idea de que su aprobación es "inminente".

"Estoy segura de que lo conseguiremos, más allá de los últimos flecos que estamos perfilando", ha apuntado este martes Sánchez, que ha negado ponerle fecha a la aprobación de un articulado clave para la coalición de cara a las elecciones y para superar las últimas imágenes de división lanzadas por la ley del 'solo sí es sí'. 

En febrero hubo un acelerón en las negociaciones con los grupos de la mayoría de la investidura, pero las conversaciones siguen atascadas en los términos exactos del mecanismo de regulación de los alquileres.