La nueva ley de familias aprobada este martes en Consejo de Ministros es, para Unicef, una ley necesaria, pero que se queda "corta". En opinión de la organización de infancia, hay algunos puntos en los que se podría haber llegado mucho más lejos a la hora de proteger a los niños en situación de mayor vulnerabilidad, y esperan que la norma mejore ahora durante su trámite parlamentario. Pide, eso sí, un mínimo: que se implante una prestación universal de 1.200 euros por hijo al año. 

En un encuentro con los medios, el responsable de Políticas de Infancia de Unicef, Gabriel González-Bueno, ha valorado que se haya impulsado la primera ley estatal de familias en España —que reconoce tres tipos de permisos por cuidados, equipara las familias monoparentales a las numerosas y recoge una renta por crianza de 200 euros—, pero considera que en el ámbito de las prestaciones, la iniciativa podría ser "más ambiciosa". 

Ha recordado, en ese sentido, una petición "de mínimos", que Unicef viene reclamando, junto a la Plataforma de Infancia y Save the Children, desde que el Gobierno impulsó su reforma fiscal. Las ONG de infancia exigen poner en marcha una deducción fiscal reembolsable para todas las familias con niños a cargo; una medida que, según sostienen, contribuiría a que España saliera del top 3 de países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea, ya que permitiría que los hogares con menos renta accedieran a estos beneficios. Se trata, en definitiva, de impulsar una ayuda universal de 1.200 euros al año por hijo.

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Las deducciones fiscales se suelen aplicar exclusivamente a las deudas que una persona tenga con Hacienda al hacer la declaración de la renta. Pues bien, su propuesta sugiere que, en el caso de que a una familia no le toque pagar (por no tener un mínimo de ingresos anuales, por ejemplo), esa deducción fiscal se traduzca en una ayuda directa.

Para Unicef, lo ideal sería que esta prestación se destinase a todas las familias con hijos menores de edad, esto es, de 0 a 18 años. Pero reconocen que, quizás se trate de una medida muy agresiva para implantar de golpe, por lo que sugieren hacerlo de forma progresiva. Es decir, empezar concediendo esta ayuda a las familias con algún hijo de 0-3 años y, poco a poco, ir extendiéndolo a 0-6, hasta llegar a la mayoría de edad. "Queremos que por lo menos haya un compromiso aunque sea en la exposición de motivos de ampliar esta prestación de manera progresiva", ha pedido González-Bueno. 

Madres que quedan fuera de la ayuda de 200 euros

En la ley de familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales se ha incrementado la deducción fiscal que ya existía por maternidad. La norma contempla una extensión de la ayuda de 200 euros para otros tipos de madres, y no solo las trabajadoras. Así, si entra en vigor, podrán pasar a percibir esta prestación también aquellas mujeres en paro, o a las que, durante los primeros tres años de maternidad hayan estado dadas de alta durante, al menos, treinta días. 

El problema, ha subrayado González-Bueno, es que esto dejará fuera a muchas madres "en situación de inactividad". Es decir, que no estén trabajando, no reciban una prestación por desempleo o no vayan a trabajar en esos primeros tres años. 

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"Sería importante impulsar esta medida, porque, aparte de la idea de universalidad, lo que vemos también es que muchas de las mujeres inactivas tienen también bajos ingresos, y que esta deducción fiscal es incompatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV)", ha subrayado. Por ello, Unicef pide también que ambas prestaciones sean compatibles. "Cuando las ayudas son universales son más difíciles de quitar o de reducir, como se vio en la crisis de 2008", ha subrayado. 

26 semanas para las familias monoparentales

Otro asunto a mejorar, según Unicef, es el reconocimiento de un permiso de paternidad más extenso para las familias monoparentales. Para González-Bueno, la baja en los casos en los que solo haya un progenitor debería de ser de 26 semanas, y no de 16 semanas. Y es que, según el miembro de la ONG, habría que tener en cuenta que, cuando se comparte el permiso de paternidad y el de maternidad, hay siempre seis semanas en las que coinciden ambas bajas, por lo que debería tenerse en cuenta. "Ese permiso es el derecho del niño a ser cuidado", ha aseverado.

Insta también a "recalificar" el permiso de ocho semanas que contempla la norma para padres con hijos menores de ocho años. "En la ley queda de manera muy vaga y no especifica qué tipo de remuneración se hace", ha incidido González-Bueno. 

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Además, ha propuesto igualmente "reconocer los beneficios de las familias acogedoras" a niños con menos de un año. "Creemos que es vital reconocer la labor que hacen las familias de acogimiento de urgencia; familias que acogen a bebés pequeños y alomejor están cuatro o cinco meses con ellos hasta que los adoptan", ha subrayado. 

"Creemos que esta ley es un momento más importante para empezar a repensar. Se ha quedado en una ampliación muy tímida de algo que ya existía, y puede ser más ambiciosa", ha sentenciado el experto, tras recordar que, la pobreza infantil le cuesta a España entre 50.000 y 63.000 milllones de euros al año.